Torata en Emergencia de Salud
Campaña Tributaria Municipal
Encuentro Juvenil Andino
Protesta Si, Vandalismo NO
Revista Caretas y la Huelga de Moquegua
El almuerzo del Día del Padre terminó con una llamada. Alberto Jordán masculló cuando colgó el teléfono: era urgente que volviera de Lima a Moquegua.
Este general de la Policía era el jefe de la XI Región Territorial, que comprende ese departamento además de Arequipa y Tacna. Las señales emitidas por Inteligencia advertían que 350 pobladores bloquearían los tramos de la Panamericana Sur que conectan a Moquegua con los otros dos departamentos. La turba protestaba por las diferencias en el reparto del canon minero con Tacna.
¿Cómo fue que, menos de 24 horas después, Jordán y 60 de sus efectivos terminaron reducidos, arrodillados y como rehenes de los manifestantes?
Ese mismo domingo, por la tarde, Jordán parlamentó con los líderes del Frente Cívico de Moquegua. En el encuentro participaron representantes de la Defensoría del Pueblo y el sacerdote Marco Antonio Cortez, párroco de la ciudad.
Jordán, ex jefe de la Región Policial Callao, pidió que los manifestantes dejaran el tránsito libre y los conminó a deponer su actitud. Acordaron darse una tregua. A la medianoche los dirigentes lo llamaron a su celular. Ninguno de ellos se ponía de acuerdo al momento de tomar una decisión. La tregua quedó sin efecto.
Para entonces, Jordán no tenía idea de cuántos manifestantes debía enfrentar y asegura no haber recibido una información sólida de los canales de Inteligencia policial.
Jordán llamó al director de la Policía, general Octavio Salazar, a las 3:30 de la madrugada del lunes y le informó que la situación prometía empeorar. Una hora más tarde, 300 efectivos llegaron a Moquegua procedentes de Arequipa y se replegaron a la caseta de peaje del puente Montalvo, a la salida de la ciudad. Un mar de manifestantes se dirigía a ese mismo lugar.
Desde el Ejecutivo se señala al humalista y comandante retirado del Ejército, Carlos Soto Sarmiento, como el gran coordinador de las protestas. El departamento tiene una importante cantidad de reservistas y sus soldados gozan de efectiva reputación. En este caso, los chistes que se burlan de la somnolencia de los moqueguanos resultaron muy poco acertados.
A las 7:30 de la mañana, Jordán reunió a sus 730 efectivos. Entonces ocurrió el hecho que determinó los acontecimientos: les quitó sus armas de fuego y también las escopetas Remington de perdigones de goma. Sólo les permitió usar sus bombas lacrimógenas y escopetas lanzagranadas. Un fiscal elaboró un acta para dejar constancia que los policías marcharían sin su armamento.
“El policía por defender puede morir, pero un civil no puede morir”, dijo Jordán a sus subalternos. Jordán temió que se repitiera el todavía confuso incidente ocurrido durante el paro agrario del 19 de febrero en Ayacucho, donde fallecieron dos campesinos y, como consecuencia, se juzga a un suboficial en el Primer Juzgado Penal de esa ciudad. Las muertes también llevaron al ministro del Interior, Luis Alva Castro, a las puertas de una censura congresal.
A las 8 de la mañana Jordán acudió a la Iglesia de Moquegua en busca del padre Cortez. El sacerdote no se pudo comunicar con los revoltosos. Poco después, el jefe policial recibió una llamada a su celular: “General”, le informaron, “se ha iniciado el desalojo”.
Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló Montalvo casi a vuelo rasante, originando que las carpas de algunos de los manifestantes volaran y se destruyeran. Algunos agentes empezaron a tomar fotos a la gente, lo que exacerbó los ánimos. Un especialista consultado considera que parte de la debacle se originó por el excesivo uso de gases lacrimógenos y el uso del helicóptero para verterlos.
Jordán y un grupo de 100 efectivos, divididos en dos grupos, se dirigieron a Montalvo cruzando unas chacras. Pero en el camino fueron interceptados por 600 pobladores. Los policías lanzaron bombas lacrimógenas que no explotaron. Algunos lanzagranadas tampoco funcionaron. Los manifestantes apedrearon a Jordán y sus hombres, que fueron empujados por un barranco de cinco metros. Los policías rodaron por la pendiente.
“Allí me lesioné la mano. Vi a otros efectivos heridos. Nos escondimos en un matorral, pero los manifestantes nos encontraron y nos siguieron dando”, contó Jordán a CARETAS. Un grupo de mujeres detuvo lo que pudo terminar en tragedia. Jordán y sus hombres fueron tomados en calidad de rehenes.
A los heridos graves se les permitió trasladarse al hospital, mientras que el resto se quedó en una carpa hasta las cuatro de la tarde. Finalmente, todos los efectivos fueron llevados a la Iglesia de Santa Catalina. “Si usted pide disculpas, liberamos a su gente”, afirma Jordán que le dijeron los pobladores. Recién entonces se podría negociar, advirtieron. “Ni hablar”, fue su respuesta inicial. Pero los ánimos se calentaban cada vez más.
Un grupo de manifestantes quemó la caseta policial del peaje, además del puesto de la Policía de Carreteras. Otros apedrearon el local del Servicio Nacional de Sanidad.
Jordán es un oficial con 31 años de carrera en la institución, pero no es especialista en orden público. “¿Qué podía hacer?”, se pregunta. “Nos iban a llevar al puente para colgarnos. ¡Había sogas! Así que pedí disculpas. Y comenzamos a negociar”.
El general fue liberado la tarde del martes junto a 12 efectivos heridos. Luego, ante una advertencia del Ejecutivo, los manifestantes dejaron libres a los otros 48 policías.
Las imágenes transmitidas por televisión, que mostraron a Jordán ondeando la bandera blanca y haciendo arengas a favor de las paralizaciones, fueron un hueso muy duro de roer para el gobierno.
