cantidad de funcionarios sentenciados

A poco más tres años de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Moquegua un total de 45 funcionarios públicos fueron sentenciados por cometer delitos contra la administración pública en sus diversas modalidades.

Cabe precisar que dicha cifra fue proporcionada por la Unidad de Diseño y Seguimiento del Ministerio Público, resaltando que entre los funcionarios públicos sentenciados se encuentran los ex alcaldes de las provincias de Ilo y Mariscal Nieto, Jorge Mendoza Pérez y Edmundo Cuayla Olivera respectivamente, asimismo el ex alcalde del Centro Poblado Menor de Los Ángeles, Omar Vera Chire, la ex alcaldesa del Distrito del Algarrobal, Elva Valdivia Dávila, además de ex funcionarios de diversas entidades públicas de la región.

De acuerdo a las cifras obtenidas, son 33 los casos en que el Ministerio Público a obtenido sentencias relevantes por delitos contra la Administración Pública, de los cuales la mayoría se han dado en la provincia de Mariscal Nieto, donde se han ganado 21 casos, los mismos que equivalen al 63%, mientras que 9 casos pertenecen a la provincia de Ilo, es decir el 27% y 3 en la Provincia General Sánchez Cerro con el 10%.

Para el presidente encargado de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público, Dr. Paúl Gómez Valencia, estas sentencias demuestran un importante logro en la lucha anticorrupción, ya que adicional a los 33 casos ganados, existen en la actualidad 159 carpetas contra funcionarios públicos las cuales se encuentran en etapa de investigación.

Por otro lado, el Fiscal Superior, Paúl Gómez Valencia, manifestó que “si bien al Ministerio Público ingresan muchas denuncias contra funcionarios públicos, los denunciantes no siempre aportan con pruebas contundentes que apoyen la investigación fiscal hasta un juicio oral, por otro lado, se ha evidenciado muchas veces que los testigos no siempre están prestos a colaborar en una investigación contra funcionarios denunciados, lo que finalmente hace que el caso quede en el archivo por falta de pruebas y testimonios”.

Finalmente, Gómez Valencia, remarcó el trabajo de los fiscales, quienes en el nuevo modelo procesal penal tienen el rol de investigadores, diferente a la función de los magistrados del Poder Judicial, quienes deciden finalmente las penas a imponer a los imputados, ya que muchas veces el común de las personas piensan equivocadamente que es el Ministerio Público es quien impone las penas a los funcionarios públicos.