Rafael Romero
La alcaldesa izquierdista Susana Villarán ha cometido un grueso error al firmar la Resolución de Alcaldía N° 111, norma que deja expedito el camino para despilfarrar en su imagen personal la friolera de S/. 12’735,000. Asimismo es un monumental yerro entregar a dedo este monto a los medios de prensa, radio y televisión que mejor le place a ella o a su cogollo de gerentes “caviarones” que hoy conduce y manda en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Otra de las fallas en la que ha incurrido la gestión Villarán es la de considerar criterios obsoletos y mecanismos montesinistas para la contratación de publicidad, como el llamado rating de la fantasmal empresa Ibope, vale decir aceptando un andamiaje perverso constituido por normas administrativas supuestamente técnicas, y de menor rango constitucional o legal, aplicados antidemocráticamente a la medición de lectoría, sintonía radial y televisiva, con el fin de manipular a los consumidores de los medios de comunicación. Mientras tanto el puente “Bella Unión”, sobre el río Rímac, en la avenida Universitaria, se posterga otra vez más y duerme el sueño de los justos.

Adicionalmente, esta semana ha quedado demostrado en el programa “Habla el Pueblo”, a través de sendas entrevistas a los regidores Jaime Salinas, Alfredo Lozada y Jorge Villena, el desembozado oportunismo de la burgomaestre Villarán en medio de este escandaloso festín publicitario.
De modo que queda en evidencia el verdadero cariz de una gestión autodenominada “socialista”, que tomó como bandera hablar de los pobres pero que en la práctica no los defiende sino que utiliza el dinero de todos los limeños para aprobar un paquete de marketing hasta febrero del 2014, olvidando que en noviembre tenemos elecciones municipales, tiempo en el cual está restringido el alegre dispendio de publicidad estatal, en este caso el proveniente de la comuna capitalina.

Pero quiénes más son los responsables del uso de fondos públicos para beneficiar a la alcaldesa. Son los funcionarios ediles José Miguel Castro Gutiérrez (gerente general municipal); Lenny Merino Jiménez (gerente de comunicación social y relaciones públicas.); Álvaro Anicama González (gerente de fiscalización y control); Carlos Ramón Noda Yamada (gerente de asuntos jurídicos); Martín Sanabria Zambrano (gerente de finanzas); y Francisco Carbajal Zavaleta (gerente de planificación). Estos servidores públicos solo sirven a los cálculos electorales y reeleccionistas de Villarán, y olvidan cuidar el dinero de todos los contribuyentes de la gran Lima. Señor contralor de la República, usted tiene la palabra.