La guerra del cobre entre Moquegua y Tacna puso en el disparadero a la Policía.

Carne de Canon

El almuerzo del Día del Padre terminó con una llamada. Alberto Jordán masculló cuando colgó el teléfono: era urgente que volviera de Lima a Moquegua. Este general de la Policía era el jefe de la XI Región Territorial, que comprende ese departamento además de Arequipa y Tacna. Las señales emitidas por Inteligencia advertían que 350 pobladores bloquearían los tramos de la Panamericana Sur que conectan a Moquegua con los otros dos departamentos. La turba protestaba por las diferencias en el reparto del canon minero con Tacna. ¿Cómo fue que, menos de 24 horas después, Jordán y 60 de sus efectivos terminaron reducidos, arrodillados y como rehenes de los manifestantes? Ese mismo domingo, por la tarde, Jordán parlamentó con los líderes del Frente Cívico de Moquegua. En el encuentro participaron representantes de la Defensoría del Pueblo y el sacerdote Marco Antonio Cortez, párroco de la ciudad. Jordán, ex jefe de la Región Policial Callao, pidió que los manifestantes dejaran el tránsito libre y los conminó a deponer su actitud. Acordaron darse una tregua. A la medianoche los dirigentes lo llamaron a su celular. Ninguno de ellos se ponía de acuerdo al momento de tomar una decisión. La tregua quedó sin efecto. Para entonces, Jordán no tenía idea de cuántos manifestantes debía enfrentar y asegura no haber recibido una información sólida de los canales de Inteligencia policial. Jordán llamó al director de la Policía, general Octavio Salazar, a las 3:30 de la madrugada del lunes y le informó que la situación prometía empeorar. Una hora más tarde, 300 efectivos llegaron a Moquegua procedentes de Arequipa y se replegaron a la caseta de peaje del puente Montalvo, a la salida de la ciudad. Un mar de manifestantes se dirigía a ese mismo lugar. Desde el Ejecutivo se señala al humalista y comandante retirado del Ejército, Carlos Soto Sarmiento, como el gran coordinador de las protestas. El departamento tiene una importante cantidad de reservistas y sus soldados gozan de efectiva reputación. En este caso, los chistes que se burlan de la somnolencia de los moqueguanos resultaron muy poco acertados. A las 7:30 de la mañana, Jordán reunió a sus 730 efectivos. Entonces ocurrió el hecho que determinó los acontecimientos: les quitó sus armas de fuego y también las escopetas Remington de perdigones de goma. Sólo les permitió usar sus bombas lacrimógenas y escopetas lanzagranadas. Un fiscal elaboró un acta para dejar constancia que los policías marcharían sin su armamento. “El policía por defender puede morir, pero un civil no puede morir”, dijo Jordán a sus subalternos. Jordán temió que se repitiera el todavía confuso incidente ocurrido durante el paro agrario del 19 de febrero en Ayacucho, donde fallecieron dos campesinos y, como consecuencia, se juzga a un suboficial en el Primer Juzgado Penal de esa ciudad. Las muertes también llevaron al ministro del Interior, Luis Alva Castro, a las puertas de una censura congresal. A las 8 de la mañana Jordán acudió a la Iglesia de Moquegua en busca del padre Cortez. El sacerdote no se pudo comunicar con los revoltosos. Poco después, el jefe policial recibió una llamada a su celular: “General”, le informaron, “se ha iniciado el desalojo”. Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló Montalvo casi a vuelo rasante, originando que las carpas de algunos de los manifestantes volaran y se destruyeran. Algunos agentes empezaron a tomar fotos a la gente, lo que exacerbó los ánimos. Un especialista consultado considera que parte de la debacle se originó por el excesivo uso de gases lacrimógenos y el uso del helicóptero para verterlos. Jordán y un grupo de 100 efectivos, divididos en dos grupos, se dirigieron a Montalvo cruzando unas chacras. Pero en el camino fueron interceptados por 600 pobladores. Los policías lanzaron bombas lacrimógenas que no explotaron. Algunos lanzagranadas tampoco funcionaron. Los manifestantes apedrearon a Jordán y sus hombres, que fueron empujados por un barranco de cinco metros. Los policías rodaron por la pendiente. “Allí me lesioné la mano. Vi a otros efectivos heridos. Nos escondimos