Por Milagros Salazar – IDL-Reporteros

La historia no contada sobre cómo el ex ministro de la Producción y reciente candidato fujimorista, Rafael Rey, utilizó consultores y un informe, pagados por los más grandes empresarios pesqueros, para elaborar la norma más importante del lucrativo sector. Adivinen quiénes aumentaron sus ganancias.

Diciembre, 2010. Rafael Rey recibe una condecoración de la Sociedad Nacional de Pesquería de manos de Humberto Speziani, hoy presidente de Confiep y asesor de la alta dirección de Tasa, la empresa pesquera más importante del país. Pero el ex ministro asegura que no sabe quién pago el estudio de Apoyo y que no le interesa saberlo (Foto: Caretas).

En el mar peruano, la especie más depredada del mundo, la anchoveta, sigue alimentando fortunas de fábula. Sólo el 1% de la cuota anual de pesca de anchoveta en el país está valorizada en 100 millones de dólares; es decir, una cuota de 10 mil millones de dólares.

Por eso, en años recientes, el mar se congestionó con más de 1,200 embarcaciones para capturar la mayor cantidad de anchoveta en las entonces breves temporadas de pesca. Era una anarquía flotante que exigía una regulación imparcial del Estado.

Pero la norma que reformó el sector, tuvo un problema: los interesados más poderosos fueron quienes pagaron el estudio que fundamentó la ley. Además, los consultores de los pesqueros terminaron actuando como asesores del entonces ministro de la Producción, Rafael Rey. ¿Cómo fue el acuerdo? ¿quiénes pagaron? Aquí la historia.

En abril de 2007, se inició otra temporada de pesca en Chimbote. Para los empresarios más importantes del sector el olor a pescado podrido era mejor que el aroma de las rosas. A la vez, fue el año en que esos empresarios pusieron en marcha un plan para proteger su negocio regulando el altamente rentable sector.

El precio de la harina de anchoveta había aumentado a mil dólares por tonelada. Poco tiempo después llegó a los mil 500 dólares la tonelada.

En ese escenario, en 2007 el Ministerio de la Producción empezó a discutir primero con los empresarios el cambio del sistema de pesca mediante la asignación de una cuota fija a cada nave autorizada, una propuesta que en los 90 comenzó a debatirse por primera vez en el país pero sin resultados.

Esta vez, las compañías pesqueras contrataron a la conocida Apoyo Consultoría para que hiciera un informe técnico que estableció el nuevo régimen y que quedaría plasmado en el decreto legislativo 1084.

IDL-Reporteros tuvo acceso a fuentes del sector empresarial y del Ministerio que confirmaron que los consultores de Apoyo actuaron en momentos claves de la elaboración y defensa del decreto como asesores del entonces titular del sector, Rafael Rey.

Las compañías que pagaron a Apoyo concentran más del 60% de los derechos de pesca y en los hechos dirigieron la elaboración de una ley que iba a regir la repartición de cuotas millonarias de pesca por una década. Rey aceptó esa posición de privilegio de las compañías pese a que la situación exigía una extrema imparcialidad del Estado.

Los financistas

Personas vinculadas al sector empresarial, confirmaron que fueron “las cinco o seis pesqueras más importantes del sector” que hicieron una bolsa común para financiar el estudio de Apoyo. Estas son: Tecnología de Alimentos S.A (Tasa), Corporación Pesquera Inca (Copeinca), Austral Group, Diamante, Hayduk y Exalmar.

“A él (Rey) se le comunica de nuestra labor poco tiempo después de que nos convocan los empresarios, en el verano de 2007”, confirmó Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, a IDL-R tras ratificar que, en efecto, fueron las cinco o seis empresas más sólidas del sector.

El economista, quien además de líder de Apoyo es miembro del directorio de Austral, una de las empresas favorecidas con la norma; aseguró que para los empresarios era muy importante que Rey aceptara la contratación de Apoyo para seguir adelante. Él era el jefe político.

Rey admitió en entrevista telefónica con IDL-R que se reunió con Apoyo desde los inicios de la elaboración del estudio, pero además señaló que fue él quien convocó a Castagnola y su equipo para darles “el encargo” de hacer el informe y que recién luego ellos buscaron el financiamiento con los empresarios. Extraña manera de conseguir asesoramiento por parte del ministro.

“Dijeron que conseguirían la forma de cubrir los gastos y lo pagaron los empresarios. Yo no quise enterarme quién pagaba justamente para no atarme de manos”, aseguró Rey tras aceptar que conversó con los gerentes de las empresas que financiaron el estudio, pero que evitó saber sus nombres. ¿Es posible que un ministro se reúna con los representantes de las compañías más importantes del sector sin saber cómo se llaman?

Entre diciembre de 2007 y enero de 2008, Apoyo presentó a Rey la primera versión del estudio y, según Castagnola, poco tiempo después el ministro le pidió que lo acompañara a sustentar el proyecto en reuniones con los sindicatos y otros actores que debían opinar sobre la norma. En suma, les proponía actuar como asesores del despacho ministerial pagados por el sector privado con mayor interés en el tema.

