Excmo. Presidente Ollanta Humala
Presidencia de la República del Perú
Lima, PERÚ

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a S.E. con el propósito de transmitirle nuestra preocupación por los incidentes en que miembros de las fuerzas de seguridad de Perú han usado fuerza letal durante operativos de control de manifestaciones públicas y recomendar una serie de medidas que consideramos que su ilustrado gobierno debería adoptar para asegurar que el accionar de la fuerza pública se ajuste a las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos asumidas por Perú.

Durante el primer año de su presidencia, 15 civiles habrían muerto tras recibir disparos efectuados aparentemente por miembros de las fuerzas de seguridad nacionales durante enfrentamientos con manifestantes. En el gobierno de su predecesor, el presidente Alan García, 165 civiles murieron durante “conflictos sociales y las subsecuentes intervenciones policiales”, según datos aportados por la Defensoría del Pueblo. Treinta oficiales de policía también perdieron la vida en estos incidentes.

Una delegación de Human Rights Watch visitó Cajamarca en julio pasado para investigar las circunstancias en las cuales miembros de las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a civiles en Celendín a comienzos del mes. Obtuvimos evidencia que sugiere de una manera convincente que el uso de la fuerza letal habría sido injustificado y constituido una violación grave de las normas internacionales de derechos humanos.

A partir de estos hallazgos y de entrevistas exhaustivas con altos funcionarios del gobierno, incluidos representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, jefes policiales de alto rango y el Defensor del Pueblo, hemos identificado algunos temas que, según creemos, deberían ser abordados en forma urgente por su ilustrado gobierno.

Uso de la fuerza letal en Celendín

El 3 de julio, durante una marcha que comenzó pacíficamente, en la cual participaban cerca de 3.000 personas, se produjo un enfrentamiento violento con policías y soldados luego de que un grupo de manifestantes irrumpieron en la sede municipal, ubicada en la plaza central de Celendín. En los choques que se produjeron a continuación entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, al menos 20 civiles habrían recibido disparos de armas de fuego, y cuatro de ellos perdieron la vida. El Ministerio del Interior informó que también dos policías y un soldado sufrieron heridas de bala.

Conforme al derecho internacional, el uso de armas de fuego contra los manifestantes únicamente habría sido admisible si quienes dispararon creían razonablemente que debían hacerlo para evitar que ellos o terceros sufrieran lesiones graves o perdieran la vida. Asimismo el uso intencional de la fuerza letal solo sería admisible si quienes dispararon creían razonablemente que ese uso era inevitable para proteger la vida.

Las pruebas que hemos recabado sugieren de una manera convincente que el uso de la fuerza letal por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en Celendín habría sido injustificado.

Si bien algunos manifestantes habrían atacado a policías con piedras, palos y proyectiles caseros, numerosos testigos subrayaron que ninguno llevaba armas de fuego ni usó la fuerza de un modo que claramente pusiera en riesgo la vida de otros.

De hecho, tres residentes dijeron a Human Rights Watch que vieron cuando soldados disparaban municiones letales directamente contra personas que no estaban armadas. Un cuarto residente indicó haber visto a civiles no armados que eran alcanzados por balaceras, pero no pudo determinar de dónde provenían los disparos.

Uno de los civiles que murió, José Antonio Sánchez Huamán, no llevaba consigo armas y se encontraba en la vía pública observando pasivamente los acontecimientos cuando dispararon contra él soldados que se encontraban a una distancia de una cuadra, según el relato de un residente de esa localidad que presenció los hechos desde su balcón en un segundo piso.

Otra víctima fatal, Paulino Eleuterio García Rojas, también murió tras recibir disparos mientras se encontraba en la calle observando los sucesos, de acuerdo con declaraciones de otro residente que presenció el disparo fatal a través de la ventana de su vivienda, pero que no pudo ver quién lo efectuó.

Con respecto a las víctimas fatales, los residentes que vieron cuando Sánchez Huamán y García Rojas eran abatidos por disparos indicaron que estos hechos se produjeron cerca de las 3:15 p.m. y las 3:00 p.m., respectivamente, lo cual coincide con la información consignada en los registros del hospital, que señala que habrían sido ingresados a las 3:50 y 3:40 p.m.

Una tercera víctima fatal, César Medina Aguilar, también ingresó en el hospital más de dos horas después del momento en que habrían recibido los disparos los dos policías y el soldado. (Human Rights Watch no pudo determinar la hora de ingreso de la cuarta víctima fatal, Faustino Silva Sánchez, quien fue llevado a otro establecimiento).

Por esta razón, lo instamos a que haga todo lo que esté a su alcance para asegurar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas sobre todas las muertes civiles durante operativos de control de manifestaciones públicas en Celendín y otros lugares en años recientes, y que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de recurrir al uso ilegítimo de la fuerza sean sancionados de forma acorde.

Equipamiento adecuado para control de manifestaciones públicas

El Estado tiene la obligación clara de asegurar que la Policía cuente con la protección y equipamiento adecuados para garantizar que desempeñen sus responsabilidades sin arriesgar sus vidas, o las vidas de otros. Conforme a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los agentes de seguridad pública deberán contar “con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo”.

Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían “dota[r] a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones” -incluidas “armas incapacitantes no letales”- que permitan una respuesta gradual y proporcionada frente a actos de violencia durante protestas y manifestaciones.

El coronel de la Policía que estaba en ese momento a cargo del departamento de Cajamarca indicó a Human Rights Watch que los oficiales de policía en Celendín se quedaron sin gases lacrimógenos poco después de que empezaron los enfrentamientos con los manifestantes.

Sin otros medios para hacer frente a un grupo grande de manifestantes, algunos de los cuales arrojaban piedras y tenían artefactos pirotécnicos de fabricación casera, los policías se retiraron de la plaza central e intentaron conseguir el apoyo de soldados del Ejército que entonces se encontraban en el coliseo de esa localidad, a pocas cuadras de distancia.

A partir de ese momento, el Ejército participó junto con la Policía en las acciones destinadas a controlar a los manifestantes y restablecer el orden público en las calles de Celendín. (Según el director ejecutivo de operaciones policiales, los refuerzos de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía llegaron recién después de que se produjeron los disparos fatales). Si los policías en Celendín hubieran contado con equipamiento adecuado, posiblemente podrían haber controlado la situación y evitado la intervención del Ejército, que dejó un saldo de varias víctimas fatales.

La cantidad insuficiente de gases lacrimógenos en Celendín es el reflejo de una inacción más generalizada de las autoridades, que no adoptan todas las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad que participan en operativos de control de manifestaciones públicas cuenten con recursos adecuados. Tanto el director de la Policía Nacional como el director de operaciones policiales comentaron a Human Rights Watch que existe una escasez crónica de recursos básicos, como escudos, cascos, equipos de protección y dispositivos para lanzar gases lacrimógenos.

Por este motivo, instamos a S.E. a adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que las fuerzas de seguridad que intervienen en el control de manifestaciones públicas cuenten con el entrenamiento y equipo adecuados para desarrollar sus responsabilidades sin recurrir al uso ilegítimo de la fuerza.

Consideramos alentadoras las recientes declaraciones del Ministro del Interior indicando que su gobierno destinaría US$10 millones a la adquisición de equipos de protección y armas no letales para la Policía. Es fundamental que la distribución de estos materiales sea monitoreada cuidadosamente para garantizar que la Policía pueda acceder a ellos cuando sea necesario y que su uso sea de acuerdo a las normas internacionales.

Normas sobre uso de la fuerza

Los sucesos de Celendín muestran también la importancia crucial de que la Policía cuente con normas claras que pueda tener en cuenta al determinar el nivel adecuado de uso de la fuerza cuando sus miembros responden a amenazas de violencia durante protestas y manifestaciones públicas.

Las directrices existentes -adoptadas por el Ministerio del Interior a través de un Manual de Derechos Humanos elaborado en 2006 y una directiva viceministerial de 2009- exigen que los policías respeten las normas internacionales sobre uso de la fuerza, incluido el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Sin embargo, lamentablemente pareciera que los policías no reciben entrenamiento adecuado sobre cómo aplicar estas normas. Según la Defensoría del Pueblo, la capacitación policial actualmente solo hace un abordaje tangencial de los procedimientos de control de manifestaciones públicas durante conflictos sociales, y la falta de equipo con propósito de instrucción atenta contra la efectividad del entrenamiento.

Intervención militar en operativos de control de manifestaciones públicas

La última preocupación que surge de los eventos en Celendín es la intervención de militares en operativos de control de manifestaciones públicas. Los militares solo deben involucrarse en este tipo de actividades policiales como último recurso, en circunstancias excepcionales, y de conformidad con lo dispuesto en el derecho peruano. Asimismo, cuando el personal militar deba realizar actividades policiales resulta clave que estos soldados cumplan las mismas normas sobre uso de la fuerza que se aplican a la Policía y que deban rendir cuentas por sus actos si cometen abusos frente a tribunales civiles.

Actualmente, la intervención de las fuerzas armadas en operativos de seguridad pública se encuentra regulada por el Decreto Legislativo 1095, dictado por el Presidente Alan García en 2010. Este decreto contiene una disposición muy problemática (el artículo 27) el cual dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas, en aplicación del presente Decreto Legislativo o en ejercicio de su función” son de jurisdicción del fuero militar. Al establecer que todas las “conductas ilícitas” por parte del personal militar estarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales militares, el decreto podría impedir que la justicia penal ordinaria intervenga en casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles por militares.

Los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos que suponen abusos contra civiles, y han señalado que la jurisdicción de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar. En un caso contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la jurisdicción militar debería tener un “alcance restrictivo y excepcional”. Un alcance “restrictivo” en cuanto a la jurisdicción requiere que el personal militar sea juzgado por tribunales militares únicamente cuando se les imputen delitos o faltas “que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
Washington, DC, EEUU