La razón es muy simple. El Estado ha perdido completamente autoridad. Todos los que quieren obtener algo saben que bloqueando una carretera, atacando a la Policía, provocando disturbios, van a conseguir lo que piden. ¿Qué incentivo tienen para dialogar y llegar a acuerdos cediendo algo? Ninguno.

Así, las “mesas de diálogo” que tanto le gusta establecer al Ejecutivo, son solo una formalidad que se plasma por lo general luego de la revuelta, para refrendar y a la vez disfrazar la capitulación del gobierno.

Ilusión perdida

El mandato presidencial de Ollanta Humala se inauguró con infundadas ilusiones respecto a los conflictos sociales. Como los promotores de revueltas votaron por Humala, él creyó que estando en el poder los conflictos se atenuarían. Sucedió lo contrario, como era previsible.

Los revoltosos calcularon que Humala, que había participado entusiastamente con ellos en la agitación durante el período anterior, les entregaría todo lo que demandaran. Y se dieron con la sorpresa que una vez en Palacio, su líder dio un giro de ciento ochenta grados.

Muy pronto empezaron las acusaciones de “Ollanta traidor”. A las reclamaciones se sumó la frustración de sentirse engañados, utilizados, burlados.

Humala y varios de sus funcionarios, ignorantes de la manera cómo funcionan realmente los conflictos sociales, habían anunciado una nueva era: con prevención y diálogo desaparecerían o, por lo menos, se resolverían rápida y pacíficamente sentados en torno a una mesa.

El entonces ministro del Ambiente Ricardo Giesecke expresó el sentir de muchos altos cargos del gobierno: “No habrá muertos por conflictos sociales en este gobierno” (La República, 5.9.11). La triste realidad es que los conflictos se han multiplicado, sorprendiendo al gobierno que no tiene capacidad para enfrentarlos, ni conocimiento para prevenirlos, ni habilidad para manejarlos, ni autoridad para contenerlos.

El resultado, hasta ahora, siete muertos, más de un centenar de heridos y un rosario de derrotas que hace empalidecer a las de la selección nacional de fútbol. La consecuencia es que los conflictos seguirán aumentando en número e intensidad.

Impunidad que alienta el delito

Promover conflictos se ha convertido en un negocio rentable desde hace años. Muchos alcaldes y presidentes regionales han alcanzado su cargo poniéndose a la cabeza de algún disturbio. Lo menos que se obtiene es notoriedad local, regional o nacional.

A veces dinero o beneficios similares. No son pocos los inspiradores de conflictos que luego buscan a la empresa o autoridad afectada y ofrecen sus buenos oficios por un módico precio o algunas prebendas. Hay abogados pululando alrededor de grupos o comunidades impactadas, incentivando y organizando a la gente, con o sin razón, a cambio de un porcentaje de lo que se pueda obtener.

Se da por descontado que para obtener algo hay que realizar acciones violentas.

¿No hay solución?

Por supuesto, hay muchos conflictos en ciernes con motivaciones reales y preocupaciones específicas de personas y comunidades que se sienten afectadas por algo o por alguien. Para resolverlos se requiere del diálogo.

La única manera de romper el círculo vicioso que se está desarrollando cada vez con más intensidad, es que el gobierno empiece a imponer la autoridad y el imperio de la ley. Una vez que ello ocurra, se desincentivará la violencia para obtener lo que se demanda.

Imponer la autoridad no implica el uso excesivo de la fuerza, como viene ocurriendo ahora. Muchas veces la Policía hace uso de fusiles para contener manifestaciones, en lugar de armas no letales. Hay una clamorosa falta de equipamiento y entrenamiento, a pesar que existe mucho dinero en la caja fiscal.

Pero quizás la principal traba para enfrentar adecuadamente los conflictos, además de la ineptitud de los funcionarios a cargo, es la idea de la reelección inmediata –a través de la esposa del Presidente–, que acaricia la pareja instalada en Palacio. Tienen la equivocada idea que enfrentar con firmeza los conflictos les va a quitar puntos, reduciendo su ansiada expectativa de perpetuarse en el poder.

En realidad, el aumento de la conflictividad y la descontrolada violencia pueden convertirse en uno de los factores que destruya esos sueños.

En suma, cuando exista autoridad y respeto a la ley, habrá incentivos para dialogar y resolver pacíficamente los conflictos.