RAFAEL ROMERO

El caso que va a conocer, si hasta hoy no sabía nada de él, se refiere a una acción de amparo en nuestro país que ya dura doce años y medio. Así como lo lee, un amparo de más de una década reavivado desde las sombras por un poderoso grupo extranjero (mexicano) que viene bancando a la familia Mendoza, de Arequipa. Este asunto ya desbordó toda esfera privada y se convierte en un affaire que merece la atención inmediata de las autoridades no involucradas hasta ahora y de la opinión pública.

Sucede que en el año 1997, en medio de una persecución política y judicial contra el ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, aparece la familia Mendoza, vinculada estrechamente al entonces ministro Domingo Palermo, y muy interesados en que RBC Televisión (Canal 11) les alquile la señal. 

La presión era tan fuerte al punto que el padre de Ricardo, Don Augusto Belmont Bar (de 83 años), se vio compelido a aceptarlos como inquilinos al ver a su hijo perseguido, tratando de aliviar así el peso que representaba defender al fundador de Habla el Pueblo y a la vez atender los asuntos del Canal victoriano. Hoy recién se tiene clara la fotografía de ese momento.

Los inquilinos aparecieron bajo el nombre de la empresa Austral. Corrían los meses y los años hasta que al caer Fujimori y Montesimos algo pasó, y Austral comenzó a tener problemas de pago acumulándose una merced conductiva no cancelada a RBC TV que superó US$ 1’853,000, por lo que el propietario recurrió a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, tal como lo contemplaba el contrato de alquiler. Canal 11 ganó el arbitraje, cuyo fallo tiene la calidad de cosa juzgada, sin embargo los inquilinos, es decir la familia Mendoza, orquestaron desde Arequipa una acción de amparo el año 2001.

¿Y quién interpuso ese amparo? Era un tercero, de nombre Crasa, con quien RBC nunca contrató ni conocía. Lo curioso es que entre los dueños de Crasa estaban algunos miembros de la misma familia Mendoza. Ahora, como todo amparo así sea denegado en instancia judicial sigue subiendo hasta el Tribunal Constitucional, más aún cuando Lourdes Mendoza era entonces la segunda vicepresidenta de la República, el colegiado admitió el recurso. Pero, pese al poder económico y a las influencias políticas sobre el TC, los demandados (CCL, MTC y RBC televisión) cumplieron con la trilateral que dictaba la sentencia, quedando afuera las pretensiones de Austral. No obstante hoy el 10° Juzgado Civil de Arequipa demora el caso y no lo archiva. ¿A esto se le llama seguridad jurídica?