FUNCIONARIOS DE CONTRALORIA EN MOQUEGUA

La campaña “Postula con la tuya” que desarrolla la Contraloría General de la República y que ahora parece apoyar la Defensora del Pueblo pretendería combatir el uso indebido de los recursos públicos en las campañas políticas, lo que está muy bien, pero no es el problema fundamental del financiamiento de las campañas electorales en el Perú, y puesto con la relevancia que se le quiere dar oculta más bien los temas de fondo. El tema fundamental es el financiamiento público de las campañas políticas que está estipulado en la ley de partidos del 2003, en la que se señala que cada partido debe recibir el 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto que haya obtenido en elecciones generales. El actual gobierno, por disposición expresa y pública del presidente Alan García, se burla de la ley, negándose a presupuestar los fondos respectivos.El argumento perverso de García es que en un país con tantos y tan graves problemas el Estado no puede gastar plata en los partidos. Las cosas son, más bien, al revés. Todos los expertos en elecciones, partidos y financiamiento de campañas coinciden en que los sistemas democráticos de gobierno dan un salto cualitativo cuando cuentan con sistemas de financiamiento público estables en el tiempo que les permiten afrontar los elevados costos de las campañas políticas. Es más, la ausencia de financiamiento público es uno de los principales incentivos para caer en la tentación del uso indebido de recursos públicos y/o de aceptar el “dinero negro” que brindan particulares, sin control alguno, a cambio de futuros favores políticos.Por ello, olvidarse de reclamar el financiamiento público de los partidos políticos, por lo menos tal como está en la ley, es favorecer que solo hagan política los que tienen medios económicos para hacerlo, es decir, como dice la campaña de la Contraloría, los que tienen “la suya” o, agregamos, los que tienen acceso a alguien con plata que los financie. La política se convierte así en un coto privado de los ricos y sus amigos. De esta manera las elecciones serán libres pero no justas, porque habrá quien tenga la suya para gastar en propaganda mientras otros carezcan de recursos.El Contralor y la Defensora deberían entonces empezar por gastar sus energías en exigirle a García que cumpla con la ley y entregue a los partidos los fondos que ilegalmente retiene desde hace cuatro años. Está bien que cuiden los recursos de Estado, pero estaría mejor que exijan que la ley se cumpla en toda su extensión.