La primera de ellas fue la señora Carola Canales Cayo, luego lo hizo Roberto Ricra Jiménez. Canales Cayo acudió acompañada de sus familiares y abogados y calificó de “despojo arbitrario” de un terreno de la propiedad de la familia de 3,5 hectáreas, en el kilómetro 17.5 de la Panamericana Sur, que heredaron en 1971 de Juan Canales Pillaca.

En su manifestación, la agraviada dijo que en el 2012 se hizo una transferencia fraudulenta, una simulación de venta de los uno de los tres lotes que conformaban una unidad. La transferencia – el supuesto comprador- fue Micky Davis Torres y Torres, quien habría pagado 980 mil soles, de los cuales 158 mil lo hizo a través de un cheque de gerencia.

En enero de 2013 se ejecutó la orden de posesión del lote dos en complicidad con registradores de los Registros Públicos. En mayo de 2014 presentaron una administración cautelar, pero RR.PP. aceptó una nueva inscripción de partida a nombre de Eduardo Smith Rodríguez, quien sería testaferro de Orellana.

Carola Canales informó en la comisión que los propietarios de los tres lotes fueron desalojados de sus propiedades. La titularidad de los terrenos –según el fallo de un juzgado de paz de San Juan de Miraflores- le corresponde hoy a la empresa Copemax, vinculada al empresario. El lío judicial continúa.

El segundo agraviado, Roberto Ricra, reveló que en agosto de 2012 él y su hermana fueron desalojados de un predio en Lurigancho. Dijo que una banda de maleantes los sacaron a golpes de la propiedad e hicieron desaparecer todo lo que había en su interior para dar la apariencia de “no había ocurrido nada”.

Ricra Jiménez acudió a la comisaría a hacer la denuncia y pedir protección, pero le contestaron que no podían intervenir. Dijo que todo este proceso irregular se inició en 2011 y participaron Melgarejo López y otro de apellido Rodríguez Cachay, como abogado.

Para el desalojo argumentaron que los agraviados ofrecieron cinco lotes del terreno a sus trabajadores y que fueron notificados para que inscriban la propiedad en Registros Públicos, hecho que nunca ocurrió. Ellos señalaron que en complicidad con trabajadores de RR.PP. dos de los terrenos se inscribieron a nombre de Vallejo Huamán, una persona prontuariada, y de Melgarejo López.