El presidente Alan García comparó los hechos a la sangrienta asonada dirigida en Andahuaylas por Antauro Humala en el Año Nuevo del 2005. “Será tratado de la misma manera”, aseguró. “Entiendo que ya se ha filmado e identificado a los responsables”. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la responsabilidad en el chasco del ministro del Interior, Luis Alva Castro, García respondió que quienes fallaron fueron “los ejecutores inmediatos”. Sobre los pedidos para que el Ejército ingrese consideró que “es muy fácil pedirlo, pero cuando usted tiene 100 muertos provenientes de un ingreso con armas, entonces quiero ver qué dirán los canales y los analistas”.
¿Debieron entonces los policías utilizar sus armas de fuego? “Los policías sí podían utilizar sus armas, pero estuvieron confundidos por la propuesta de (Víctor) Mayorga. No se sintieron respaldados por su Parlamento, aunque sí tenían la potestad de usar sus armas de reglamento porque la ley sigue vigente mientras no sea derogada”, dijo a CARETAS el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.
El Decreto Legislativo 982, promulgado por el Ejecutivo en agosto del año pasado, permite la inimputabilidad del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Sin embargo, el 3 de junio, la Comisión de Constitución, azuzada por el nacionalista Mayorga, derogó la norma alegando que es inconstitucional. El APRA anunció que apelará el dictamen, que será debatido por el pleno en la siguiente legislatura. El premier Jorge del Castillo aseguró a CARETAS que harán “cuestión de Estado” sobre la materia. El Presidente había declarado que “después de lo ocurrido con policías que no usaron sus armas por tener paciencia o temor de ser enjuiciados violentamente, espero que estos parlamentarios equivocados entiendan que la Policía debe usar sus armas”.
Para Carlos Rivera, abogado del IDL, el uso del arma de reglamento está supeditado al criterio del oficial a cargo. “Un jefe policial tiene la atribución y la obligación de valorar y analizar el uso de la fuerza que necesitará en determinada operación. Sin embargo, no creo que circunstancies como las de Moquegua deban convalidar el DL 982. Un policía jamás será juzgado en un tribunal por asesinato si es que no se demuestra que fue negligente al usar su armamento de reglamento”, sostuvo.
Jordán opina lo contrario. “La verdad es que nadie nos da las garantías del caso. Si un policía mata a una persona nos meten a la cárcel y de ahí quién nos saca”, se quejó.
Como fuera, Jordán no recibió el respaldo del general Salazar. Al cierre de esta edición, el Comando Policial decidió removerlo de su puesto que será ocupado, según fuentes policiales, por el general Luis Muguruza Delgado, actual jefe de Pucallpa. Jordán deberá volver a Lima y lo más probable es que se le invite a retiro a fin de año.
Jordán y Salazar, de lo recogido en la institución, no tenían la mejor de las relaciones ni sostenían la comunicación más fluida. El primero proviene de la Guardia Civil y el segundo de la PIP. Todos los generales salidos de la GC han sido destacados por Salazar fuera de Lima.
El drama policial no fue la única urgencia. La situación es de tal magnitud que, con la carretera todavía cerrada, a pesar de las exigencias del gobierno para continuar las negociaciones, la Marina de Guerra tenía listo al BAP Paita para embarcar alimentos y combustible rumbo a la aislada Tacna. El desembarco se haría en el puerto de Arica, porque Ilo y Matarani estaban bloqueados por la revuelta.
La ironía sería de tal naturaleza que los alimentos deben superar los requisitos fitosanitarios de Chile al momento del desembarco, y serían trasladados a la Ciudad Heroica vía el histórico trencito Arica-Tacna. Los combustibles en ese caso se embarcarían en camiones cisternas, que echarían a rodar ni bien el BAP Paita toque tierra.
Disipada la cortina de gases lacrimógenos, queda por discutir el conflicto de fondo. La protesta de los moqueguanos se prendió por el reparto del canon de la producción de cobre, que equivale al 50% del impuesto a la renta que obtiene el Estado por la explotación. Los yacimientos de Cuajone, en Moquegua, y Toquepala, en Tacna, son usufructuados por Southern Perú (SP), de capitales mexicanos.
El 2007 fue un año boyante para Southern, con el cobre a US$ 3 la libra y un volumen de utilidades de casi S/. 4,281 millones. De estas, Southern entregó S/. 1,801 millones de impuesto a la renta correspondiente al 2007. Lo que les tocaba como canon a los gobiernos regionales y locales de los dos departamentos era S/. 935 millones.
El Ministerio de Energía y Minas determinó que Tacna reciba S/. 711 millones y Moquegua S/. 224 millones.
El yacimiento de SP en Cuajone produjo el año pasado 182,117 toneladas de “cobre contenido en concentrados”, y el de Toquepala, en Tacna, 177,538 toneladas.
Pero el gobierno de Alejandro Toledo zanjó el tema del reparto en el 2002, disponiendo que el canon se calcule en base al “material removido” en la operación minera.
El citado reglamento fue promulgado cuando el ministro de Economía era Pedro Pablo Kuczynski. PPK no recuerda haber rubricado la ley pero, de todos modos, dice no estar de acuerdo con ese dispositivo: “las utilidades se generan del cobre y no del material removido”, explica.
La leal Toquepala es el yacimiento más antiguo de SP y es mucho mayor el material removido para obtener similar cantidad de cobre que en Cuajone. El año pasado, en el primer caso se movieron 111 millones de toneladas de tierra y en el segundo, solo 30 millones.
En los últimos años, la balanza del canon se fue inclinando a favor de Tacna:
–2004: Tacna S/. 220 millones,
Moquegua S/. 229 millones.
–2005: Tacna S/. 392,
Moquegua S/. 300.
–2006: Tacna S/. 610,
Moquegua S/. 362.
–2007: Tacna S/. 711,
Moquegua S/. 224.
Para el 2007, el presidente del Colegio de Ingenieros de Moquegua, Martín Vizcarra, señala que, habiendo producido el 52% del cobre, les corresponde S/.468 millones.