en un matorral, pero los manifestantes nos encontraron y nos siguieron dando”, contó Jordán a CARETAS. Un grupo de mujeres detuvo lo que pudo terminar en tragedia. Jordán y sus hombres fueron tomados en calidad de rehenes. A los heridos graves se les permitió trasladarse al hospital, mientras que el resto se quedó en una carpa hasta las cuatro de la tarde. Finalmente, todos los efectivos fueron llevados a la Iglesia de Santa Catalina. “Si usted pide disculpas, liberamos a su gente”, afirma Jordán que le dijeron los pobladores. Recién entonces se podría negociar, advirtieron. “Ni hablar”, fue su respuesta inicial. Pero los ánimos se calentaban cada vez más. Un grupo de manifestantes quemó la caseta policial del peaje, además del puesto de la Policía de Carreteras. Otros apedrearon el local del Servicio Nacional de Sanidad. Jordán es un oficial con 31 años de carrera en la institución, pero no es especialista en orden público. “¿Qué podía hacer?”, se pregunta. “Nos iban a llevar al puente para colgarnos. ¡Había sogas! Así que pedí disculpas. Y comenzamos a negociar”. El general fue liberado la tarde del martes junto a 12 efectivos heridos. Luego, ante una advertencia del Ejecutivo, los manifestantes dejaron libres a los otros 48 policías. Las imágenes transmitidas por televisión, que mostraron a Jordán ondeando la bandera blanca y haciendo arengas a favor de las paralizaciones, fueron un hueso muy duro de roer para el gobierno. El presidente Alan García comparó los hechos a la sangrienta asonada dirigida en Andahuaylas por Antauro Humala en el Año Nuevo del 2005. “Será tratado de la misma manera”, aseguró. “Entiendo que ya se ha filmado e identificado a los responsables”. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la responsabilidad en el chasco del ministro del Interior, Luis Alva Castro, García respondió que quienes fallaron fueron “los ejecutores inmediatos”. Sobre los pedidos para que el Ejército ingrese consideró que “es muy fácil pedirlo, pero cuando usted tiene 100 muertos provenientes de un ingreso con armas, entonces quiero ver qué dirán los canales y los analistas”. ¿Debieron entonces los policías utilizar sus armas de fuego? “Los policías sí podían utilizar sus armas, pero estuvieron confundidos por la propuesta de (Víctor) Mayorga. No se sintieron respaldados por su Parlamento, aunque sí tenían la potestad de usar sus armas de reglamento porque la ley sigue vigente mientras no sea derogada”, dijo a CARETAS el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. El Decreto Legislativo 982, promulgado por el Ejecutivo en agosto del año pasado, permite la inimputabilidad del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Sin embargo, el 3 de junio, la Comisión de Constitución, azuzada por el nacionalista Mayorga, derogó la norma alegando que es inconstitucional. El APRA anunció que apelará el dictamen, que será debatido por el pleno en la siguiente legislatura. El premier Jorge del Castillo aseguró a CARETAS que harán “cuestión de Estado” sobre la materia. El Presidente había declarado que “después de lo ocurrido con policías que no usaron sus armas por tener paciencia o temor de ser enjuiciados violentamente, espero que estos parlamentarios equivocados entiendan que la Policía debe usar sus armas”. Para Carlos Rivera, abogado del IDL, el uso del arma de reglamento está supeditado al criterio del oficial a cargo. “Un jefe policial tiene la atribución y la obligación de valorar y analizar el uso de la fuerza que necesitará en determinada operación. Sin embargo, no creo que circunstancies como las de Moquegua deban convalidar el DL 982. Un policía jamás será juzgado en un tribunal por asesinato si es que no se demuestra que fue negligente al usar su armamento de reglamento”, sostuvo. Jordán opina lo contrario. “La verdad es que nadie nos da las garantías del caso. Si un policía mata a una persona nos meten a la cárcel y de ahí quién nos saca”, se quejó. Como fuera, Jordán no recibió el respaldo del general Salazar. Al cierre de esta edición, el Comando Policial decidió removerlo de su puesto que será ocupado, según fuentes policiales, por el general Luis Muguruza Delgado, actual jefe de