La decisión del Ejecutivo fue recibida con gritos de revancha por los auspiciadores de la ley mordaza, en especial el congresista Javier Bedoya, quien ya entonces anunció lo que ahora ha ocurrido: que insistirían en su proyecto original, calificando a las observaciones del Jefe de Estado como “formales” y no de fondo. Por cierto, no hay tal, pues al agregar las expresiones “interceptar” y “grabar” al texto de la norma y reclamar el reemplazo del adverbio “indebidamente” por “ilícitamente” para calificar la manera de conseguir los audios o videos, el debate daba un salto cualitativo.

Pero el meollo del asunto reside en el pedido presidencial de que en caso la información sea de interés público aquellos periodistas que la difundan quedan excluidos de responsabilidad, con lo cual se salvaguarda lo esencial, cual es la libertad de expresión, y se levanta la espada de Damocles esgrimida sobre la profesión. Pues, de haber existido esta norma censora hace diez años, es obvio que los videos grabados por Vladimiro Montesinos no hubieran podido ser difundidos. Basta imaginar que se hubiera tenido que acudir al PJ, el mismo que estaba ya controlado por el asesor de Fujimori.

Es verdad que, como lo hemos dicho muchas veces, la delgada línea roja que separa lo público y lo privado es sumamente tenue. Pero en tal caso corresponde a los principios éticos y deontológicos de periodistas, editores y directivos del medio involucrado establecer la distancia, sin quedar sujetos al Poder Judicial, cuyo ritmo es otro.

La aprobación de la insistencia por los perpetradores de la norma no nos sorprende, pues el Congreso es una de las instituciones más cuestionadas por la ciudadanía y es lícito que pretenda curarse en salud y evitar destapes que podrían afectarlo aún más. Pero también hay ahí una parte sana que, es de esperar, se opondrá a dar su voto a este atropello a la libertad de expresión e impedirá que se reúnan los dos tercios requeridos para superar la observación presidencial. Es necesario defender la libertad de expresión y la capacidad de fiscalización, bienes mayores de las sociedades democráticas.