Desde el gobierno acusaron al congresista moqueguano Washington Zevallos (UPP) de entorpecer las negociaciones que se adelantaron el lunes 16, por tener un discurso adentro, con los alcaldes, y otro hacia los medios. Para él, Tacna se favorece porque empezó a procesar los depósitos de Totoral y Somarrona, en Toquepala, que eran materiales ya extraídos.
Además, sostiene que el MEM interpreta erróneamente la norma. El reglamento de la Ley del Canon establece que ante concesiones en distintas regiones “la distribución se realizará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado”. El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería define beneficio como el proceso físico o químico que se realiza “para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales”.
La Comisión de Energía del Congreso, presidida por Cecilia Chacón, envió un oficio al premier Jorge del Castillo y los ministerios de Energía y Minas y de Economía, indicando que el Ejecutivo está malinterpretando las normas en el reparto del canon.
En junio del año pasado, las autoridades moqueguanas, encabezadas por el presidente Jaime Rodríguez, alertaron al Ejecutivo que no se estaba distribuyendo correctamente el canon. Desde entonces, hubo varias reuniones y oficios con el gobierno. El ministro Juan Valdivia ratificó que seguía lo que estipulaba la norma.
El propio AGP calificó lo ocurrido como “un conflicto originado por la abundancia de recursos que ambas regiones reciben”. Parte de la paradoja está en lo que, en palabras de un analista independiente, es “la pelea para poner más plata en el banco”.
El grado de ejecución del canon en Moquegua es de 40%, pero el de Tacna apenas es del 25%. El saldo duerme en las arcas del Banco de la Nación. Moquegua tiene allí S/. 230 millones (40 de la región y 182 de los municipios) y Tacna cuenta con S/. 506 millones (215 de la región y 291 de los municipios).
La organización Propuesta Ciudadana advierte el peligro de caricaturizar la situación, pues con los aparatos técnicos con los que cuentan las regiones sería más bien riesgoso pretender que ejecuten el 100%. El otro extremo está en un municipio como Sánchez Cerro, que pertenece a la sierra de Moquegua, adolece de graves carencias y no ha presentado ningún proyecto a los concursos realizados por el Estado en la zona, donde más de mil municipios pusieron a consideración sus propuestas.
Según la última encuesta nacional del INEI, Moquegua, con una tasa de 25.8% de pobreza, tiene un gasto promedio mensual de S/. 383. Tacna, cuya pobreza es de 20.4%, presenta el gasto promedio de S/. 411.
¿Qué viene de aquí en adelante? El grupo negociador que llegó a Lima cerca de la medianoche del martes 17 está encabezado por Vizcarra, del Colegio de Ingenieros. El radical Zenón Cuevas, presidente del Frente de Defensa de Moquegua, pretendió subirse al avión enviado por el gobierno con seis representantes más. Al final, no llegó a la sede de la PCM.
Cuevas es señalado como militante del Movimiento Nueva Izquierda (MNI), que integra Patria Roja. Fue director de Educación en el gobierno regional de Cristala Constantinides. Ella es presidenta honoraria del referido Frente de Defensa y fue la principal responsable por torpedear en el 2005 la creación de la macrorregión Moquegua-Tacna-Arequipa-Puno. Entonces, el canon del año pasado todavía le daba ventaja a Moquegua, y prefirió no correr el riesgo de tener que distribuir sus excedentes entre los socios regionales.
En el futuro el puerto de Ilo debe convertirse en otra fuente adicional de canon, a medida que los productos brasileños vía la Interoceánica se despachen por ese puerto. Más aún, SP tiene planes para incrementar su producción de cobre en 80% al 2011. Acaban de anunciar el inicio de las operaciones en el yacimiento de Tía María.
De acuerdo a fuentes de la minera, la sustentabilidad del aporte económico de la región se va a dar a medida que la producción siga aumentando, independientemente del precio del cobre futuro.
Moquegua reaccionó entonces de manera mezquina y cortoplacista.
Constantinides buscó la reelección pero sólo obtuvo 12% de los votos. Sin embargo, sigue encarnando una fuerza política de un provincianismo urticante que, en parte, se expresó en la huelga de hambre que realizaron 15 alcaldes distritales en el Club Moquegua de Lima.
Mientras tanto, Hugo Ordóñez, presidente regional de Tacna, y su hermano, el congresista nacionalista Juvenal Ordóñez, aprovechaban la situación para volver a poner sobre el tapete el impuesto a las sobreganancias. Así, sostuvieron, ambas regiones salían ganando.
Ocurre que las matemáticas de la negociación podrían terminar por afectar a Tacna. Trascendió que la exigencia moqueguana de los S/. 468 millones podría reducirse a que al menos reciban el canon del año pasado, S/. 362 millones. Una opción que baraja el gobierno es que el pago adicional se realice en obras por un monto determinado, ejecutadas a lo largo de varios años. No se considera la transferencia en efectivo ni que se altere el monto determinado para Tacna en el 2007. Lo que sí es seguro es que las cuentas del canon serán separadas por región a partir del próximo año. Moqueguanazo fue advertido por inteligencia de PNP
tria Roja, que en los últimos años ha intensificado en todas las regiones del país a través de Frentes de Defensa, tal como lo ha reportado el sistema de inteligencia a las instancias políticas, militares y policiales desde noviembre pasado.
En estos análisis se señala reiteradamente que Patria Roja utiliza a los Frentes de Defensa como instrumentos de cohesión con fines desestabilizadores de la democracia, socavando la autoridad legítimamente elegida y pretendiendo imponer por la fuerza plataformas de lucha politizadas.
Por eso no sorprendió ver a Patria Roja representado por líderes locales como Zenón Cueva Pare y Natalio Pilco Alberto, que dirigen actualmente el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua. Asimismo a humalistas de las facciones de Olllanta Humala y de Antauro Humala, así como a dirigentes que buscan recuperar protagonismo como Cristala Constantinides.
Los análisis advierten que este conflicto también ha permitido reconocer que el éxito de este Frente de Defensa radica en la inmediatez de los objetivos por conseguir, los mismos que son fácilmente percibidos por la masa que los secunda.
En el caso concreto de Moquegua, la solución se pactó entre representantes designados por este poder popular dejando de lado a las autoridades formales, se afirma.
