Con una velocidad inusitada, la propuesta que hizo el presidente Alan García de elevar la remuneración mínima vital (RMV) de S/. 550 a S/. 600 fue aprobada apenas tres días después por el Consejo de Ministros sin que aparentemente haya existido algún estudio o análisis costo-beneficio que sustentara dicha decisión -pues si lo hay, no ha sido hecho público-. Si bien este incremento era necesario tomando en cuenta que el monto anterior regía desde enero del 2008, de modo que permitirá recuperar la pérdida del valor de la RMV en términos reales, que está bordeando el 5%, la forma en que ha sido ratificado no es la más apropiada.En primer lugar, llama la atención que el anuncio se haya hecho en momentos en que el Apra se encuentra en plena etapa de lanzamiento de su candidata presidencial, Mercedes Aráoz, quien por cierto saludó la medida. Lo curioso es que cuando ella estuvo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) su opinión siempre fue contraria al aumento de la RMV. Pero este repentino cambio de parecer no ha sido el único, pues hasta hace poco la propia ministra de Trabajo, Manuela García, también figuraba entre los opositores. Aparte de explicaciones que apelan al prolongado tiempo en que no se modifica la RMV o que se trata de un acto de justicia puesto que las empresas deben compartir los beneficios de su crecimiento, el gobierno no ha respaldado la rapidez con que decidió el tema con argumentos técnicos. Por ello, era necesario que la ministra de Trabajo revele la "productividad multifactorial", que, según ha indicado, sirvió como base para el aumento salarial, lo cual ahora sabemos que no existe.Hubiera sido importante que el Gobierno atendiera las recomendaciones del Consejo Nacional de Trabajo, y escuchar posiciones como la de la Cámara de Comercio, que afirma que el incremento impactará sobre siete beneficios laborales. Además, ahora deberá tener en cuenta lo dicho por el titular de este portafolio, Ismael Benavides, que el jueves pasado en la CADE manifestó que el incremento de la RMV puede tener poco impacto como un camino para mejorar la competitividad, más aún cuando esta está vinculada estrechamente a la productividad laboral. ¿Será que la medida tiene en realidad un soporte de corte populista y no uno económico?