Destacó, en ese sentido, la exposición de Rodman Bundy, integrante del equipo jurídico peruano, quien advirtió ante la Corte de La Haya que no sólo no existe un tratado de límites marítimos, sino tampoco mapas oficiales de Chile que consignen esa supuesta frontera.

La cartografía chilena en la que se traza la frontera, añadió, es posterior al pedido formulado por el embajador Juan Miguel Bákula, en 1986, para que se defina recién el límite. 

Kahhat refirió que tampoco existe un mapa o carta de navegación oficial de Chile que niegue la existencia del Punto Concordia como punto de frontera terrestre final, ni tampoco hay documentos oficiales de Chile que establezcan que el paralelo es el límite marítimo.

“Todo eso empieza a partir de 1989, tres años después de que Perú pidiera negociar un tratado de límites. La versión peruana está basada en ese tipo de información, de que Chile ha estado cambiando la historia para justificar retrospectivamente la existencia de un límite marítimo”, comentó en TV Perú.

Para la posición de Chile, explicó Kahhat, la Declaración de 1954 y los acuerdos de 1952 en conjunto constituyen un tratado de límites, al cual se añaden documentos bilaterales y unilaterales que refuerzan esa pretensión y los actos propios que ejerció en la zona de conflicto, los cuales fueron ratificados por el Estado peruano en más de 50 años.

Estimó que mañana, cuando Chile inicie su participación en las audiencias orales de La Haya, esa será la línea de argumentación que presente el vecino del sur.

El internacionalista también opinó que la pretensión de Bolivia de llevar a Chile a la Corte de La Haya por su reclamo de salida al mar es un asunto distinto al caso que enfrentan Perú y Chile por límites marítimos. 

Entre Bolivia y Chile, manifestó, hay un tratado de límites que ninguna de las partes desconoce, aunque Bolivia cuestiona su legitimidad, porque fue firmado bajo una ocupación militar.

Dijo, además, que por declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, se supo que Chile puso reservas a la suscripción de Bolivia al Pacto de Bogotá que establece la competencia de la Corte de La Haya, lo cual, a diferencia de la demanda con Perú, no obliga a Chile a someterse a la corte si Bolivia cumple con presentar su demanda.