Connotación política
Se subraya, además, que el conflicto tuvo una connotación política desde su inicio bajo una cubierta reivindicativa, en la que la violencia social se constituye en el método de presión, que ha tenido diversos efectos.
Dentro de estos efectos está el deterioro del principio de autoridad, el enfrentamiento entre autoridades del Poder Ejecutivo, muestras de debilidad por las autoridades encargadas del orden, desabastecimiento de artículos de primera necesidad, imagen de grave conflictividad social y percepción de conseguir objetivos bajo presión.
La clave
Los reportes de Inteligencia señalan que el paro de la CGTP de julio de 2007 permitió identificar que los gobiernos regionales y municipales, sobre todo aquellos que se caracterizan por su precariedad de respaldo popular en su elección, fueron sobrepasados por una nueva dirigencia ligada a la base social, lo que les ha permitido crear los llamados “Frentes de Defensa”, a través de los cuales presionan a las autoridades bajo la amenaza de la revocatoria.
Esta figura –se anota– es la que se presentó en el caso de Moquegua, en la que las autoridades elegidas no han podido obtener resultados ante las autoridades del gobierno central, concretamente de los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, directamente involucrados en el tratamiento del problema de la distribución del canon minero.
El dato
El escenario de inoperatividad de las autoridades formales de la región y la capital, en este caso los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, crearon las condiciones para el conflicto que adquirió dimensiones de violencia, aislamiento, desabastecimiento, enfrentamiento y desacato a la autoridad, conducido por elementos opositores al régimen y antisistemas. Moqueguanazo humillo a la Policía
Entrevista: Víctor Cortés H. Foto: Alberto Valderrama
En Santa Anita emplearon a seis mil policías para desalojar a 500 personas; en Moquegua fue al revés, emplearon a 500 policías de Lima y otros lugares para contener entre 15 a 20 mil exaltados….
El general PNP (r) Remigio Hernani Meloni, ex director general de Investigación Criminal (Dirincri), es un duro crítico de la gestión del actual director general de la PNP, Octavio Salazar, a quien, sin reparos, pide que renuncie porque considera que su gestión le está haciendo grave daño a la institución.
–General, usted cuestionó el operativo en Santa Anita en momentos en que muchos decían que fue un éxito, ¿podría resumir sus observaciones?
Bueno, en términos generales yo sostengo que dicho operativo no fue del éxito que se pregona. Fíjese, se hablaba de miles de personas armadas hasta los dientes. Cuando llega la orden del juez, se suspendieron las garantías en la zona y emplearon a seis mil policías. Al final, se sabe que no pasaban de 500 a 600 personas las que estaban en el mercado, en su mayoría mujeres y niños, y que al final salieron corriendo. Después dijeron que encontraron armas. Entonces, estuvimos ante un hecho en el que se dejó a Lima prácticamente desguarnecida, porque todo se concentró en Santa Anita. Se hizo un bluff y se le pone como ejemplo. Incluso, leí una versión en donde se dice: “Así como los militares tienen Chavín de Huántar, nosotros tenemos Santa Anita”. No tiene punto de comparación, fue un desperdicio. Se usaron muchos recursos de la Policía para ese operativo... y sin garantías.
–¿Es eso un agravante, acaso?
Por supuesto, los recursos nunca sobran, sin embargo, se dilapidaron recursos para sacar a 500 personas…
–¿Y cómo observa lo ocurrido ahora en Moquegua?
Ah bueno, si en Santa Anita emplearon a seis mil policías para desalojar a quinientas personas; en Moquegua fue al revés, emplearon 500 policías de Lima y 200 de otros lugares para contener entre 15 a 20 mil exaltados… y ojo... en un área sumamente amplia; en Santa Anita estuvo focalizado en un solo sitio…
–¿Entonces hubo una mala evaluación?
Por supuesto, en los dos casos hubo mala evaluación. En la primera se pasaron de recursos y en el segundo faltaron recursos.
–¿Debieron mandar muchos más policías?
No necesariamente, lo que faltó fue una labor y evaluación de inteligencia.
– ¿Qué debería dar esa evaluación de inteligencia?
Permite saber qué está pasando realmente, cómo están organizados, cuántos son exactamente, qué armas tienen, etc., lo cual permite la planificación anticipada, para disponer los recursos humanos necesarios. ¿Usted cree que el general Jordán se iba a dejar capturar teniendo la Inteligencia necesaria? ¡No! Esa inteligencia la debió dar la Digemin, el general Cárdenas y la Dirin, que pertenece a la Policía Nacional, donde está el coronel Sihuas, que es para un cargo de general, sin embargo él la está ejerciendo con cero eficiencia.
–¿Se puede decir que al general Jordán lo llevaron al sacrificio?
Lo metieron a la boca del lobo, lo regalaron. Mientras la Dinoes disparaba y hacía una serie de operativos, el general Jordán estaba en la ciudad hablando con el sacerdote, tratando de negociar. Entonces, lo pusieron contra la pared y lo tomaron de rehén.
–¿Y cómo califica el que prácticamente secuestren a 70 policías incluyendo al general Jordán?
Una verdadera humillación, un vejamen. Esto nunca ha pasado, nunca le ha ocurrido a la Policía, es un vejamen… por eso yo digo: General Salazar pida su renuncia… no le siga haciendo daño a la Policía, denle la oportunidad a otros generales que tengan capacidad para solucionar los problemas. Usted como director ya fracasó.
Distritalización policial
–Y en cuanto a la distritalización de la Policía ¿hay avances o los mismos problemas?
Lo que se ha hecho es reunir los recursos de Jesús María en Lince. Todos los vehículos están a disposición del coronel a cargo. Es decir, han concentrado los recursos de tal manera que cuando alguien pide un auxilio tienen que llamar al comandante, después al coronel, y cuál es la solución, ninguna.
–¿Quiere decir que se ha burocratizado?
