Por: Rafael Romero
La reciente compra del 54% de acciones de EPENSA, realizada por el Grupo El Comercio, ha traído como consecuencia la concentración de medios escritos en una sola mano, para ser precisos en un 70%; hecho que describe una evidente posición de dominio que a la corta o a la larga afectará a la sociedad, especialmente al lector, quien no es otro ser que un consumidor con derechos que no deben soslayarse.

Nadie puede oponerse a que las empresas crezcan, se diversifiquen y demuestren su innovación y competitividad. Sin embargo, si la esencia de un grupo es ‘o era’ la noticia y la información, el problema toma otro cariz y connotación especial, porque la información es un derecho, porque la comunicación es diferente a producir y vender jabones o zapatos, como lo diría Augusto Belmont Bar allá por el año 1956, cuando era presidente de la Asociación Nacional de Radios.

En ese sentido el negocio de un medio escrito, una radio o televisora, no es como el de un fabricante de productos, destinados solo a su comercialización, y esto lo planteo con todo el respeto que merecen los industriales y el trabajo que existe de por medio en ese tipo de faenas. Sin embargo, la comunicación y la información, vía la noticia, la opinión y el comentario, sí llegan directamente a la conciencia del ciudadano y a la forma de pensar de un pueblo.

Por eso el periodismo, que critica y cuestiona el poder, que fiscaliza a todos y en todas sus formas, no debe renunciar a su esencia para servir a los intereses de un grupo económico en particular. Y en esto se ha convertido El Comercio, en un cártel que ya no tiene como esencia informar, sino que se ha convertido en la empresa con mayor cantidad de asociaciones público privadas (APP), e incluso a ratos competidor del Estado peruano, por ejemplo al tener pozos petroleros, en clara competencia con Petroperú.

Ni hablar en materia de construcción, actividad donde ‘quiérase o no’ este grupo mediático tiene poder de manipulación sobre propios y extraños, tanto así como para aplastar a otras constructoras menores en licitaciones, subastas o APP. Y esto ocurre así no porque sean abusivos, sino porque esa es la lógica del mercado. Ahora bien, en medio de este menjunje de intereses, ¿los periodistas de El Comercio podrán ejercer su labor con libertad, independencia y veracidad?