Por: Rafael Romero
Ha surgido una meridiana e inmejorable propuesta que el Congreso debería considerar. Raúl Chanamé Orbe, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), ha postulado al doctor Gastón Soto Vallenas como candidato a ocupar la Defensoría del Pueblo (DP), y lo ha hecho respaldado por la institución que dirige y a la que en año y medio ha revitalizado ejemplarmente.

De este modo el CAL le dice al país que sí existen profesionales de primer nivel para los cargos públicos, así como trayectorias personales que cuentan con el debido respaldo moral y académico, perfil que se requiere para conducir una entidad de la importancia de la DP. Por tanto, si realmente todavía queda sensatez en las bancadas parlamentarias, he aquí un aporte o una salida al actual entuerto congresal, por lo menos en cuanto se vincula a la mencionada entidad que debe velar por los derechos del ciudadano frente a la arbitrariedad de la administración pública o a los excesos del Estado.

El doctor Gastón Soto Vallenas es en este momento una de las personas con mayor conocimiento de la labor jurisdiccional y el derecho, con vasta experiencia en la administración de justicia, además de haber sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y es también muy apreciado y querido en las aulas universitarias, no solo del Perú sino también del extranjero, habiendo liderado el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Precisamente, el foro y la cátedra dan fe de sus convicciones morales y de su compromiso con la verdad, la justicia y los valores, tal como lo demostró cuando se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

En suma, hay que saludar al CAL y a su decano Raúl Chanamé, quien a la sazón es presidente de los Colegios de Abogados del Perú, por la postulación que han planteado en un momento tan delicado, y donde la mayoría de congresistas –tanto del oficialismo como de la oposición– evidenció que solo tratan a la institucionalidad del país como si fuese un vulgar botín. Es más, en esta coyuntura también deberíamos instar a este Colegio a fin de que proponga a los mejores profesionales del derecho para reemplazar a los seis magistrados cuyos períodos de función vencieron en el Tribunal Constitucional. El Partido Nacionalista, Fuerza Popular, el PPC y sus aliados –todos responsables de este desaguisado– tienen la palabra.