No, simplemente no ha avanzado un ápice. En consecuencia, sigue habiendo inseguridad y la población tiene razón en quejarse. Le doy otro ejemplo, investigación criminal en las distritales está relegada a cuatro o cinco personas. Muchos de ellos son gente improvisada, que no sabe y encima no tiene los recursos. Cada uno tiene que llevar su computadora, eso es el colmo, y encima no están articulados con la Dirincri. Deben tener la dependencia técnica normativa y efectiva. Eso no existe.
–¿No está siendo demasiado duro en sus críticas?
No, es la realidad. Él debe ser el líder, él es el conductor de la institución policial, pero su liderazgo no existe, y no existe porque no conoce…. no tiene peso específico. No se trata de dar de baja al personal y aplicar sanciones a diestra y siniestra. Se trata de dar el ejemplo y ganarme la ascendencia de la gente, con las buenas acciones. Pero si no tengo esa experiencia, y soy un profano, entonces soy un ídolo de barro.
–Pero él es un general y se supone que por algo está ahí...
Es un general, claro, pero es un profano, no conoce...
–Correcto, ¿no conoce qué temas en especial?
Seguridad ciudadana. Él cree que es poner patrulleros y policías en las calles, nada más. Eso no es seguridad ciudadana.
–¿Entonces qué es?
Hay que extirpar los tumores del tejido social, las bandas organizadas, el crimen organizado. Eso va a permitir disminuir en algo la seguridad ciudadana. Si eso no se hace, por más que ponga policías las 24 horas en la calle, no va a conseguir nada o menos que lo otro. La gente lo percibe.
–O sea, según usted, el director general de la Policía no tiene ningún pergamino que mostrar…
Efectivamente, por eso le pido que renuncie, que dé un paso al costado. Lo único que sabe el general Salazar es exigir y aumentar las horas de trabajo, pero sin mayor ingreso para el policía. Cuando están con inamovilidad absoluta, trabajan más de ocho horas, ¿acaso el Estado les reconoce en su sueldo las horas extras? Simplemente, los hacen trabajar más. La cumbre de ALC-UE es un ejemplo.
Casos a raudales
–¿Qué otros casos, según usted, grafican este fracaso del general Salazar en su cargo?
Bueno, ahí está lo reciente, el caso de los llamados “Malditos de Miraflores”. No pudieron hacer una evaluación de la situación de estos jóvenes antes de presentarlos como si fueran delincuentes, cuando eran deportistas. ¿Qué pruebas reunieron? Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque quienes están al frente no son expertos en investigación criminal, son elementos improvisados. Ese es un hecho gravísimo de abuso de autoridad que va a tener consecuencias…
–¿Y en el caso de la joven policía que murió manejando su motocicleta ¿sucede lo mismo?
Igualmente, eso es improvisación. Cómo es posible que una chica que sabe manejar motocicleta, pero que no es una “liebre”, le den la responsabilidad de proteger a autoridades, tal como ocurrió… Le digo, para que un policía sea liebre, tiene que tener mucha experiencia, muchos años de práctica y un entrenamiento especial, se convierte en un magíster en ese campo… esta joven no tuvo ese entrenamiento, sin embargo tuvo que cumplir esa misión.
–¿Qué otra mala gestión le puede usted achacar al general Salazar?
Hay varios casos más. Por ejemplo, el año pasado, cuando era jefe de la Sétima Región, matan al empresario el señor Li, después que lo secuestran en su casa hacienda de Asia, creo, en el sur chico, por Mala. Lo secuestran y lo traen a Lima. El chofer logra fugar y va a la policía y denuncia. Sale la policía de la comisaría y hace una persecución. ¿Qué pasa? Encuentran el vehículo y disparan y matan al secuestrado, pensando que estaban matando a los secuestradores. ¿Por qué el general Salazar no hizo cumplir la directiva 03, que dice que en casos de secuestros se debe dar cuenta a la unidad especializada, es decir, a la Divise? Son ellos los que tienen la obligación de poner en ejecución sus planes operativos. En este caso no se hizo, fueron policías improvisados que dispararon por disparar. ¿Y qué le pasó al general Salazar? Nada. Más bien lo ascendieron a teniente general y siguen los fracasos en la Policía. Sin méritos
–¿No tiene ningún mérito?
No encuentro que los tenga. ¿Sabe cuál es su mérito? Que es marquetero y tiene un aparato publicitario excelente. Por ejemplo, no apareció para nada cuando los policías mataron al empresario Li, porque ahí fue un fracaso. Pero después apareció anunciando el descubrimiento de una fábrica de municiones para las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en donde se encontró un montón de cartuchos vacíos. Sin embargo, ¿dónde están los detenidos? Sólo fue un golpe efectista. Él para ascender ha tenido que dar de baja a doce generales. Es decir, se atropellaron los derechos de esos generales, muchos con tremendos pergaminos para mostrar. Y sin embargo, los han mandado al retiro. Ahora varios de ellos han hecho juicio y están volviendo. Eso se llama arribismo, oportunismo, nada más.
– El general Salazar fue puesto por el ministro del Interior, entonces no es sólo su responsabilidad en estos hechos que menciona. Hay también una responsabilidad política…
Bueno, yo en esas cosas no quiero meterme. Yo soy un general, un policía, no soy político, en esas cosas no puedo opinar….
–Pero en todo caso su nombramiento fue producto de una decisión de más arriba, una decisión política…
Por supuesto, pero el general Salazar se encargó de llenarles los ojos a los políticos y finalmente, ellos decidieron y ahora se ven las consecuencias. O sea, yo no estoy inventando nada....
–¿General, hasta qué punto sus palabras reflejan el sentir mayoritario de la Policía Nacional?
Mire, con esto que ha sucedido en Moquegua, muchísimos oficiales, estoy seguro, están apenados y desmoralizados con este sacrificio que ha hecho el general Jordán, un oficial de primera. Lo han sacrificado inútilmente. El único que puede reclamar es el director general. Es él quien representa a la institución, es él quien tiene que pedir a los políticos pertrechos, uniformes, logística, economía, etc. etc.
– ¿Quiere decir que, según usted, la institución está de cabeza?