Pucallpa. Jordán deberá volver a Lima y lo más probable es que se le invite a retiro a fin de año. Jordán y Salazar, de lo recogido en la institución, no tenían la mejor de las relaciones ni sostenían la comunicación más fluida. El primero proviene de la Guardia Civil y el segundo de la PIP. Todos los generales salidos de la GC han sido destacados por Salazar fuera de Lima. El drama policial no fue la única urgencia. La situación es de tal magnitud que, con la carretera todavía cerrada, a pesar de las exigencias del gobierno para continuar las negociaciones, la Marina de Guerra tenía listo al BAP Paita para embarcar alimentos y combustible rumbo a la aislada Tacna. El desembarco se haría en el puerto de Arica, porque Ilo y Matarani estaban bloqueados por la revuelta. La ironía sería de tal naturaleza que los alimentos deben superar los requisitos fitosanitarios de Chile al momento del desembarco, y serían trasladados a la Ciudad Heroica vía el histórico trencito Arica-Tacna. Los combustibles en ese caso se embarcarían en camiones cisternas, que echarían a rodar ni bien el BAP Paita toque tierra. Disipada la cortina de gases lacrimógenos, queda por discutir el conflicto de fondo. La protesta de los moqueguanos se prendió por el reparto del canon de la producción de cobre, que equivale al 50% del impuesto a la renta que obtiene el Estado por la explotación. Los yacimientos de Cuajone, en Moquegua, y Toquepala, en Tacna, son usufructuados por Southern Perú (SP), de capitales mexicanos. El 2007 fue un año boyante para Southern, con el cobre a US$ 3 la libra y un volumen de utilidades de casi S/. 4,281 millones. De estas, Southern entregó S/. 1,801 millones de impuesto a la renta correspondiente al 2007. Lo que les tocaba como canon a los gobiernos regionales y locales de los dos departamentos era S/. 935 millones. El Ministerio de Energía y Minas determinó que Tacna reciba S/. 711 millones y Moquegua S/. 224 millones. El yacimiento de SP en Cuajone produjo el año pasado 182,117 toneladas de “cobre contenido en concentrados”, y el de Toquepala, en Tacna, 177,538 toneladas. Pero el gobierno de Alejandro Toledo zanjó el tema del reparto en el 2002, disponiendo que el canon se calcule en base al “material removido” en la operación minera. El citado reglamento fue promulgado cuando el ministro de Economía era Pedro Pablo Kuczynski. PPK no recuerda haber rubricado la ley pero, de todos modos, dice no estar de acuerdo con ese dispositivo: “las utilidades se generan del cobre y no del material removido”, explica. La leal Toquepala es el yacimiento más antiguo de SP y es mucho mayor el material removido para obtener similar cantidad de cobre que en Cuajone. El año pasado, en el primer caso se movieron 111 millones de toneladas de tierra y en el segundo, solo 30 millones. En los últimos años, la balanza del canon se fue inclinando a favor de Tacna: –2004: Tacna S/. 220 millones, Moquegua S/. 229 millones. –2005: Tacna S/. 392, Moquegua S/. 300. –2006: Tacna S/. 610, Moquegua S/. 362. –2007: Tacna S/. 711, Moquegua S/. 224. Para el 2007, el presidente del Colegio de Ingenieros de Moquegua, Martín Vizcarra, señala que, habiendo producido el 52% del cobre, les corresponde S/.468 millones. Desde el gobierno acusaron al congresista moqueguano Washington Zevallos (UPP) de entorpecer las negociaciones que se adelantaron el lunes 16, por tener un discurso adentro, con los alcaldes, y otro hacia los medios. Para él, Tacna se favorece porque empezó a procesar los depósitos de Totoral y Somarrona, en Toquepala, que eran materiales ya extraídos. Además, sostiene que el MEM interpreta erróneamente la norma. El reglamento de la Ley del Canon establece que ante concesiones en distintas regiones “la distribución se realizará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado”. El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería define beneficio como el proceso físico o químico que se realiza “para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales”. La Comisión de Energía del Congreso, presidida por Cecilia Chacón, envió un oficio al premier Jorge del Castillo y los ministerios de Energía y Minas y de Economía, indicando que el Ejecutivo