jueves, 14 de mayo de 2015

APRUEBAN PEDIDO DE CORTE SUPREMA QUE INHABILITARÍA A CONGRESISTA

15:37 | Publicado por Producciones Moquegua Noticias 2013 | |
Situación de Yovera será determinada por el Pleno

La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría el informe de opinión consultiva por el cual se propone que el Congreso acate y dé cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, que condena al congresista Alejandro Yovera Flores (AP-FA) a pena privativa de la libertad por dos años para ejercer un cargo público, lo que significaría su desafuero como parlamentario.

La sentencia fue dictada en noviembre de 2014 por la Corte Superior de Justicia de Huánuco contra el legislador por haber falseado los datos en su hoja de vida, y se encuentra consentida y ejecutoriada en la instancia judicial.
La decisión fue tomada con siete votos a favor, seis en contra y una abstención en sesión celebrada el martes 12 por ese grupo legislativo, que preside Cristóbal Llatas Altamirano (NGP), al cabo de un debate en el que se esgrimió que en este caso se debía cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política, en sus artículos 138º y 139º.
En el mismo sentido, Javier Velásquez (CP) y Javier Bedoya (PPC-APP) recordaron que en este caso solo cabía cumplir con los preceptos constitucionales, según los cuales ninguna autoridad “puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. También recordaron que en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben elegir la primera.
Fue en respuesta a los argumentos esgrimidos por el legislador Heriberto Benítez (NoA), quien momentos antes había argumentado que no se podía aplicar la sentencia judicial contra el congresista Yovera, porque contra él no se había dictado sentencia de prisión efectiva, como la exige el artículo 25º del Reglamento del Congreso.
También argumentó que Yovera Flores no estaba en ejercicio de función pública “cuando ocurrieron los hechos” (al presentar una falsa hoja de vida) y ya había cumplido con cancelar la reparación civil y observado buena conducta, como lo exigía la prisión suspendida de la sentencia.

Por su parte, el propio acusado argumentó en su defensa que el informe de opinión consultiva no debía ser aprobado en la fecha en tanto el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no se pronunciaran respecto a dos recursos presentados ante esas instancias.

Precisamente, al inicio del debate, Martha Chávez (FP) propuso no tomar en cuenta esos dos recursos presentados por Yovera -uno de revisión de su caso ante la Corte Suprema de Justicia, y otro de agravio constitucional (hábeas corpus) en el Tribunal Constitucional- con los cuales, dijo, el cuestionado legislador había logrado retardar seis meses el cumplimiento de la sentencia y continuar ejerciendo su labor parlamentaria “sin tener derecho a ello”.

Puesto al voto, la opinión consultiva elaborada por la asesoría técnica fue aprobada con el voto a favor de los congresistas Bedoya de Vivanco, Velásquez Quesquén; Chávez Cossío, Luz Salgado, Aldo Bardález, Alejandro Aguinaga y Ramón Kobashigawa (FP).
En contra del informe votaron el titular de la comisión, José León (PP), Marco Falconí (UR), Víctor García Belaunde (AP-FA), Justiniano Apaza (DyD) y Omar Chehade (NGP). Se abstuvo Vicente Zeballos (SN).
AllanamientoEn la misma sesión, el grupo legislativo aprobó por mayoría el dictamen de allanamiento a tres observaciones hechas por el Presidente de la República a la autógrafa de la ley que propone modificar diversas leyes sobre el registro de la dirección domiciliaria, la certificación y el cierre del Padrón Electoral.
La primera observación, que no fue tomada en cuenta en el dictamen aprobado, se refería a la multa de un 0.3 % unidad impositiva tributaria (UIT) a ser aplicada a la persona cuya dirección domiciliaria, en un plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de la ley, no coincidiese con la que consta en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).
La Comisión se allanó a la segunda observación en el artículo que propone exigir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a realizar acciones permanentes de verificación domiciliaria, y administrar una plataforma de interoperabilidad con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (La autógrafa original proponía implementar, gradual y progresivamente, un sistema de georreferenciación para la verificación domiciliaria.)
Igualmente fue aceptada la tercera observación, por la cual se precisa que el RENIEC tendría competencia de realizar acciones de verificación domiciliaria, con cargo a su presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Voto preferencial
La Comisión reinició el debate del proyecto de ley que propone eliminar el voto preferencial en las elecciones parlamentarias, pero volvió a ser suspendido para recoger las nuevas sugerencias presentadas por diversos legisladores, entre ellas incluir la misma propuesta para las elecciones al Parlamento Andino, hecha por Bedoya de Vivanco.
La congresista Luz Salgado comentó que el voto preferencial había sido ‘satanizado’ por algunos sectores, pero afirmó que era necesario darle la oportunidad a los electores teniendo en cuenta que, como consecuencia de las exigentes normas aprobadas recientemente, en las próximas elecciones se contaría con candidatos idóneos y sin antecedentes judiciales y policiales.

Su compañera de bancada Martha Chávez, que inicialmente se mostró partidaria por la permanencia del voto preferencial, refirió que había cambiado de parecer a la luz de experiencias recogidas en elecciones anteriores, ya que complica el conteo de los votos, genera una suerte de ‘infraternidad’ y hasta ‘luchas fraticidas’ entre candidatos de una misma organización política.

Omar Chehade solicitó a la presidencia de la Comisión que oficiara a la Junta de Portavoces para que se incluya en la presente legislatura el debate y votación por el Pleno del proyecto de ley que plantea establecer el distrito electoral de peruanos en el exterior, a fin de tenerlo en cuenta en el proyecto en debate.

Javier Velásquez advirtió que el voto preferencial había sido instituido a falta de un ‘sistema sólido de partidos políticos’, con líderes calificados y bases bien establecidas, que garanticen elecciones internas democráticas para la selección de candidatos.
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