Evidentemente señor, hay un descontento total. Este señor Salazar se cree un Kaizer. Mire, cita a los generales a las 10 de la noche y los recibe a las dos de la mañana. Los hace esperar, ese es un maltrato. ¿Por qué lo hace? Simplemente por darse importancia. Eso está sucediendo y eso la policía y la ciudadanía lo aquilatan. Hay un desgobierno.
– ¿Cuál es la alternativa?
Mire yo presenté durante mi tiempo de actividad una tesis sobre la seguridad ciudadana. Aportes para mejorar la investigación criminal y prevención…
– ¿La alcanzó a alguna institución?
Por supuesto, y no me hicieron caso. El ha hecho algunas malas copias, pero aplicarla significa capacitar al personal, darle logística, medios financieros, y nada se ha hecho. Todo en estos momentos es improvisación.
– ¿Qué futuro le espera a la Policía?
Yo veo que la Policía ha perdido más prestigio y puede verse desbordada en otra situación similar porque ya la ciudadanía no va a querer respetarla. La Policía tiene necesariamente que intervenir y llevar sus armas de reglamento. Las armas disuaden. Cuando la multitud vea a la Policía sin armas, nuevamente los va a agarrar como rehenes…
César Hildebrandt en el Moqueguano
Moqueguanazo
María Eugenia Salas. Enviada especial. Con la energía otorgada por esa peligrosa mezcla de rabia y de-cepción de quien ha vivido sus 71 años sintiéndose abandonada por el Estado, y la firme convicción de quien está defendiendo aquello que legítimamente le pertenece, a la señora Yolanda Caetano Pacheco no le importó dejar abandonadas sus chacras en Torata y permanecer los diez días que duró la huelga en Moquegua apostada en las inmediaciones del puente Montalvo. Su determinación la hizo pasar todo ese tiempo durmiendo a la intemperie y comiendo gracias a las más de cien ollas comunes que alimentaron en las largas jornadas de lucha al promedio de 8 mil manifestantes que, como ella, llegaron hasta la zona desde todos los rincones de la región para protestar por lo que consideran una injusta distribución de la riqueza generada en las entrañas de sus tierras. "Reclamamos el canon que nos corresponde. Tengo diez hijos y todos me dicen que deje esto, pero si tengo que morir por lo que nos pertenece no tengo problema. Total, ya viví, ya estoy vieja", manifestó con firmeza a La República. DEFENSA COLECTIVA Sus palabras resumen con precisión el fuerte sentimiento de defensa colectiva que impregnó las acciones de los moqueguanos durante el paro que mantuvo en vilo al Ejecutivo la última semana. Pero su caso no es único. Junto a ella estuvieron decenas de comuneros que dejaron sus cultivos a cargo de sus esposas. También hubo familias enteras, como la de Édgar Quispe, quien llegó de San Cristóbal junto a su mujer, Margarita Ramos, y sus tres hijos menores, de 6, 4 y 2 años de edad. Y jóvenes, como Margarita Querevalo, de 25 años, quien llegó de Yunga con su radio en la mano para "estar junto al pueblo para que el gobierno nos respete". La organización fue tal que las delegaciones de los 17 distritos de la región presentes en la protesta (Matalaque, Ichuña, Cuchumbaya, Omate, Puquina y otros) tuvieron cada una un espacio a lo largo de la Panamericana. Las ollas comunes, asimismo, recibieron alimentos donados por la población y algunas municipalidades. La férrea defensa del canon culminó, tras quince horas de tensa negociación, con la firma de un acuerdo de ocho puntos entre el gobierno y las autoridades de Moquegua, referentes a la economía y la realización de obras en cada distrito de la región. La calma, sin embargo, puede preceder a una nueva tormenta. Tacna ya ha dicho que el tema de las "contabilidades separadas" no puede ser resuelto de forma unilateral con Moquegua, y esta dice que volverá a salir a las calles si es que no se cumple lo pactado o se detiene a alguno de los participantes en las protestas, hecho que parece muy probable dado que la Fiscalía ya está identificando a los mismos. Ayer Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, advirtió que es probable que el problema entre Tacna y Moquegua se reproduzca si es que en un futuro cercano no se termina de discutir una fórmula técnica que ayude a distribuir los ingresos por concepto de canon. La única ventaja ahora es que el Ejecutivo ya está notificado de lo que puede pasar, y de él dependen las correcciones en la normatividad y las medidas de prevención. "Es natural que en un proceso de crecimiento económico las expectativas de las comunidades crezcan, y estas perciben que los beneficios aún no les llegan a la velocidad que ellos esperan", dijo para explicar el malestar de algunas regiones. Luque también pidió más recursos para que la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros pueda tener un despliegue a nivel nacional. PROPONEN FONDO Solidaridad. El viceministro de Minas, Felipe Isasi, dijo ayer que tiene que existir un principio de solidaridad entre las regiones, y propuso la existencia de fondos de contingencia en cada departamento para prevenir los efectos cuando el canon sea más bajo. Con la ley. Isasi también pidió a las regiones cumplir las leyes, "tanto cuando nos favorecen como cuando no" , así como les recomendó acudir a los canales institucionales correspondientes cuando tengan reclamos que resolver. Un conflicto anunciado El "moqueguazo" comenzó a gestarse en marzo del 2007, cuando se anunció que Tacna, por tercer año, iba a recibir una mayor partida de canon minero, aunque Moquegua producía más cobre. En esa oportunidad se consultó a los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, que explicaron que "se trataba de la aplicación del reglamento" y que no había nada que hacer. En marzo de este año se reveló que Tacna recibiría 711 millones de soles de canon frente a los 244 millones de Moquegua. Los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de esta región convocaron entonces a un paro de 48 horas el 4 y el 5 de junio. En aquel momento, según los dirigentes, el premier Jorge del Castillo les reconoció que su reclamo era justo. El 9 de junio, junto a los técnicos de los ministerios de Energía y Minas y Finanzas, el premier cambió su versión y les dijo que no había nada que hacer. A las pocas horas comenzó la huelga indefinida que paralizó toda la región durante diez días. La protesta deja pérdidas de 27 millones de soles en Moquegua y 50 millones de soles en Tacna, así como más de cien heridos y el relevo del general PNP Alberto Jordán como jefe de la XI Dirección Territorial del Sur. El hecho recuerda al "arequipazo" del 2002 con el que esta región se paralizó de forma masiva en rechazo al intento de privatización de Egasa.
