Esta medida, señaló, debe alcanzar a los proveedores que estafan al Estado. 

"Hace un par de años que venimos discutiendo la importancia de la muerte civil para los que incurran en actos de corrupción y no se concreta a pesar de ser vital y clave para sancionar con severidad a los corruptos. La gente quiere ver que se ponga, realmente, un freno a la impunidad", declaró a la agencia Andina.

Señaló que es tarea del Congreso ponerse a trabajar en serio para "traducir" esta propuesta en una ley.

Emplazó, en ese sentido, a las fuerzas políticas a que asuman el compromiso de darle prioridad al paquete normativo anticorrupción ante la necesidad de dar señales claras de confianza a la ciudadanía.

Afirmó que con la "muerte civil" la persona que ha sido sentenciada por un acto de corrupción no debe volver a trabajar en el Estado, lo cual, tendrá un efecto positivo en la administración pública.

Blondet saludó, de otro lado, que el Gobierno haya anunciado la entrega de más recursos a fin de mejorar los mecanismos de control del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce).

Calificó de oportuna la medida porque en la actualidad es difícil lograr la identificación de las empresas proveedoras que estafan al Estado.

"Porque producidos los hechos delictivos, inmediatamente, cambian de nombre, de personería y vuelven a timar en otra licitación, eso se debe corregir", dijo.

En su criterio, la muerte civil también debería aplicarse a este tipo de situaciones a fin reducir los riesgos de corrupción en este ámbito de la administración pública.