El periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa "Voz del Pueblo", de radio La Exitosa y "Polémica" que difunde la televisora Visión 47, en la provincia de Coronel Portillo, fue condenado a tres años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 20 mil nuevos soles. Garay Ramírez fue recluido en el Penal de Pucallpa el 19 de abril del 2011. El periodista fue sentenciado por haber criticado al fiscal Agustín López por archivar, sin darle seguimiento, dos casos de corrupción. Como prueba de la supuesta difamación sólo se presentó una breve grabación radiofónica. Paul Garay Ramírez ha desmentido que la voz grabada fuera la suya y, sobre todo, ha confirmado que él no trabajaba entonces para la radio de la que procedía la grabación. La condena que contiene la sentencia resulta de la opción del juzgado por sobredimensionar las frases injuriosas que se afirma han sido expresadas por el periodista, pero que en realidad son frases de las que éste ha negado ser autor y aún cuando aquello hubiera ocurrido, son calificaciones que se originarían por la inconducta previamente denunciada por el citado hombre de prensa, tanto las de nivel funcional como las personales vinculadas a la imagen que debe exhibir un representante del Ministerio Público. Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) este fallo deja visible la desigual consideración de intocable a la persona de un funcionario público, de un fiscal, al que se debe proteger no sólo de agravios y ofensas, sino de críticas, observaciones y opiniones hechas por los periodistas. En la sentencia se sugiere que la condición de fiscal del querellante convierte la infracción en un delito de mayor gravedad al que se pudiera haber inferido a cualquier otro ciudadano, en cuyo caso seguramente el fallo no hubiera sido dictado con la drasticidad que el comentado cuando se trata de un periodista. Los hechos mencionados reflejan una realidad que no ha sido debidamente evaluada por el juzgado, el periodista hoy encarcelado no ofrece ningún tipo de peligrosidad social, no huye, ni se oculta de la justicia, etc., razón por la cual el proceso y la sentencia tienen más un carácter de represalia y de intimidación, para que no se publique ningún tipo de crítica, que de tramitar una querella por los canales constitucionales.