viernes, 4 de enero de 2013
Congreso oficializa creación de Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
Lima, ene. 04 (ANDINA).
El Congreso de la República oficializó hoy la ley que crea la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción para articular esfuerzos, coordinar
acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a
prevenir y combatir la corrupción en el país.
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción fue oficializada gracias al Parlamento nacional ANDINA/Norman Córdova.
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Mediante Ley 29976,
se establece que la Comisión puede proponer al Poder Ejecutivo
políticas para la prevención y lucha contra la corrupción de manera
intersectorial e intergubernamental, además de fomentar y propiciar una
cultura de valores en la sociedad peruana.
Además, coordinará con las entidades para el cumplimiento de las normas de
transparencia y ética, y promoverá la articulación de esfuerzos de las
entidades responsables de la investigación y sanción de actos de
corrupción.
El dispositivo señala, por otro lado, que la presidencia de la
Comisión es elegida entre sus miembros y tiene carácter rotatorio cada
dos años, y el titular solo puede provenir de las entidades públicas.
Del mismo modo, la ley precisa que habrá un coordinador general que
se encargará, entre otras funciones, a ejecutar los acuerdos adoptados
por la Comisión de Alto Nivel, elaborar el informe anual sobre el
cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, etc.
Asimismo, la norma legal obliga a las entidades del sector público a remitir la información que solicite la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, establece que los gobiernos regionales y locales deben implementar comisiones regionales y locales anticorrupción, cuya conformación será materia de seguimiento por la Comisión, en coordinación con los gobiernos regionales y locales.
De acuerdo al dispositivo, la Comisión se encuentra conformada por el presidente de la República, y los titulares del Poder Judicial, Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y Fiscalía de la Nación.
También la integran los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, el secretario ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional, y el coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
En calidad de observadores participan la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la Asamblea Nacional de Rectores, y el Consejo Nacional para la Ética Pública.
También tendrán participación la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas las centrales sindicales de trabajadores, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, así como el Consejo de la Prensa Peruana.
Asimismo, la norma legal obliga a las entidades del sector público a remitir la información que solicite la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, establece que los gobiernos regionales y locales deben implementar comisiones regionales y locales anticorrupción, cuya conformación será materia de seguimiento por la Comisión, en coordinación con los gobiernos regionales y locales.
De acuerdo al dispositivo, la Comisión se encuentra conformada por el presidente de la República, y los titulares del Poder Judicial, Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y Fiscalía de la Nación.
También la integran los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, el secretario ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional, y el coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
En calidad de observadores participan la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la Asamblea Nacional de Rectores, y el Consejo Nacional para la Ética Pública.
También tendrán participación la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas las centrales sindicales de trabajadores, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, así como el Consejo de la Prensa Peruana.
El pleno de la Comisión podrá incorporar a personas naturales,
jurídicas, públicas o privadas vinculadas a la lucha contra la
corrupción, para que participen con voz pero sin voto en las sesiones.
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