General Jordan contrario a expresiones de Presidente
Dirigió fallido rescate de puente Montalvo
Por Carlos Zanabria
Luego de conocer que sería relevado y enviado a Lima como segundo jefe de una oficina del Estado Mayor de la policía y de escuchar los adjetivos que el presidente Alan García expresó desde Lima, el general PNP Alberto Jordán Brignole decidió defenderse y aseguró que el mandatario fue mal informado.
"Respeto la opinión del presidente, sé que es una persona abocada a todo lo que es la nación. Con todo respeto y subordinación, yo le digo que está mal informado. No le han dado la información detallada de cómo han sido las operaciones en el lugar. Yo quiero pedir al presidente de la República una entrevista para explicarle los hechos", dijo Jordán.
Reiteró que lo ocurrido en Moquegua fueron situaciones, que, como jefe de operaciones, las asume con el respeto de los derechos humanos.
Sobre las declaraciones del ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien afirmó que él estuvo en Moquegua para analizar la situación, Jordán replicó: "El señor ministro estuvo el sábado, después no. Yo era responsable de todas las operaciones".
Jordán mencionó que es un oficial de campo con 32 años de servicio. "Yo creo que tengo una trayectoria. He estado en el Callao, en radiopatrulla, en operaciones especiales. Si me tocó vivir esta situación la he vivido con dignidad. Nadie me ha puesto entre la espada y la pared, no me arrodillé, solo pensé en la vida de nuestros policías, de su familia".
"¿Qué hubiese pasado si resultaban 30 muertos? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estaría el ministro? ¿Dónde estaría el señor director de la policía? ¿Qué problemas tendría el presidente? Pero, felizmente no hubo costo social. En Ayacucho hubo dos muertos y por eso señalaron al señor presidente y al señor ministro, no al general. Entonces en este momento me siento orgulloso por cómo he manejado estas operaciones. Tendré muchas críticas, pero este es un ejemplo de vida", dijo Jordán.
EN LIMA
Anoche el ministro del Interior, Luis Alva Castro, acompañado por el director de la Policía Nacional del Perú, Octavio Salazar, informaron desde Palacio de Gobierno que se ha dispuesto que Inspectoría General de esa institución realice una profunda investigación administrativa para evaluar "actividades y conductas" que permitan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
A través de un comunicado leído por Salazar, se dice también que el comando de la policía está a la espera de los informes oficiales que deberán emitir tanto el comando operativo que intervino en Moquegua, como el comando de apoyo. Asimismo, aclara que la intervención policial en la zona obedeció a una orden de operaciones elaborada y suscrita por el director de la XI Dirección Territorial de la PNP, que asumió la administración de las operaciones y recursos puestos a su disposición.
CLAVES
A. El presidente de la República, Alan García, calificó de "cobarde" la actuación del general PNP Alberto Jordán en los hechos de Moquegua .
B. El alto mando de la Policía Nacional designó ayer al general PNP Roberto Villar jefe de la Undécima Dirección Territorial de la institución con injerencia en Arequipa, Moquegua y Tacna, en reemplazo de Jordán.
C. En una entrevista exclusiva a este Diario, el general PNP Alberto Jordán dijo ayer que oficiales de Dinoes incumplieron las órdenes que dio durante el fallido desalojo del puente Montalvo en Moquegua. Esto generó el caos.
Ley de Servicio Civil es promulgada
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Moquegua declarada en emergencia
Ex Alcalde de Torata desestimado por JNE
Periodismo Digital
Comunidado UNAM
Diario El Peruano sobre Moquegua
Presidente descarta que haya nuevos conflictos
- Ya se ejecutan las obras de importancia que regiones reclaman - Señala que no habrá “manto de impunidad” para agitadores del sur El presidente Alan García descartó que puedan volver a presentarse conflictos de la magnitud del ocurrido en Moquegua, al anotar que en las demás regiones “queda poco por lo cual reclamar”, toda vez que el Gobierno emprende obras para ellas.“Estos dos departamentos (Moquegua y Tacna) se repartían un canon. Subió para uno y el segundo reclama, pero es un reclamo de los departamentos mas ricos del Perú”, declaró. Asimismo, reiteró que estos actos violentos no se taparán con un “manto de impunidad” y los responsables tendrán que ser enjuiciados. Al ser consultado por la reacción de la Policía en el conflicto, el Dignatario dijo haberse “sorprendido” por el accionar del encargado del operativo. “Me impresionó que un altísimo jefe policial, que tiene a su cargo ese tema, se entregara de manera tan mansa, sabiendo de lo que son capaces los agitadores comunistas”, manifestó.
Moquegua y César Hildebrandt
El periodista recibe una llamada a las 8 y 20 de la mañana.
-No hay fluido eléctrico en las cuadras 22 y 23 de Javier Prado. Se fue después de las 7 de la mañana –le dicen.
Entonces, no hay programa. Qué pena. No pudimos decir que el acta del acuerdo con Moquegua quería mantenerse como secreta, a pesar de ser, en líneas generales, un logro plausible de las autoridades moqueguanas y de la PCM. Tampoco pudimos decir que el ministerio público ya ha comenzado las investigaciones in situ para pedir el apresamiento de “los cabecillas” de la asonada popular –como si unos cuantos pudieran mover a quince mil y obligar a cientos de ellos a pernoctar por turnos en un puente durante ocho días–, acatando, con literal diligencia, la virtual orden emanada de la presidencia de la República.
Ya el martes había pasado que una baja de tensión en la mismísima cuadra de Radio San Borja casi nos sacó del aire. Los técnicos de Luz del Sur dijeron, tras una revisión y una hipotética reparación, que no había nada de qué preocuparse.
Y ahora esto.
