Los conflictos sociales alentados por grupos violentistas han puesto en peligro la continuidad de operaciones y proyectos mineros que implican una inversión de 9,641millones de dólares en la región Cajamarca, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, denunció que varias empresas mineras que trabajan en el país vienen siendo objeto de chantaje y extorsión por parte de grupos antimineros. Manifestó que los opositores a la minería formal y responsable han creado un mito en torno al uso del agua por parte de la minería, actividad productiva que apenas utiliza el 2% del agua disponible en el territorio nacional. Asimismo, alertó de la existencia de una “portátil antiminera” que se moviliza por todo el país con el propósito de boicotear y paralizar operaciones y proyectos mineros. “Los ‘promotores’ de la violencia que paralizó los proyectos Tía María, Santa Ana y Quellaveco, así como la ampliación de la planta Concentradora de Southern en Toquepala, son los mismos que ahora están en Cajamarca con el objetivo de frustrar el proyecto Conga y las actividades productivas de la empresa minera Yanacocha”, afirmó Martínez. El presidente del gremio mineroenergético dijo que el Estado peruano no puede ni debe permitir que grupos violentistas paralicen el proyecto minero Conga, que significa la inversión privada más importante de la historia del Perú, pues se estima que superará los 4,800 millones de dólares. Esta obra en su fase de construcción -precisó Martínez- permitirá la generación de 6,800 nuevos puestos de trabajo y el Estado peruano percibirá más de 2,800 millones de dólares en impuestos y regalías a lo largo de la vida útil de la mina.”No debemos permitir que por la violencia miles de trabajadores pierdan la oportunidad de tener un empleo digno y que el país y la región Cajamarca reciban más impuestos, regalías y canon minero”, subrayó. “Para iniciar el proyecto Conga, la empresa minera Newmont ha logrado gestionar 173 permisos ante seis Ministerios y 16 Direcciones y Organismos Técnicos del Estado, además de haber cumplido con los procesos de consulta ciudadana que exige la ley”, indicó Pedro Martínez, al afirmar que es totalmente falso que este proyecto minero vaya a afectar las fuentes hídricas de la zona. Explicó que con la finalidad de asegurar la disponibilidad de agua para las comunidades vecinas, la empresa minera procederá al trasvase de cuatro lagunas que tienen 1,4 millones de metros cúbicos de agua a reservorios que garantizarán un abastecimiento de 3,2 millones de metros cúbicos de agua. “Las obras que realizará Newmont garantizan que las comunidades accederán a una mayor cantidad de agua, lo que nos demuestra que las protestas se sustentan sobre un mito construido por grupos que se oponen a la minería formal y moderna”, comentó. Asimismo, dijo que no se puede tolerar que en La Encañada (Cajamarca) exijan mediante acciones de violencia -ataque y destrucción de maquinaria-, que la empresa minera Yanacocha acepte un denominado “acuerdo social” que implica un desembolso de hasta 200 millones de soles para que pueda proseguir con sus actividades productivas en esa región. “Nosotros condenamos todo acto de chantaje y extorsión. El caso de Yanacocha, no es un hecho aislado. El Perú requiere de paz social y no de conflictos, que solo buscan desestabilizar la democracia y el crecimiento económico”, anotó Martínez. Los conflictos promovidos por los grupos violentistas -indicó- han puesto en peligro la cartera de inversiones mineras en Cajamarca, estimada en 9,641 millones de dólares para los próximos 10 años.