Dos auditorías practicadas por la Contraloría General sirvieron de base para que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Moquegua condenara a 8 años de cárcel a un ex funcionario del Gobierno Regional de Moquegua y a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años, a otros tres ex servidores por favorecer irregularmente a consorcios en obras de mejoramiento de dos hospitales de dicha región.

Caso Hospital de Moquegua

El sentenciado a prisión efectiva Jorge Zeballos Málaga fue experto independiente del Gobierno Regional de Moquegua, servidor público de dicha entidad y miembro del Comité Especial encargado de realizar el proceso de selección para la ejecución del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua”, junto al ex funcionario Luis Paredes Díaz, quien fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida.

Ambos fueron hallados autores del delito de Negociación Incompatible por infringir sus funciones al admitir la propuesta técnica del Consorcio de la Salud Moquegua que incumplía los requerimientos técnicos mínimos relacionados a calificaciones y experiencia del personal exigida en las bases. 

Además, Zeballos Málaga fue inhabilitado para ejercer la función pública por dos años y Paredes Díaz  por un año. También se fijó el pago de una reparación civil de 9 mil nuevos soles. 

El otorgamiento irregular de la buena pro ascendente a 42 millones 780 mil 748 nuevos soles, se produjo en el año 2008.

Caso Hospital de Ilo

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Moquegua también halló responsabilidad penal como autores del delito de Negociación Incompatible a Jorge Zeballos Málaga, Nilo Mariaca Carbajal y Oscar Ugarte Manchego, ex funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua, por favorecer irregularmente al Consorcio Hospitalario del Sur en la obtención de la buena pro para la ejecución del proyecto Construcción e Implementación del Hospital de Ilo, sentenciando a cada uno a 4 años de prisión suspendida.

Los ex funcionarios son responsables de conformar el Comité Especial sin la participación de un representante de la entidad usuaria y aprobar de oficio un nuevo monto del valor referencial y fuera del cronograma con el fin de favorecer la propuesta del consorcio, sin exigirle el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

En este caso, Zeballos Málaga fue inhabilitado para ejercer la función pública por dos años, mientras que Mariaca Carbajal y Ugarte Manchego no podrán laborar para el Estado por un año. Además, los tres condenados deberán pagar una reparación civil solidaria de 8 mil nuevos soles. 

El Comité Especial otorgó la buena pro al postor por la suma de 30 millones 800 mil nuevos soles en el año 2007.