En declaraciones a la Agencia Andina, Aldazábal comprometió al gobierno regional de Madre de Dios a colaborar plenamente con este alto funcionario en erradicar las prácticas ilegales en esa zona del país.

“Por nuestro lado, tendrá todo el apoyo del gobierno regional porque es parte de nuestra política acabar con los mineros que afectan el medio ambiente”, manifestó.

Estimó en alrededor de 70,000 el número de mineros que ejercen la minería ilegal en Madre de Dios y los instó a formalizarse para que eviten en el futuro ser pasibles de las sanciones que el Ministerio Público y la Policía Nacional coordinan para su erradicación.

Recordó que el gobierno regional sólo brinda el apoyo técnico a los operativos que realiza el Ministerio Público y la Policía en las zonas no autorizadas para practicar la minería.

Informó que, en coordinación con la oficina de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el gobierno regional ha instalado una oficina en el complejo policial de Las Palmeras, en la provincia de Inambari, para trabajar de manera coordinada con la Policía, el Ministerio Público y la Sunat.

“Si el Gobierno nos da el presupuesto necesario, que no es mucho, podemos potenciar este complejo y desde aquí controlar todo lo que es el combustible, principal insumo para la minería ilegal”, señaló.

Sostuvo que a partir de esta acción de control del combustible, la minería ilegal se reducirá en un 80 por ciento en los próximos meses.

“Eso nos permitiría hacer un buen control de la minería en zonas no autorizadas, sin derramamiento de sangre y sin necesidad de enfrentamientos con la fuerza pública”, aseveró.

Cuestionó la ley que incluye a la minería ilegal en los delitos de lavado de activos, porque se cometería un abuso contra los mineros artesanales que debe ser enfrentado con medidas de carácter social y no represivo.

Reveló que en la actualidad la minería ilegal extrae más de 400 toneladas de oro en toda la región Madre de Dios, principalmente en la reserva de Tambopata.