viernes, 23 de marzo de 2012

ANP RECHAZA TODA FORMA DE "CULTURA DEL SECRETISMO"

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ante la posibilidad, no negada, que el Congreso de la República apruebe una modificación del Código Penal que sería atentatoria a la libertad de prensa, hace una exhortación a las colectividades políticas con representación parlamentaria, para que tengan presente que el derecho a la información, tal cual expresa la Constitución Política del Perú, es uno de los derechos de la persona humana, más comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho democrático.
En tal sentido y habiendo trascendido la decisión de un grupo que forma parte de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, de rendirle pleitesía a la "cultura del secretismo" en nuestro país, afligido por una creciente corrupción y aumento de la criminalidad, la ANP expresa su rechazo a tal iniciativa, que se niega, inclusive, a tomar en consideración las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.
En estas circunstancias, nuestro gremio reitera que toda negativa a la autoregulación, que debe primar en el ejercicio de la labor periodística, resulta lesiva a la relación directa que existe entre información y democracia, al mismo tiempo que, tal como ocurre en latitudes muy cercanas, fortalece la relación entre totalitarismo e información.
La ANP subraya que muchos de los peores males que sufre el Perú, como nación, están originados, precisamente, por la falta de información de interés público, interpretada ésta como aquella que está en poder del Estado y que impide, con regular frecuencia, que la ciudadanía, mal o carente de información, participe democráticamente en las decisiones políticas que son de su incumbencia y la consecuente asunción de responsabilidad por ellas. Es el sujeto con derecho a voz y voto, vale decir el sujeto universal, quien determina qué información es la que tiene importancia pública en el ejercicio de sus facultades cívicas y no funcionarios al servicio del Estado.
Por tal razón, la ANP advierte que la actitud hepática de aquellos que promueven la modificación del Código Penal, en perjuicio de la libertad de prensa, no significa otra cosa que retroceder en el tiempo y llevar al país a los años de la inquisición, cuando los juzgadores imponían sus fundamentalismos antes que el reconocimiento a la libertad de palabra, a la libertad de imprenta.
Consciente de su deber gremial, la ANP no deja de manifestar su preocupación por la presencia de quienes hacen mal uso de los medios de comunicación social, pero aún así deja constancia que constituye una prioridad en el proceso de afirmación de la democracia, el libre ejercicio de la labor periodística, en tanto ésta contribuye eficazmente a la formación de la opinión pública. Lejos de limitarla, la ANP considera que los Poderes del Estado deberían estar realmente interesados en constituirse en garantes de la libertad de información y opinión, asumiendo la tarea de despenalizar los llamados delitos de prensa, tal cual recomienda la nueva doctrina impulsada por las organizaciones internacionales que defienden el Estado de Derecho.
No debe ser extraño para los legisladores que hoy en día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que "el control democrático, por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionaros sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates públicos o sobre cuestiones de interés público"
Lima, 22 de marzo 2012
Roberto Mejía Alarcón Presidente
Zuliana Lainez Otero Secretaria General

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