martes, 26 de agosto de 2014
Continúan denuncias de afectados por compras ilegales en Caso Orellana Rengifo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN REVELA A COMISIÓN PROCESOS JUDICIALES A RED DE CORRUPCIÓN
El Ministerio de Educación es otra de las instituciones del Estado que cayó en las redes de la denunciada mafia inmobiliaria de supuestas compra de terrenos vinculada al empresario Carlos Orellana Rengifo. En la sesión del lunes 25 se presentaron la secretaria general del MINEDU y el procurador, Desilú León Chempen y Juan Antonio Sánchez Moreno, respectivamente, para explicar a la comisión investigadora los siete procesos judiciales relacionados con ilícitas apropiaciones y transferencias de inmuebles del sector educativo.
La compra fraudulenta de terrenos se produjo entre los años 2006-2012, la mayoría de ellos en los distritos de La Molina y Surco. Cuatro procesos se encuentran en la vía civil, sobre los cuales el ministerio ha interpuesto la nulidad del acto jurídico por usurpación registral; y tres procesos que se hallan en la vía penal por los delitos de falsificación de documentos, estafa y presunción de lavado de activos. Estos casos han sido puestos en conocimiento de la procuraduría respectiva, según los funcionarios.
En la vía civil se encuentran los casos de la usurpación de títulos en la urbanización La Pradera, La Molina; de tres lotes en la urbanización El Refugio, La Molina; y otro en la calle Saramano, urbanización El Eucalipto, Surco. Los terrenos figuran a nombre de un supuesto Carlos López Noriega, quien, se dijo en la comisión, ha cambiado de nombre luego de falsificar un documento de defunción.
El otro terreno es un lote de tres mil metros cuadrados ubicado en Las Casuarinas, en una ladera baldía, a nombre de Noemí del Rosario Rojas Trejos. La transferencia se hizo inicialmente en la Notaría Berrospi, pero luego de ser alertada por el Colegio de Notarios, los estafadores lo hicieron a través de la Notaría Carranza, con la complicidad de los Registros Públicos, según dijeron. La propiedad es adjudicada a la inmobiliaria “Mi Techo”.
Los procedimientos penales se han interpuesto contra López Noriega (o Cayo López Reátegui), quien está con orden de captura; contra la señora Noemí Rojas (por falsificación de documentos) y una tercera denuncia en contra de Jorge Dino Bazo.
La Secretaria General del MINEDU dijo que los casos son desde el año 2006, pero los procesos judiciales son muy lentos, lo que ha ocasionado el retraso y solución de las denuncias. Comentó que se trata de terrenos baldíos y de áreas reservadas por los proyectos de vivienda para la construcción de colegios. Informó que “se están buscando mecanismos con los gobiernos regionales para que resguarden estos y otros terrenos” que fueron destinados inicialmente y en términos generales al ministerio de Educación”.
Respondiendo a las preguntas de los congresistas de la comisión, la funcionaria señaló que se ha dispuesto la “inmovilización registral” del terreno de Las Casuarinas; sin embargo no se ha denunciado administrativamente a las notarías implicadas ni al personal de los Registros Públicos implicado en el fraude.
El congresista Teófilo Gamarra (NGP) preguntó sobre el destino de un terreno para el colegio Clorinda Matto, en el Cusco. Al respecto, se informó que ha sido admitida a trámite una demanda de ejecución de garantía contra la empresa Copex, una de las constructoras de fachada de propiedad de Orellana Rengifo.
AFECTADOS DE GAMARRA
Poco después se presentó ante la comisión que preside el congresista Vicente Zeballos (SN) un grupo de comerciantes de la galería “Santa Lucía”, ubicada en el centro empresarial de Gamarra, La Victoria.
Representados por el abogado y uno de los propietarios, Bruno Díaz Esquindo, este grupo de comerciantes fue afectado desde el 2007, luego de haberse realizado una serie de transferencias ilegales de tiendas y el embargo de otras, poco después que los nuevos “propietarios” (vinculados al empresario Orellana Rengifo), se posesionaron de ellas mediante supuestos contratos de compra-venta y documentos falsificados.
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