Por: Rafael Romero
Entre los poderes del Estado las aguas están movidas a causa del choque entre el Ejecutivo y el Judicial. Todo empezó con la iniciativa legal del Gobierno enviada al Congreso con el fin de incrementar –progresivamente hasta el 2015– los sueldos de los magistrados de la administración de justicia. No se puede negar que el Gobierno ha mostrado cierta voluntad para mejorar la situación de estos servidores del Estado, pero dicho proyecto no satisfizo a los togados. Es más, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Iván Sequeiros, denunció que sólo se pretende la derogatoria del Art. 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece sus remuneraciones en función de un porcentaje del sueldo de los vocales supremos.

De otro lado, los magistrados del Poder Judicial ya habían notificado al Congreso de la República que postergue el debate del Proyecto de Ley Nº 3030/2013-PE. El principal argumento fue que la Sala Plena de la Corte Suprema no conocía detalles de esa iniciativa legislativa y además que la misma no había sido consensuada con el Gobierno. Puestas así las cosas, Fredy Otárola, presidente del Parlamento, no tuvo más remedio que parar la discusión.

No obstante, poniendo el caso en un justo equilibrio, es recomendable que un Estado que se ufana diariamente ante el mundo del crecimiento económico que posee, invierta más en su función jurisdiccional, obviamente sin dejar de ponerle metas concretas al servicio judicial. Es decir, los jueces tienen toda la razón de ganar más, siempre y cuando su aporte al país sea más eficiente y palpable, por ejemplo exigiéndose más para una oportuna y acertada administración de justicia.

Por lo pronto, el último fin de semana el Presidente (e) del Poder Judicial, Luis Felipe Almenara Bryson, convocó a una sesión de Sala Plena a realizarse el lunes 9 de diciembre, la misma que será dirigida por el Dr. Enrique Mendoza, Presidente Titular del Poder Judicial, a fin de evaluar los alcances del proyecto del Ejecutivo.  Es de esperar que los magistrados hagan valer su voz señalando que es difícil cumplir metas si el Estado no les ha entregado el presupuesto que anticipadamente solicitaron, pero a la vez tendrán que ser lo más sinceros ante sus deberes, comprometiéndose a hacer todo lo posible para optimizar su producción judicial, reducir sostenidamente la carga procesal y, por supuesto, mejorar la calidad de sus resoluciones.

Si conciliamos el crecimiento económico y el compromiso de los jueces por un buen servicio, bienvenidos los aumentos.