miércoles, 19 de junio de 2013
FISCAL EXHORTA A INVASORES A DESALOJAR TERRENOS
80 familias invadieron terreno privado y Poder Judicial ordena desalojo
Un total de 80 familias que en Mayo del 2010 invadieron de forma violenta un terreno privado de más de 1.77 hectáreas en el sector de Yaravico podrían ser desalojadas en los próximos días. El Fiscal de Prevención del Delito, Manuel Bernedo Danz, se apersonó hasta la asociación de vivienda Nueva Esperanza – Madre de Cristo, apostada ilegalmente en el Centro Poblado de San Antonio, para exhortar a los invasores a que desalojen dichos terrenos.
El magistrado señaló que tras la usurpación ocurrida el 8 de Mayo del 2010, la propietaria del terreno, Hayde Ofelia Cruz Quintanilla entabló un proceso penal contra los dirigentes que promovieron la invasión de sus terrenos y tras varios meses de litigio, el Poder Judicial emitió en Octubre del 2010 una primera sentencia que ordenó la reposición del terreno usurpado a la agraviada, la misma que fue confirmada por la sala penal en Mayo último.
Cabe acotar que Bernedo Danz, se apersonó esta mañana hasta dicho sector para invocar a las familias a que cumplan con lo establecido en la sentencia y procedan de manera voluntaria a desocupar los terrenos, ya que la propietaria tiene la potestad de ejecutar el desalojo de manera forzada, informó el Magistrado.
Asimismo, señaló que los dirigentes de dicha asociación tienen pleno conocimiento de la sentencia, pues el Poder Judicial sentenció a Nancy Quispe Pacuri, Félix Tintaya Málaga, Leo Dan Huacchillo Colana, Gerarda María Malcoacha Capira, Fernando López Achiri, Angeles Onque Vargas, Máxima Chura Ramos y Edgar Emilio Sardón Flores, por el delito de usurpación agravada imponiéndoles una pena suspendida de tres años.
Finalmente, el Fiscal de Prevención del Delito, señaló que espera que las más de 80 familias de la asociación Nueva Esperanza – Madre de Cristo desalojen voluntariamente los terrenos y busquen otras alternativas de vivienda ante las entidades responsables, “la necesidad de vivienda no justifica que se tenga que violar la ley y trasgredir los derechos de otras personas”
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