La comitiva

El 1 de julio de 2008, Rey asistió a la Comisión de Producción del Congreso para defender la norma que ya había sido aprobada y desafió a todos asegurando que no le interesaba saber quiénes habían financiado el estudio de Apoyo. Estaba acompañado de una comitiva integrada por funcionarios del Ministerio, los ejecutivos de Apoyo, Castagnola y Hugo Santa María; y el abogado Aurelio Loret de Mola, ex ministro de Defensa, quien se sentó a su lado para defender la constitucionalidad del decreto.

¿Quién pagaba los servicios de Loret de Mola? En el presupuesto de 2007 y 2008 del Ministerio de la Producción no aparece ninguna contratación de sus servicios, tampoco la de Apoyo. El secretario general de entonces, Marcelo Cedamanos, confirmó esto aIDL-R.

En realidad Loret de Mola había sido contratado por la Sociedad Nacional de Pesquería. Aseguró que acudió al Congreso flanqueando al ministro porque él se lo pidió y que sólo participó en el tema después de la aprobación de la norma.

Pero fuentes que presenciaron la elaboración de la norma, aseguraron a IDL-R que Loret de Mola acudió al Ministerio de la Producción por lo menos en cuatro oportunidades acompañando al equipo de Apoyo antes de la promulgación del decreto.

“Lo asumimos como un tema personal y dijimos esto es tan importante para el sector que hay que sacarlo adelante. Fue un pedido de Rey no pagado por el Ministerio de la Producción (…) La relación contractual siempre fue con este grupo de empresas”, dijo Castagnola (el énfasis es de IDL-R).

El economista agregó que Apoyo fue consecuente porque desde los 90 defendió el sistema de cuotas y que es una “práctica usual que los gremios privados presenten propuestas” a los gobiernos.

En la misma línea, Rey consideró que le había hecho un favor al país en no gastar recursos del Estado para la elaboración del estudio y que si su ministerio hubiera tenido dinero, hubiera contratado a Apoyo aún a sabiendas que Castagnola es directivo de la cuarta empresa pesquera más importante del sector.

¿Pero es ético que un ministro se guíe por el asesoramiento de un grupo interesado, así luego dialogue con los sectores opositores como lo hizo Rey? La ley del código de ética de la función pública sanciona a los funcionarios que defiendan intereses de terceros, pero lamentablemente el castigo no alcanza a los ministros. “Esa fue una grave dificultad que tuvimos que enfrentar en la Contraloría para investigar la corrupción”, dijo a IDL-R el ex contralor Genaro Matute.

Hecha la ley, hecha la plata

Es tan cierto que se necesitaba regular el sector pesquero como que las empresas que financiaron el informe de Apoyo incrementaron sus ganancias. Hay compañías que casi triplicaron sus utilidades netas luego del decreto como Exalmar, que de 6 millones 346 mil dólares en 2009 incrementó sus ganancias a 17 millones 418 mil dólares en 2010, según su estado financiero reportado a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.

El escenario también fue favorable para Austral que de 16 millones 623 mil dólares en 2008 pasó a registrar utilidades netas de 27 millones 840 mil dólares al año siguiente. (Montos estimados con tipo de cambio de S/. 2.75 por dólar).

Además del apetecible precio internacional de la harina y el aceite de anchoveta, las utilidades crecieron por el ahorro de costos operativos en la reducción de la flota y el poder que adquirieron los dueños de los barcos que mantuvieron su cuota histórica y subieron el precio de la materia prima al tener un porcentaje seguro de pesca. Así, la tonelada de anchoveta pasó a costar de 100 dólares a 300 dólares en algunas temporadas.

El decreto consolidó el poder económico de las empresas que ahora podían asociarse para compartir si querían toda su cuota asignada. Pero además, varios de los financistas del informe de Apoyo se prepararon para la reforma e iniciaron una ola de fusiones y compras entre empresas para tener el mayor número de plantas y derechos de pesca.

Tasa, por ejemplo, compró 22 embarcaciones en 2008 en plena negociación del decreto y al año siguiente otras 35, según un reporte oficial al que tuvo acceso IDL-R. Copeinca logró transferir a su nombre 39 naves adicionales en 2009, Exalmar compró 11 en 2008 y al poco tiempo otras 35. CFG Investment logró adquirir en 2008 15 embarcaciones y otras 14 al año siguiente.

“Las cuotas son lo mejor para ordenar el sector, cuidar su sostenibilidad, proteger el medio ambiente, generar mejores eficiencias y por lo tanto rentabilidad para los inversionistas y los trabajadores”, señaló Samuel Dyer Ampudia, director de Copeinca, quien está convencido que hoy el Estado “recibe como nunca en la historia de la pesca grandes sumas por impuesto a la renta”.

Los dueños de las “vikingas” o embarcaciones de madera, que inicialmente se opusieron al decreto, también ganaron. Pero los dueños de plantas medianas y pequeñas que no tenían embarcaciones se convirtieron en los perdedores.

La inversión en el informe de Apoyo formaba parte del plan financiero de las pesqueras. Y Rafael Rey, condecorado en diciembre último por la Sociedad Nacional de Pesquería, resultó ser un gran aliado. ¿Este evidente conflicto de interés sirvió para proteger de la depredación a la anchoveta, fiscalizar mejor el sector y mejorar la situación de los pescadores?