Precisó que el caso está a cargo del Tribunal de Disciplina Policial, integrado por civiles y que depende de su despacho, y que en pocos días tendría una información más clara sobre el caso, que ha motivado el relevo de tres generales y dos coroneles.

"Resulta inadmisible un servicio de esa naturaleza (seguridad domiciliaria) en caso el verdadero beneficiario sea el señor que se menciona (López Meneses). Esta última  parte estamos en proceso de verificación", manifestó en RPP.

Refirió que de encontrarse responsabilidades, se aplicará la sanción más drástica posible que podrían llegar hasta la destitución.

Según explicó, el servicio habría comenzado en mayo 2012, antes de iniciar funciones como ministro, y hubo continuidad  porque "formalmente" se asumía que era para el almirante José Cueto, jefe de las Fuerzas Armadas.

"Por la calidad de Cueto nadie se preocupó en indagar a quién se brindaba el servicio y esto continuó", indicó al referir que la decisión inicial la habría tomado el exdirector general de la Policía Nacional, Raúl Salazar.

Indicó que se ha solicitado al fiscal de la Nación, José Peláez, verificar quién era realmente el beneficiario del servicio, lo cual, junto a la investigación policial, permitirá tener información  mucho más objetiva.

 

Asimismo consideró como una "grave negligencia" que la seguridad haya continuado, y por ello se tomó la decisión de los relevos policiales, en el inicio de las investigaciones preliminares realizadas a la fecha.

Pedraza mencionó que, de acuerdo a las primeras indagaciones, se consigna para la seguridad la dirección de un pequeño condominio, que no es el lugar donde reside Cueto.

 

Dijo, además, que aparentemente desde hace tres meses se brindaba ese servicio para el padre de López Meneses.

"Un tema así no lo vamos a permitir, es insostenible para una Policía Nacional que queremos construir con mucho esfuerzo", enfatizó.

El titular del Interior calificó de indignante que López Meneses haya participado como invitado en una reciente ceremonia por el aniversario de la Séptima Región Policial, responsabilidad atribuida al jefe de dicha dependencia, Luis Praeli, uno de los relevados. 

Junto con él fueron removidos de sus cargos el jefe policial de las Fuerzas Especiales, general Sergio Monar Moyoli; y el jefe de la Policía Fiscal, general Carlos Gómez Cahuas, quien se desempeñó anteriormente como jefe de la Región Policial Lima.

Asimismo, el jefe del SUAT, coronel Walter Arrué Pereyra; el jefe de la División de Emergencia, coronel Egard Del Castillo Araujo; y el jefe de la UDEX, comandante  José Manuel Arteta Guillén.