Fue luego del debate del texto sustitutorio que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Fredy Otárola (GPN), quien manifestó que se recogieron los aportes de los cinco proyectos presentados ( tres de la Bancada Nacionalista, una de la Alianza Parlamentaria y otra de carácter multipartidario). Dijo que los pueblos deben ser consultados sobre las leyes que afectan sus derechos y que “nunca más se debe gobernar a espaldas del pueblo”.

La finalidad de esta ley, que fue calificada de histórica por la mayoría de los congresistas, busca alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios bajo los principios de la oportunidad, la interculturalidad, la buena fe, la flexibilidad, ausencia de coacción y con información oportuna.

La decisión final corresponderá a la entidad estatal. El acuerdo que se logre tiene carácter obligatorio para ambas partes, pero en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponderá al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos sin afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo. Se indica que estos acuerdos son exigibles, en caso de incumplimiento, en vía administrativa y judicial.