Por iniciativa de la congresista Hildebrandt la Comisión de Educación del Legislativo debate mañana la posibilidad de establecer el pago de pensiones en las universidades públicas, para estudiantes provenientes de colegios privados. Con ello –se aduce– estas universidades contarán con más fondos para la investigación. Ciertamente, las universidades públicas requieren mayores fondos (Las 36 existentes no reciben del Tesoro Público ni el 10% de lo que recibe la UNAM) y es urgente impulsar en ellas la investigación. En un mundo en que la capacidad de producir conocimiento define la cuota de poder y, por tanto, la viabilidad de los países, los discursos sobre el desarrollo que no van acompañados de definiciones sobre qué hacer con la educación superior para ponerla en condiciones de formar profesionales competentes a escala internacional y producir conocimiento que incorpore valor agregado a nuestra producción, son falaces. Ningún país se ha desarrollado sin un fuerte impulso de la educación superior, y la nuestra, en ausencia de políticas de Estado para ello, se halla en severa crisis, con universidades públicas en virtual abandono (el Ministerio de Educación apenas es un ministerio de la educación básica) y aquellas otras “con fines de lucro” que han pauperizado la calidad académica a niveles surrealistas, como ocurre con sus filiales que, en número imprecisable, otorgan “a nombre de la Nación” grados –y postgrados- y títulos deleznables (la CAFME, que evaluaba y acreditaba las facultades de medicina, fue suprimida con rúbrica del actual Ministro de Educación, cuya universidad posee sendas filiales con facultades de medicina sobrepobladas). No son pues, medidas aisladas las que urgen en la educación superior, sino la definición de políticas de Estado y una reforma integral. En la tensión con el SUTEP, el Presidente García suscribió el año pasado el Proyecto Educativo Nacional, presentado por el CNE, cuyos lineamientos abarcan la educación superior. En recientes y desafortunadas declaraciones, con su habitual aire despectivo, lo calificó como “un documento de 26 páginas genéricas…” Además del desconocimiento que dichas palabras revelan, muestran que la educación no se halla en su real horizonte de intereses; menos aún la educación superior. En ese panorama, la discusión de una nueva Ley Universitaria se perdió de vista.