El lunes 28 de marzo, el gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en Islay. Recordemos que, hace más de una semana, los pobladores del Valle de Tambo vienen acatando nuevamente un paro en rechazo al proyecto minero Tía María a ejecutarse por la Southern Perú Copper Corporation. El Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo ha denunciado, a través de un comunicado, que las fuerzas del orden han utilizado medidas represivas (uso de gases lacrimógenos, perdigones y balas) para dispersarlos a pesar que las manifestaciones han sido pacíficas. La Defensoría del Pueblo alertó sobre este conflicto social hace casi dos años. Pero la situación se tornó violenta en abril de 2010, cuando el Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo, conformado por pobladores de la zona que viven de la agricultura, inició una serie de protestas. En noviembre del año pasado, esta organización señaló que el gobierno no había cumplido con asegurar la protección de las aguas del río Tambo a favor de la sobrevivencia de las actividades agrícolas. Para los pobladores, resultaba fundamental que se asegure primero este compromiso para otorgar la licencia social. Sumado a este reclamo, hoy por hoy, los pobladores de Islay señalan que la Southern Perú no ha realizado un estudio de impacto ambiental (EIA) siguiendo la normatividad existente. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), existen graves omisiones en el estudio ambiental que requieren ser subsanados. Entre otras cosas, este estudio concluye que la información presentada en el EIA tiene vacíos de información que impiden la correcta evaluación de los impactos ambientales del proyecto Tía María. Asimismo, se ha identificado limitaciones en la elaboración de la línea de base y en la presentación de conclusiones derivadas de los procesos participativos. Frente a este informe, el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que la minera tiene 90 días para levantar estas observaciones, sin embargo, los pobladores desconfían del gobierno y vienen exigiendo la suspensión definitiva del proyecto Tía María. Si este proyecto minero busca ser el proyecto cuprífero más importante en el país, lo que se necesita es encontrar las vías de solución al conflicto generado. Primero, la Southern Perú debe realizar un estudio de impacto ambiental como manda la ley y no intentar vender gato por liebre con un estudio ambiental inconsistente. En segundo lugar, el Estado tiene que promover y proteger a la pequeña agricultura en dicha zona, pues no todos los habitantes están interesados en participar de la actividad minera. Finalmente, no se justifica el uso de la violencia por parte del gobierno, ya que quién ha actuado de forma irresponsable son las autoridades públicas que se han negado a una solución viable por casi dos años. Esperemos que el diálogo llegue y esta situación cambie por el bien de los pobladores de esta zona del país.