El D.S. N° 138-2012-EF, publicado el pasado 7 de agosto en el diario El Peruano, modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispositivo jurídico fundamental para la adquisición de bienes y servicios a nombre de la administración pública; adquisiciones obviamente financiadas con el dinero de todos los contribuyentes. Pero ahora este decreto precisa en su Artículo 4 que “las normas sobre contrataciones del Estado son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación”.

A renglón seguido, este artículo establece que “corresponde al OSCE emitir directivas, lineamientos, manuales, instructivos, formatos y comunicados respecto a la aplicación de la ley y su Reglamento (sobre contrataciones del Estado)”. Además enfatiza que “es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior”. Queda en claro entonces quiénes son hoy los responsables del reordenamiento normativo de la publicidad estatal –el MEF y el OSCE−, sobre todo para corregir de inmediato esa herencia montesinista que determinó una suerte de subvención estatal en beneficio de cuatro grupos mediáticos que han recibido desde los años noventa a la fecha millones de dólares en avisaje oficial.

En materia de televisión todos sabemos cuál ha sido el medio más discriminado: se trata de RBC Televisión, excluido de la publicidad estatal como consecuencia de los arreglos bajo la mesa que se hicieron desde el antiguo Consucode (hoy OSCE), en connivencia con malos funcionarios de las áreas de prensa, imagen y comunicaciones de ministerios y municipalidades, entre otros organismos públicos, para establecer un requisito inconstitucional como el de que cada canal de TV debe pasar previamente por el examen de Ibope antes de contratar con el Estado. Esta normativa tiene que ser corregida de inmediato al amparo del D.S. N° 138-2012-EF.

Esa discriminación contra un medio como Canal 11 es perversa, pero gracias a una encuestadora como IMA Opinión y Mercado se ha puesto en evidencia ante el público que se trata de un caso irregular. Basta consultar el portal de esta empresa dirigida por un profesional de reconocida solvencia moral, como es el Lic. Aquiles Pérez, (ver: www.ima.pe/el-observatorio-ima/50-sondeo-ima-lima-y-callao-julio-agosto-...), para conocer que el 74.4% de ciudadanos encuestados encuentra algún tipo de falta en la forma cómo se destinan 700 millones de soles al año de publicidad estatal en función del cuestionado rating de Ibope.