Es grato dirigirnos a usted, en representación de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con el objeto de expresar nuestro respetuoso saludo, en vísperas de la asunción del mandato presidencial que le ha encomendado el pueblo soberano y, al mismo tiempo, para hacer de su conocimiento la posición gremial que tenemos como comunicadores en medios de prensa, respecto a los derechos sociales y económicos regulados por ley, actualmente irrespetados en el sector público y en el sector privado, así como en lo pertinente al uso que debe hacerse del espectro electromagnético, importante patrimonio de la Nación que administra por ley el Estado, pero que presenta vacíos y muestra una estructura jurídica discriminadora.

Lo anterior, de otro lado, se articula con una firme conducta de carácter institucional, que nos obliga a respetar y hacer respetar los estatutos y los acuerdos congresales de esta organización, cuya trayectoria acrisolada a lo largo de ininterrumpidos 83 años, tiene el soporte de 89 asociaciones provinciales y 9 mil afiliados en todo el territorio nacional y cuyas luchas gremiales por hacer de la información un derecho del pueblo, tal como hicieron ayer sus fundadores, entre ellos Germán Lazarte, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui, no tienen punto final, en tanto la sociedad misma evoluciona y se retroalimenta cívicamente afrontando la multiplicidad de los cambios sociales, propios de la existencia humana.

Antes de presentar una relación sucinta de nuestra posición en asuntos gravitantes para el país, debemos recalcar que la presente no es una comunicación ceñida por adhesiones u oposiciones. Va más allá de ese candor circunstancial que se da con frecuencia en la realidad política y tiene, más bien, un propósito informador a fin de que forme parte de la agenda del gobierno a instalarse constitucionalmente el 28 de julio del año en curso:

A partir de 1990, los trabajadores periodistas y en general los trabajadores, sufren las consecuencias de una severa política de ajuste estructural, promovida políticamente para afirmar las bases de un modelo económico sustentado en la primacía del mercado. Los trabajadores han sido los más afectados por la perversidad del proceso, con la consiguiente descalificación de la fuerza de trabajo. Las modificaciones regulatorias han facilitado el incumplimientos de las normas de carácter laboral y el continuo descenso del valor de las remuneraciones, condiciones sociales y niveles de empleo.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- permiten integrar al ser humano, cualquiera sea el tiempo o distancia que le separen. También hay avances considerables, en materia de tratados internacionales y legislaciones de diversos rangos normativos en otras latitudes ajenas a la nuestra, que fortalecen los derechos humanos de la información y de la comunicación. Esto no sucede en nuestro país. Al contrario se niega la posibilidad de superar criterios autoritarios o monopólicos. Esto ocurre con la actual ley de radio y televisión y su aplicación en el uso del espectro radioeléctrico. La marginación de sectores trascendentes de la sociedad que deberían de participar con voz propia en el debate y en el desarrollo de una convivencia democrática, es antidemocrático. El poder político vigente cuida las espaldas de un poder económico que concentra en forma unipolar el derecho ciudadano a informar y ser informado, con frecuencia desvirtuando la verdad.

Las estadísticas, sobre todo a partir de 1990, señalan con frialdad una constante persecución contra periodistas que investigan y revelan actos de corrupción en la administración pública, criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas, querellándoles por supuestos delitos contra el honor. El objetivo es acallarlos, haciendo uso de normas hoy obsoletas, conforme lo expresan los informes de la Comisión para la Libertad de Prensa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú discrepa con el silencio del Estado al respecto, más aún cuando existen mecanismos menos gravosos que, con igual eficacia, conllevarían a resarcir el derecho al honor vulnerado y en tanto, también, se concibe en estos tiempos el derecho penal como instrumento de control social que debe estar reservado a actos ilícitos que atentan contra la integridad física y la vida principalmente, así como contra los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio del Estado o lo que atentan contra la salud pública y los denominados de lesa humanidad, como las ejecuciones forzadas entre otros similares. La despenalización de los delitos de prensa significaría el reconocimiento ciudadano al trabajo periodístico que no se limita a informar, toda vez que ahora opina, analiza y critica en todo cuanto es de interés público.

Lo social es lo humano. Es la clave central en la agenda de toda la problemática política, económica, ética y cultural del nuevo desarrollo. Para ese logro es importante el diálogo y la concertación. No existe otro camino. Lo distinto sería la represión que solo engendra más violencia y la discriminación que descalifica a los ciudadanos porque carecen de poder económico o poder político. La ANP considera que la ausencia de diálogo y de concertación es la causa de la subsistencia de una mayoría de gente condenada a la pobreza crítica, a la miseria, a la exclusión social, a la degradación más radical de su dignidad. Por eso demanda del nuevo administrador del Estado el diálogo horizontal con todos los sectores de la población, sin marginaciones. Que no se repita lo que ya se ha hecho repudiable costumbre en el sector de la prensa, donde el gobierno cree que su único interlocutor válido es el empresariado adinerado de los medios de comunicación masiva.