De manera que un verdadero precedente en la defensa de la libertad de expresión, lo constituye el Oficio N° 040-2012-DP/AAC, del pasado 29 de agosto, ya que en él se conmina a Úrsula Desilú León Chempén, secretaria general del Ministerio de Educación (Minedu), a “brindar información acerca de los motivos por los cuales no se consideró a RBC televisión en la contratación de los servicios de publicidad por la transmisión de spots televisivos, para la difusión de la Campaña Publicitaria Resultados de la Aplicación de la Evaluación Censal de Estudiantes 2011”.

Pero hay más en el oficio del defensor Castañeda, pues en el texto del mismo se adelanta un serio cuestionamiento a la Resolución Ministerial N° 187-2012-ED firmada por la ministra Salas para entregar a dedo millones de soles de todos los peruanos, resolución que incluyó al programa “Al Sexto Día”, que promueve evidentes contenidos pornográficos. Y este reproche defensorial lo advertimos cuando puntualiza lo siguiente: “En relación con la asignación equitativa de publicidad estatal, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que ‘la exclusión de los medios de comunicación pequeños, comunitarios y locales del reparto del presupuesto publicitario por el mero hecho de funcionar bajo criterios no comerciales, resulta una discriminación inaceptable bajo los parámetros de la Convención Americana’”.

Asimismo, este documento de la Defensoría del Pueblo enfatiza que “dichos medios ‘deberían ser incluidos en condiciones de igualdad en los procesos de selección y criterios de asignación en consideración de su cobertura o audiencia”. Por lo tanto, ante este panorama, debo advertir que se acerca el fin del reinado de las argollas mediáticas conformadas por malos funcionarios de los ministerios, entre otras entidades públicas, junto a élites del sector privado que creen tener el derecho a manipular el dinero de todos los peruanos en función de subalternos e individualistas intereses económicos.