La Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace recordar a los señores representantes ante el Congreso de la Repúb lica, como consecuencia de la presentación de dos proyectos de ley que colisionan gravemente con el libre ejercicio de la profesión periodística, que la libertad de prensa es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Perú y reconocido en las normas internacionales sobre derechos humanos, en razón de su trascendental importancia para la realización plena de todo ser humano y de la colectividad social en su conjunto. Dado que a la fecha los congresistas Javier Bedoya de Vivanco y Walter Menchola, autores de los proyectos que pretenden llevar a prisión a los periodistas y sancionar económicamente a los medios de comunicación, no han procedido a retirar tan infelices iniciativas, la ANP les exige que tengan presente que, en su oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la libertad de expresión -y de prensa como medio- comprende el derecho de cada uno de comunicar a los otros sus propios puntos de vista e implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. No escapa al criterio de nuestro gremio, que dichos parlamentarios han actuado en respuesta a una situación reciente, en medio de un proceso electoral, que originó la ventilación de expresiones lesivas al bien común y que, por tanto, resultaban de interés público. Sin embargo, ahora, transcurrido el tiempo y serenados los ánimos, les corresponde retractarse. No hacerlo, significaría, entonces, que conservan conductas ajenas a la vida democrática del país. Y lo que es peor, convertirse en promotores de una política de amedrentamiento sobre cualquier persona que desee ejercer su libertad de expresión, pues llevar a prisión a los periodistas y sancionar económicamente a los medios, genera temor a manifestar idea o difundir información. La ANP, finalmente, confía en la transparencia de las decisiones de los parlamentarios que se identifican con el derecho a la libertad de prensa, para evitar la renuncia del Estado a tutelar derecho tan fundamental en la vida de la nación.