Moquegua Noticias: SUGERENCIAS DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS SOBRE CASO TIA MARIA NO SON IMPLEMENTADAS

viernes, 7 de agosto de 2015

SUGERENCIAS DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS SOBRE CASO TIA MARIA NO SON IMPLEMENTADAS

18:12 | Publicado por Producciones Moquegua Noticias 2013 | |

Sociólogo Fulgencio Quispe, advierte sobre Licencia social de “Tía María”.

El Sociólogo: Fulgencio Quispe Apaza, con Matrícula CSP.2837, Consultor del Instituto de Investigación Social “Gobernabilidad Perú”, expresó que en su oportunidad el gremio de sociólogos de la Región Arequipa, se pronunció en relación al proyecto minero “Tía María”, mostrando que actualmente existen más de 208 conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo en el mes de abril 2015, 149 activos (71.6%), de los cuales 139 son conflictos socio ambientales. Lo sucedido en Bagua, Conga y Tía María seguirá pasando si no se involucra a los diversos actores políticos, sociales y económicos, además de indicar que, no se discute el modelo de desarrollo que queremos como sociedad, y no se viabiliza un ordenamiento territorial con zonificación ecológica económica, por tanto, el Proyecto Tía María es un conflicto social que refleja un problema de orden estructural, no coyuntural, sostuvo.

Así mismo hizo de público conocimiento que desde el año 2011, existió, escasa credibilidad y confianza de los agricultores y población del Valle del Tambo hacia la Empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC) y el gobierno del Presidente Alan García, que se vieron más afectadas al hacerse público el Informe de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con 138 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María, las que por alguna razón no habían sido detectadas por los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), ni del Ministerio del Ambiente (MA). Fue la decidida movilización ciudadana de agricultores y pobladores denunciando los daños ambientales y productivos en el Valle del Tambo si se ponía en actividad el Proyecto lo que finalmente hizo dar marcha atrás el inicio de “Tía María”.

Así mismo hicieron ver que el actual Presidente Ollanta Humala, asumió el compromiso político en la Plaza Cocachacra, cuando era candidato presidencial, de defender el agro, el agua y la vida. Sin embargo ya en el año 2015, reactivado el Proyecto durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala, agricultores, pobladores, dirigentes sociales y autoridades de las provincias comprendidas en el Proyecto Tía María se mostraron en movilización permanente, en defensa de la producción agrícola local, la que se vería seriamente afectada con la explotación minera. El saldo del enfrentamiento entre la población y los efectivos policiales es la pérdida lamentable de vidas humanas: agricultores y efectivo de la policía nacional, centenares de heridos y personas afectadas.

Se destaca desde el gremio de Sociólogos de la Región Arequipa que han contribuido a agudizar el conflicto: que Cuatro (4) Ministros de Estado, no la Empresa (SPCC), son quienes comunican al país, que las 138 observaciones de UNOPS al Proyecto Tía María han sido levantadas en un Segundo Informe de Impacto Ambiental, aprobando su ejecución sin esperar la aceptación de los pobladores del Valle del Tambo. A ojos de la ciudadanía, el Gobierno está actuando sesgadamente como garante de la empresa y defensor del Proyecto.

Así mismo se conoció que la Empresa (SPCC), el Proyecto Tía María, tiene vigente un Convenio de prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función principal firmado con la PNP XI DIRTEPOL de Arequipa (año 2010), tendría a efectivos de la policía nacional brindando servicio individualizado de protección, vigilancia y seguridad, percibiendo la PNP y cada efectivo policial un pago, el mismo que se contabiliza como servicio regular (no como sus días de franco), que a simple entender constituiría una clara situación de subordinación del interés público ante el interés privado, y un posible posicionamiento parcializado de la PNP en el conflicto, “la práctica descubierta de sembrado de pruebas”, la difusión de un audio en el que un dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo y un abogado de la Empresa (SPCC) se ven comprometidos, el uso de la fuerza pública con más de 3 mil efectivos de la Policía Nacional y 500 soldados de las Fuerzas Armadas, para recuperar el control del espacio local, denota una falta de estrategia e inteligencia del Estado ante los conflictos socioambientales y es una amenaza a las formas democráticas de preservar el orden público, la presión de congelado de cuentas bancarias (hoy se han levantado) de cuatro Municipalidades aduciendo posibles desvíos de dinero y la reiteración del anuncio de declarar el Estado de Emergencia en Arequipa en un escenario turbulento y polarizado, no solucionará nada, y, por el contrario, podría contribuir a ampliar el conflicto a Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y otras ciudades del país.

A fin de que se encamine la licencia social del proyecto “Tía María”, el Colegio de Sociólogos de la Región Arequipa, dio alcances que luego de declararse en suspenso el Proyecto Tía María de (SPCC), se solicite un Informe a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) del Segundo Estudio de Impacto Ambiental, con respuesta a cada una de las 138 observaciones realizadas al Primer EIA del Proyecto Tía María, se realice una pronta consulta ciudadana que defina la viabilidad del Proyecto Tía María, con todas las garantías de información plena, participación y transparencia, se efectúe una investigación que determine y sancione a los culpables de la muerte de los agricultores y efectivo policial, se promueva una investigación que determine si existe culpabilidad de (SPCC) y del dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, en la presunta negociación y trato corrupto en la gestión del conflicto, de ser cierta, se denuncie a la Empresa y al dirigente ante los canales correspondientes.

Finalmente, como situación puntual se ponga fin a la relación de subordinación de la Policía Nacional del Perú a las Empresas Mineras, las que bajo la modalidad de contrato de servicios de resguardo a sus instalaciones, personal y actividades mineras, utilizan estos servicios para acciones de represión a la ciudadanía cuando ésta antepone la agricultura y el agua a la actividad minera, dentro de un marco de diálogo ciudadano, la implementación de un plan nacional de zonificación económica y ecológica que armonice el crecimiento económico con la conservación ambiental y la equidad social, para un efectivo desarrollo humano sostenible y mejor calidad de vida para las y los peruanos, dentro de la conformación de un consejo por el desarrollo de Islay, como espacio facilitador de diálogo y propuestas con participación del Gobierno Regional de Arequipa y las municipalidades, instituciones y organizaciones en una salida consensuada a la crisis.

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