Por: Rafael Romero
A menudo nos quejamos de la abultada carga procesal en el Poder Judicial, y esto se debe en gran parte porque son mañosos abogados los que, a través de patrañas y fraudes, buscan alargar los juicios ocasionando cuantiosas pérdidas al Estado y a los particulares. Tal es el proceder de César Augusto Eyzaguirre Avilés, representante legal de las empresas Austral y Crasa, firmas por donde cruzaron sus pasos miembros de la familia Mendoza, de Arequipa, el ex ministro Domingo Palermo y gerentes del grupo ATV.

El caso tiene que ver con demandas de amparo formuladas sin sustento por esas empresas en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Cámara de Comercio de Lima y RBC Televisión. Procesos que las sedes judiciales de Lima y Arequipa rechazaron de plano pero que, en medio de una suerte de enjuagues cuestionables, solo encontró eco en el desprestigiado Tribunal Constitucional. Pese a ello, el pedido del TC de que se haga un “procedimiento trilateral” se cumplió, y la demanda de Crasa ya está para archivo luego de haberse dilatado increíblemente por más de 12 años.

No obstante aquí viene lo nuevo: la certeza documentaria de que antes que Crasa demandará el amparo en Arequipa, la empresa Austral ya lo había hecho en Lima, y por la misma materia (Exp. 7105-2001 del 66° JCL). Esta información la proporcionó el procurador del MTC en audiencia ante el magistrado Aníbal Maraza, del 10° Juzgado Civil de Arequipa, confirmándose que por sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, del 15 de abril de 2004, dicha demanda de Austral se declaró improcedente. Es más, la resolución quedó consentida y el caso fue definido “como precedente de obligatoria observancia”.

Con estos hechos queda en evidencia la verdadera raíz fraudulenta y la mala fe de Austral y Crasa, y de abogados como César Eyzaguirre, que buscan inducir al 10° Juzgado Civil de Arequipa a error y a una flagrante prevaricación. Además, con este tipo de acciones contra la ética, cómo no vamos a recargar mañosamente las labores del Poder Judicial. Queda pues expedito el camino para que RBC Televisión demande una cuantiosa reparación por daños y perjuicios, ¿pero pagaría finalmente la familia Mendoza, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy le debe a Canal 11 más de US$ 2’600,000 por concepto de alquiler?