El Gobierno que presido ha mantenido una apertura total al diálogo desde que se inició el conflicto en Cajamarca hace 11 días. El Primer Ministro, tres ministros de Estado, representantes de la Iglesia Católica e instituciones como la Defensoría del Pueblo han agotado hoy, todos los caminos, a fin de establecer el diálogo, como punto de partida para resolver el conflicto, en democracia.

La intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales se ha puesto nuevamente de manifiesto. No se han logrado alcanzar acuerdos mínimos que permitan que retorne la paz social, que se restablezcan los servicios públicos a los que tiene derecho el pueblo de Cajamarca y que se discutan aspectos centrales para impulsar el desarrollo de la Región: programas sociales, plan de inversiones, construcción de obras de saneamiento básico, electrificación rural, entre otros.

El Gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y de salud, hacer que se respete el libre tránsito y que se preserve la propiedad pública y privada.

Actualmente, no existen las condiciones para que estas garantías sean respetadas en Cajamarca. Es por ello que, al existir la perturbación de la paz y el orden interno y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, anuncio la declaración de Estado de Emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá de la Región de Cajamarca, el mismo que se hará efectivo apartir de las 00 horas del día 05 de diciembre del presente año, por un plazo de 60 días.

Invocamos al pueblo cajamarquino a mantener la calma y les aseguramos que esta medida transitoria servirá para permitir que la tranquilidad retorne nuevamente a Cajamarca.