San Ignacio. Con violencia policial y esgrimiendo sus armas de reglamento, sin respetar los menores de edad habidos en el domicilio, los Fiscales José Luis Vera Chuñe y Pedro Miguel Falla Odar, Titular y Adjunto de la Primera Fiscalía Provincial de San Ignacio, allanaron la vivienda del comunicador social Santos David Pasapera Portilla, Incautando un CPU de uso profesional y documentos que son pruebas pendientes para adjuntar en procesos penales que se sigue contra los indicios de corrupción municipal. Los fiscales mencionados apoyados por más de una docena de policías, a la 1 de la tarde de este martes 15 de marzo, irrumpieron violentamente en el domicilio del periodista Pasapera Portilla, sin informar y mucho menos entregar copia de la autorización de allanamiento, según lo dispone el Artículo 216 del Código Penal vigente. En el domicilio se encontró a su abogado Hesguar Neciusup Guevara, colegiado y habilitado profesionalmente, a quien el fiscal Vera Chuñe le impidió el ejercicio de la defensa de sus derechos. Es más, en abierta violación de la norma y sospechoso accionar, el mencionado fiscal no redactó el acta de incautación de bienes y consecuentemente no dejó una copia de la misma donde figure el inventario general como lo exige la ley, y trasladó los enseres hasta la comisaría provincial sin que existan las garantías que cautelen la existencia posterior de archivos en el CPU y la de los documentos decomisados. La resolución de allanamiento emitida por la Jueza Rosa Fernández Arrascue, atentó contra el derecho constitucional de la inviolabilidad de domicilio, porque una de las condiciones para admitir esta acción, es que exista la negativa del ingreso a un determinado recinto, lo cual el fiscal no ha probado en su requerimiento de allanamiento por tanto la petición debió de ser denegada. Asimismo, para disponer el allanamiento de domicilio, primero se debió de acreditar que el investigado reside o tiene como centro laboral el domicilio que va a ser allanado, situación que tampoco el representante del ministerio público demostró y pese a ello, la jueza ordenó tal acción. Por una cuestión cautelar de la integridad física y sicológica de los menores de edad que pudieran estar presentes dentro del domicilio a ser allanado, la doctrina procesal penal dispone que primero el fiscal debe de solicitar el ingreso al domicilio al propietario o quien haga sus veces, hecho que en el caso del periodista agraviado ocurrió todo lo contrario, pues el fiscal ejerció violencia y generó trauma sicológico en los menores hijos del agraviado comunicador social. Otra de las acciones ilegales, es la actuación del Fiscal Pedro Miguel Falla Odar, quien sin estar autorizado para participar en el allanamiento domiciliario en agravio del periodista, se facultó en actuar contraviniendo la ley en tajante abuso de autoridad, violación de domicilio y allanamiento ilegal, hechos que son causales para formalizar denuncia penal contra el representante fiscal, y que pueden derivar en la nulidad de toda la diligencia de allanamiento por no haberse cumplido con el debido proceso; así como también, justificar la interposición de una queja funcional y vía proceso disciplinario sancionar con la destitución del fiscal infractor. La incautación de los equipos de cómputo ocurrió entre la una a dos de la tarde, la población ante este atropello se congregó frente a la comisaría provincial y solicitó la presencia de los representantes de la Asociación de Desarrollo y Defensa de la Provincia de San Ignacio (ADEFSI), quienes al presentarse recibieron el encargo de gestionar dos pedidos de los protestantes: 1) solicitar al fiscal José Luis Vera Chuñe, la devolución de los equipos del periodista san ignacino, estimando que de lo actuado ya se esclareció que la intervención fiscal había sido ilegal y 2) el retiro voluntario de San Ignacio del mencionado fiscal. La gestión se inició a las tres de la tarde y en el afán de calmar los ánimos, la Adefsi logró conducir al fiscal para que de forma directa a través del megáfono que se utilizaba para informar a la población, se dirigiera a los protestantes; sin embargo, cuando la mencionada autoridad trataba de justificar su ilegal actuación, recibió una descarga de huevos que motivó vuelva a ser protegido en las instalaciones policiales. Posteriormente los pobladores trajeron un asno y le colocaron letreros con el nombre del fiscal cuestionado. Aproximadamente a las 7 y 30 de la noche, en un claro reconocimiento de los errores cometidos en agravio del periodista Santos David Pasapera Portilla, el Fiscal José Luis Vera Chuñe, decidió devolverle sus bienes, acto que se realizó mediante acta; sin embargo, cuando el comunicador social ha regresado a su domicilio, se informó que la autoridad fiscal también había llevado dos fólderes que contenían pruebas instrumentales que estaban listas para presentarlas a la causa 007-2001 que corre contra el Alcalde Provincial Carlos Alfonso Martínez, regidores y funcionarios por los supuestos de enriquecimiento ilícito y colusión para delinquir, en la construcción de un camal municipal, así como otras que son parte de una nueva denuncia lista por el proyecto de agua potable que se está construyendo actualmente en San Ignacio, con evidentes indicios de fallas técnicas que han motivado frustradas pruebas que hacen presumir que la obra, no garantizará su normal funcionamiento. Empleando diversas modalidades, se le pidió al fiscal que acepte la oportunidad que el pueblo le estaba dando, para que se retire voluntaria y pacíficamente de esta provincia, sugerencias, pedidos y exhortaciones que no aceptó. Bajo estas circunstancias, la Adefsi informa que ante la imposibilidad de convencer al fiscal para que se retire de San Ignacio, esta organización culmina su labor de mediador en los pedidos de la población y aún así, pidiendo calma hasta que se den las condiciones de retiro del representante del ministerio público. Esta negativa del fiscal, es lo que motiva la decisión de los protestantes y deciden apedrear la comisaría provincial, rompiendo los vidrios de las ventanas ante lo cual, los efectivos policiales para alejar a los protestantes han disparado bombas lacrimógenas, enfrentamiento que ha durado aproximadamente 40 minutos. Posteriormente los protestantes se han conducido a las instalaciones del ministerio público y han apedreado las lunas de este local; seguido han concurrido a la municipalidad provincial y abriendo la puerta principal, han quemado y destruido todo lo que han encontrado a su paso. Consecuencia de estas acciones se produjo la muerte de Gonzalo Delgado Tarrillo (58), y varios heridos niños y adultos que han sido trasladados al Hospital General de la Provincia de Jaén.