Por: Rafael Romero
Ahora que, según Magali Rojas, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), indica que el gobierno busca reducir la percepción de impunidad en los proveedores del Estado, conviene también ampliar el debate a otros ámbitos, como el de las normas inconstitucionales que se mantienen desde los años noventa en cuanto a la contratación de publicidad estatal se refiere en los medios de comunicación.

Para la titular del OSCE, hay un mandato del presidente Ollanta Humala para trabajar fuerte en la reforma del sistema de contrataciones públicas. Si es así, que se diga la verdad en el caso de los millones de soles que invierte el Estado en campañas publicitarias, pero lo hace siguiendo un esquema exprofesamente montado por Montesinos, a través del cual sin el rating de Ibope Time o sin el índice de lectoría de Kantar Media no hay publicidad oficial del gobierno en prensa, radio o televisión.

Así, persiste entre los funcionarios públicos la mala costumbre de ser esclavos de Ibope a la hora de poner requisitos para que las entidades gubernamentales contraten avisos publicitarios. En este caso, lo correcto debería ser que el Estado, por sus fines y por la trayectoria que representa, derogue todas aquellas normas administrativas que sólo están hechas para beneficiar la concentración de publicidad en cuatro o cinco familias con poder económico.

En consecuencia, paralelamente a endurecer sanciones contra los malos proveedores del Estado, lo justo sería también corregir las deficiencias del actual sistema de contratación de publicidad estatal, ya que hoy no es democrático y no respeta la Constitución. Es hora de actuar por parte de la administración pública aplicando, por ejemplo, el D.S. N° 138-2012-EF, ya que en su Artículo 4 precisa que “las normas sobre contrataciones del Estado son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación”.

Por tanto, sobre la base de esta norma, ya conocemos quiénes son hoy los responsables del reordenamiento normativo de la publicidad estatal –le corresponde al MEF y el OSCE', especialmente para corregir esa herencia montesinista que determinó una suerte de subvención estatal en beneficio de unos cuantos grupos mediáticos que han recibido desde los años noventa a la fecha millones de dólares en avisaje oficial.