A comienzos de la semana, llamadas pactadas un día antes –una relacionada con Moquegua y la otra con la concesión de los puertos a probables accionistas chilenos– no habían podido culminarse a pesar de la insistencia.
Sus destinatarios le dijeron a Rebeca Diz que sus teléfonos ni siquiera habían timbrado y que las llamadas aparecieron, horas después, en el rubro de Perdidas. ¿Congestión del servicio y falta de redes? Puede ser. Ya hemos vivido antes en el escenario de los hechos coincidentes y las explicaciones diversas.
Al mismo tiempo, la pundonorosa hija del Piojo Valenzuela se atreve, disfrazada de buganvilia, a vincular a este diario con el narcotráfico y con las FARC. Por supuesto que no aporta ninguna prueba, indicio, documento que le permita sostener tales infamias. Lo importante es señalar que tan tenaz trepadora tiene un vínculo especial con Palacio de Gobierno y que algunos de sus flatos verbales podrían ser, perfectamente, una manera más de ascender en el escalafón de las validas. Desprestigiar a este periódico se ha convertido en una tarea de necesidad pública para el séquito del doctor García.
Mientras tanto, el embargo publicitario en torno al programa de Radio San Borja se mantiene al ritmo de llamadas, amenazas y advertencias. El miedo y la conveniencia hacen el resto, a despecho de la inmensa sintonía que la gente nos brinda.
El periodista ya ha pasado por esto una y mil veces. Está curtido pero vivo, empobrecido pero sin arrastrarse, exiliado de las luces que nunca amó, feliz de no deberle a nadie esos favores que deshonran. Y está dispuesto a seguir pensando que vivir de verdad consiste en evitar la muerte del alma. Sí, porque una cosa es ser agnóstico y otra es creer que sólo somos la banalidad que nos ocupa y las tripas que rugen. Cuando el alma se te muere te conviertes en la persona que hubieras despreciado en tu juventud.
Por eso, veterano de ninguna victoria decisiva, el periodista va a un estante, coge un libro y lee: “Castilla varonil, adusta tierra/ Castilla del desdén contra la suerte/ Castilla del dolor y de la guerra,/ tierra inmortal, Castilla de la muerte...”
Y se pone a pensar (a colores) en las musarañas. Moquegua Festeja y Tacna Protesta
Moquegua fue una fiesta. Terminada la asamblea que empezó poco después de las cinco de la tarde de ayer en el puente Montalvo, la multitud se trasladó hacia la Plaza de Armas y, tras una breve ceremonia, se entregó al canto y las danzas para festejar uno de los triunfos populares más notables de los últimos años. El pueblo de Moquegua celebró la derrota política del gobierno que, vencido por la contundencia de las movilizaciones, tuvo que dar marcha atrás en casi todas sus pretensiones. Quedaron atrás las calumnias sobre el carácter de la protesta. El premier Jorge del Castillo no volvió a decir que las movilizaciones de Moquegua eran promovidas por un grupito de agitadores ni amenazar con cadena perpetua a quienes participaran en el bloqueo de carreteras dispuesto por el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua. Al contrario, a nombre del gobierno, tuvo que aceptar que en “la región Moquegua existe la necesidad de ejecutar proyectos de inversión públicos o privados por montos equivalentes a S/. 82 millones adicionales para cubrir los urgentes requerimientos de su población, preferentemente en zonas de pobreza y extrema pobreza”, tal como se indica en el primero de los acuerdos pactados con la representación de alcaldes y dirigentes populares que viajó a Lima. El acuerdo remarca que “el gobierno central facilitará la inversión en tales proyectos”. Señala también qué distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto deberán presentar proyectos de inversión “por montos equivalentes a lo dejado de percibir por concepto de canon el año pasado”. Dispone, además, que la legislación será modificada para que las grandes empresas mineras que realizan operaciones en más de un departamento, lleven las cuentas de cada mina en libros separados. El acta suscrita en Lima y aceptada por las poblaciones de las localidades de Ilo y Moquegua tiene 8 puntos que en conjunto totalizan 447 millones de soles para obras y contempla la instalación de una mesa de trabajo técnica que haga posible la ejecución de todos los acuerdos. Mientras tanto, el desbloqueo del puente Montalvo hizo que se normalizara el tránsito por la carretera Panamericana. El transporte interprovincial reinició sus viajes a Arequipa, Tacna y Lima. Los comerciantes volvieron a abrir sus negocios y ya se piensa en las festividades del recién establecido “Día de la unidad y la dignidad moqueguana” para el venidero 17 de junio. Organizaciones evalúan medidas Ni bien se conoció el texto del acta firmada entre el gobierno nacional y los representantes del pueblo de Moquegua, las autoridades regionales y locales de Tacna convocaron a una asamblea general de emergencia y advirtieron que se opondrán a la implementación de los acuerdos. Sobre todo del tercer punto, que recoge la disposición de que la Southern Copper llevará por separado las cuentas de sus minas Cuajone y Toquepala, ubicadas en los departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente. En efecto, el documento señala que “el Ejecutivo propondrá las normas legales necesarias que permitan la elaboración de contabilidades separadas”. “Entonces que separen también el agua, que es tomada de reservorios que se encuentran en Tacna y sirven para el proceso minero de Cuajone; y los pasivos ambientales, que se generan en Moquegua pero contaminan nuestro departamento”, afirmó el consejero regional Julio Peralta, en un aparte de la reunión. Sostuvo también que no permitirán la ejecución de los acuerdos si es que los proyectos que presenten las autoridades moqueguanas empiezan a ser financiados sin la fiscalización de los representantes tacneños. Los choferes también anunciaron medidas de lucha. “Moquegua ha conseguido más plata perjudicando el transporte hacia nuestra ciudad. Por eso vamos a pedir un resarcimiento por las pérdidas millonarias que hemos tenido en los diez días del paro”, dijo Germán Mamani, líder de los transportistas. Al cierre de esta edición, el presidente de la regió Tacna, Hugo Ordóñez, que se encontraba en la capital, solicitó una reunión con carácter de urgencia a Del Castillo.
Diario Laprimera
Moquegua Editorial de Perú21
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