está malinterpretando las normas en el reparto del canon. En junio del año pasado, las autoridades moqueguanas, encabezadas por el presidente Jaime Rodríguez, alertaron al Ejecutivo que no se estaba distribuyendo correctamente el canon. Desde entonces, hubo varias reuniones y oficios con el gobierno. El ministro Juan Valdivia ratificó que seguía lo que estipulaba la norma. El propio AGP calificó lo ocurrido como “un conflicto originado por la abundancia de recursos que ambas regiones reciben”. Parte de la paradoja está en lo que, en palabras de un analista independiente, es “la pelea para poner más plata en el banco”. El grado de ejecución del canon en Moquegua es de 40%, pero el de Tacna apenas es del 25%. El saldo duerme en las arcas del Banco de la Nación. Moquegua tiene allí S/. 230 millones (40 de la región y 182 de los municipios) y Tacna cuenta con S/. 506 millones (215 de la región y 291 de los municipios). La organización Propuesta Ciudadana advierte el peligro de caricaturizar la situación, pues con los aparatos técnicos con los que cuentan las regiones sería más bien riesgoso pretender que ejecuten el 100%. El otro extremo está en un municipio como Sánchez Cerro, que pertenece a la sierra de Moquegua, adolece de graves carencias y no ha presentado ningún proyecto a los concursos realizados por el Estado en la zona, donde más de mil municipios pusieron a consideración sus propuestas. Según la última encuesta nacional del INEI, Moquegua, con una tasa de 25.8% de pobreza, tiene un gasto promedio mensual de S/. 383. Tacna, cuya pobreza es de 20.4%, presenta el gasto promedio de S/. 411. ¿Qué viene de aquí en adelante? El grupo negociador que llegó a Lima cerca de la medianoche del martes 17 está encabezado por Vizcarra, del Colegio de Ingenieros. El radical Zenón Cuevas, presidente del Frente de Defensa de Moquegua, pretendió subirse al avión enviado por el gobierno con seis representantes más. Al final, no llegó a la sede de la PCM. Cuevas es señalado como militante del Movimiento Nueva Izquierda (MNI), que integra Patria Roja. Fue director de Educación en el gobierno regional de Cristala Constantinides. Ella es presidenta honoraria del referido Frente de Defensa y fue la principal responsable por torpedear en el 2005 la creación de la macrorregión Moquegua-Tacna-Arequipa-Puno. Entonces, el canon del año pasado todavía le daba ventaja a Moquegua, y prefirió no correr el riesgo de tener que distribuir sus excedentes entre los socios regionales. En el futuro el puerto de Ilo debe convertirse en otra fuente adicional de canon, a medida que los productos brasileños vía la Interoceánica se despachen por ese puerto. Más aún, SP tiene planes para incrementar su producción de cobre en 80% al 2011. Acaban de anunciar el inicio de las operaciones en el yacimiento de Tía María. De acuerdo a fuentes de la minera, la sustentabilidad del aporte económico de la región se va a dar a medida que la producción siga aumentando, independientemente del precio del cobre futuro. Moquegua reaccionó entonces de manera mezquina y cortoplacista. Constantinides buscó la reelección pero sólo obtuvo 12% de los votos. Sin embargo, sigue encarnando una fuerza política de un provincianismo urticante que, en parte, se expresó en la huelga de hambre que realizaron 15 alcaldes distritales en el Club Moquegua de Lima. Mientras tanto, Hugo Ordóñez, presidente regional de Tacna, y su hermano, el congresista nacionalista Juvenal Ordóñez, aprovechaban la situación para volver a poner sobre el tapete el impuesto a las sobreganancias. Así, sostuvieron, ambas regiones salían ganando. Ocurre que las matemáticas de la negociación podrían terminar por afectar a Tacna. Trascendió que la exigencia moqueguana de los S/. 468 millones podría reducirse a que al menos reciban el canon del año pasado, S/. 362 millones. Una opción que baraja el gobierno es que el pago adicional se realice en obras por un monto determinado, ejecutadas a lo largo de varios años. No se considera la transferencia en efectivo ni que se altere el monto determinado para Tacna en el 2007. Lo que sí es seguro es que las cuentas del canon serán separadas por región a partir del próximo año.