En la edición de hoy 18 de junio el diario El Comercio de Lima, emite una nota editorial exigiendo la instauración del estado de derecho en Moquegua, exige fortaleza al gobierno para intervenir, pero no profundiza el tema de fondo del conflicto y la gran responsabilidad del anterior gobierno y del actual (APRISTA), que tiene el tema para su solución hace más de un año en los escritorios de sus funcionarios "dorados", pero no han aportado soluciones al tema, las autoridades y el pueblo Moqueguano han agotado todo el tiempo necesario y las instancias de dialogo, pero el gobierno y el premier han sólo dilatado la solución al problema, sólo hace una semana han tomado el asunto en serio luego de iniciarse la huelga indefinida en Moquegua.

Pero leamos que dice el editorial del Comercio de hoy 18 de junio.

EDITORIAL Moquegua: principio de autoridad no puede vapulearse más

Los graves sucesos de los últimos días en Moquegua han desnudado muchas debilidades de la estructura del Estado y la gestión gubernamental, pero también el ánimo desestabilizador de ciertos grupos radicales que aprovechan el más mínimo resquicio para atizar la violencia. Como consecuencia de todo ello, ha salido seriamente resquebrajado el principio de autoridad, con todo lo que ello significa. Ha sido lamentable, absurdo y vergonzoso ver cómo un alto jefe policial y 60 efectivos fueron reducidos y mantenidos como rehenes por una turba incontrolable, que los obligó a cantar y pedir perdón. Es decir, ¡el mundo al revés!: la autoridad jaqueada y literalmente por los suelos y el Estado de derecho peligrosamente desvirtuado, con lo que se sienta un peligrosísimo e intolerable precedente. El mensaje que se da al resto del país es francamente nefasto: para conseguir algo, lo que fuera, no vale el diálogo sino que hay que apelar a la violencia más extrema; la masa desbocada que protesta lo justifica todo, no solo el bloqueo de carreteras y el desabastecimiento de grandes centros poblados, sino también el pisoteo de la ley y de la autoridad que la representa. Tal situación demanda explicaciones y soluciones urgentes y coherentes para restaurar el imperio de la autoridad, de la ley y del orden. Hay serias responsabilidades por asumir, primero del Ejecutivo, que no previó ni tomó medidas para evitar que un conflicto en curso se les fuera de las manos y se desbordara a tal extremo. No funcionaron ni la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, ni los mecanismos de enlace y coordinación con los gobiernos regionales y locales de Tacna y Moquegua, ni los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior. Tampoco hubo una estrategia policial eficaz para enfrentar la protesta y desbloquear las vías, y en este fracaso el general retenido no puede ser el chivo expiatorio. Finalmente, se aplica la política del bombero, donde se acude a última hora para apagar incendios. Al centro de todo está la norma de cálculo y distribución del canon minero, problema que viene de años atrás y exige urgentes modificaciones que recién en estos días se han planteado y aprobado. Sin embargo, el acuerdo preliminar al que se habría llegado con las autoridades regionales no ha servido de mucho. Solo ayer, luego de arduas negociaciones, se logró la liberación de los policías rehenes, pero continuaban los bloqueos, las amenazas y los oídos sordos a la autoridad y al derecho de las mayorías a circular y a sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los dirigentes que se sientan a la mesa de negociación no tienen suficiente representatividad y autoridad? ¿O que quienes protestan en el sur obedecen a otras consignas y otros liderazgos radicales agazapados que jalan agua para otros molinos? Tal situación no puede continuar. Ha sido oportuna la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia para calmar los ánimos y propiciar un clima de distensión, pero la gravedad del momento exige reflexionar seriamente sobre lo que se hizo o se dejó de hacer. Nunca más vigente la iniciativa de formar macrorregiones, precisamente para aprovechar mejor las potencialidades de regiones separadas y evitar conflictos y enfrentamientos como los actuales. Pero, para ello hay que vencer muchas resistencias, desde las de los caudillos locales hasta las de sectores chauvinistas o radicales que no ven más allá de sus narices e intereses. Finalmente, por la salud del Estado de derecho, desde las más altas instancias del Estado --los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- debe tomarse nota de que lo sucedido no puede pasarse por alto. Y si bien tenemos que propiciar más y mejores mecanismos de diálogo y acción dentro de la estructura del Estado, por otro lado la afrenta a la ley no puede quedar impune. Hay que deslindar responsabilidades (políticas, corporativas y personales) y aplicar las sanciones correspondientes a las gravísimas faltas. No hacerlo significaría abrir las puertas al desorden y la anarquía, que es lo que buscan algunos irresponsables y desestabilizadores de opciones extremas.