1)      Rechazar el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Congreso de la República el 04 de diciembre 2013 bajo la denominación de “Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial  mediante la aprobación de lineamientos para la optimización  del Servicio de Justicia y de la nueva estructura de ingresos de los Jueces”,  por desconocer  derechos remunerativos de los jueces previstos en el artículo 186.5  y 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante su derogatoria, importando el avasallamiento a derechos constitucionales adquiridos como es el respeto a una remuneración digna, a la cosa juzgada, interfiriendo indebidamente pretendiendo desacatar mandatos jurisdiccionales, los cuales deben cumplirse  en sus propios términos, en vía de ejecución de sentencia.

2)      Exigir al Poder Ejecutivo y Congreso de la República,  el cumplimiento de la nivelación remunerativa de los Magistrados de la República establecidas en el artículo 186.5 de la L.O.P.J. ratificado por sentencias  emitidas por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional con calidad de cosa juzgada, constituyendo una obligación y deber del Poder Ejecutivo, conforme al art.  118.9 de la Constitución, que establece  que “corresponde  al Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir  las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.

3)      Exigir al Pleno del Tribunal Constitucional  emita la respectiva sentencia  en el proceso constitucional competencial que ha interpuesto el Poder Ejecutivo  contra el Poder Judicial,  la misma que se encuentra al voto desde el 11 de octubre 2013; el mismo que ha trascendido a Conocimiento del Ejecutivo, y con conocimiento  del sentido a resolverse de la resolución, recurren a la maniobra y argucia de presentar el citado  proyecto de ley inconstitucional.

4)      Respaldar plenamente  las acciones formuladas por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, en defensa de los derechos de la Magistratura, ratificando el pronunciamiento institucional emitido el 05 de diciembre 2013.

5)      CONTINUAR  en sesión permanente de Sala Plena y de Junta de Jueces, en defensa de los derechos de los Magistrados del Perú.