La iniciativa, explicó, será presentada a más tardar en dos meses, y contempla una organización muy potente, con un procurador general elegido con condiciones de inamovilidad.

Esta procuraduría, adelantó, tendrá poderes para perseguir y defender los derechos e intereses del Estado de manera intensa y con una organización identificada con la eficiencia, debidamente monitoreada y auditada.

"Se insertará en el sistema judicial, ya no como un hermano menor, sino como un gran colaborador en la defensa de los intereses del Estado y también en el ejercicio de la persecución penal", manifestó el ministro en entrevista con el diario El Peruano.

Sostuvo, además, que entre sus labores estará no solo litigar sino también conciliar y actuar en la prevención; por ejemplo, dar una opinión jurídica respecto de un cambio normativo que podría generar procesos judiciales.

"Así tendremos una procuraduría fuerte, con niveles especializados y debidamente eficaz, con grandes cuadros; en resumen, será una gran inversión para nuestro país", aseveró Figallo.

De otro lado, señaló la necesidad de que el Congreso priorice en esta nueva legislatura iniciativas contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de ese delito, la  duplicidad de delitos de corrupción y la prescripción doble.

"Creo que el Congreso tiene que abordar esta temática y emitir la norma que nos brinde un instrumento más para enfrentar a este flagelo de manera más intensa", añadió.

Dijo que existen otros instrumentos en los cuales su despacho trabaja para enfrentar la corrupción relacionada con empresas que pretenden involucrarse en concesiones y contratos, el denominado cohecho. 

"Por ello nos hemos adherido al grupo de trabajo de cohecho internacional del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, y trabajamos para brindar instrumentos que tomen en cuenta la Convención Anticohecho y poner al país en el primer orden en esa materia", mencionó.

En otro momento reiteró que esperan que se anule la resolución del Tribunal Constitucional sobre la acción de ejecución del pago de los bonos agrarios y que el Consejo de Defensa Jurídica tenga éxito. 

"No buscamos una confrontación con el juez, nosotros persuadimos al juez para que a través de aportes jurídicos reevalúe su decisión", comentó.  

"Insistimos en que se haga en una audiencia en la que se intercambien las posiciones, y el Tribunal, con toda la información, logre el objetivo que buscaba"