Precisó que este 5 de setiembre no termina el proceso de formalización propiamente dicho, sino que vence el periodo para contar con el título de operador minero, instrumento indispensable para ser parte de este procedimiento.

Otros 40 mil mineros informales, que no lograron obtener dicho documento, y que por consiguiente quedarán fuera de la reforma, entrarán a un proceso de saneamiento.

Explicó que para este sector fue difícil obtener un título minero porque operaron en zonas prohibidas causando daño ambiental.

"Entonces hay que ver cómo ir ordenando bajo una lógica de saneamiento minero, pero no le podemos extender el plazo porque la formalización se convierte en una broma", expresó en TV Perú.

"No se puede extender la agonía, porque un mes después del próximo plazo estaríamos con las mismas  marchas, toma de carreteras. El Estado tiene que mostrar la fortaleza de que se puede trabajar en un saneamiento minero", agregó.

Afirmó que el Estado no de dejará "acorralar" por gente que incurre en actos delincuenciales para protestar.

Según precisó, cuando el Gobierno inició este trabajo, unos 70 mil mineros informales presentaron una declaración jurada comprometiéndose a acatar lo establecido para lograr la legalidad.

Empero, de esta cantidad 30 mil lograron presentar los documentos requeridos y otros 40 mil quedaron fuera. 

Pulgar-Vidal refirió que las protestas se han concentrado en la Panamericana Sur porque en Nazca se encuentran las plantas de procesamiento, que pasarán al régimen habitual y dejarán de ser consideradas como pequeña minería.

Ratificó que no es posible prorrogar más los plazos para formalizar la minería ilegal porque un primer intento fallido en este aspecto se produjo en el 2001.

"Y no se puede pretender que tengamos 15 años de proceso de formalización sin ningún resultado", anotó.