El Pleno del Congreso de la República aprobó el jueves 10 el dictamen del proyecto de ley que dispone la aplicación inmediata del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en todo el país contra los funcionarios públicos inmersos en una serie de delitos que conlleven actos de corrupción.La norma proveniente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, demandada por el Poder Ejecutivo, también alcanza para los supuestos de concurso de otros delitos y, adicionalmente, para los partícipes, sean estos cómplices o inductores de delitos.Según el presidente de la comisión dictaminadora, congresista Rolando Sousa Huanambal (GPF), la propuesta tiene por objeto adelantar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para delitos tipificados como concusión, cobro indebido, colusión, patrocinio ilegal, responsabilidad de peritos, peculado, peculado por extensión, corrupción de auxiliares jurisdiccionales, malversación, cohecho electoral político, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. Así mismo, propone adelantar la vigencia del CPP para los delitos incluidos dentro del ‘proceso inmediato’, es decir, para los casos en que el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito o haya confesado la comisión del mismo; y cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.Como argumento inicial a la exposición del dictamen (que tuvo algunas correcciones de texto por aportes y opiniones contrarias de algunos representantes), Sousa Huanambal resaltó que la imposición de la medida tiene que ser aplicada de manera inmediata debido a que los delitos de corrupción socavan la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia, y perjudican el desarrollo integral de los pueblos.Destacó, además, que otro de los puntos importantes es el de calificar como falta grave la conducta del juez que no cumple con los plazos legales para la expedición de resoluciones o sentencias, asi como cuando no vigile el cumplimiento de la celeridad procesal.Implementación en aumentoEl congresista Sousa informó que actualmente el nuevo Código Procesal Penal se ha implementado en 16 distritos judiciales del país y que al principio hubo mucha dificultad. Al tercer año de vigencia también se han visto buenos resultados como el implementado en el distrito judicial de Huaura.“En esta segunda fase del 2010 falta implementar en los distritos judiciales de Ancash y El Santa; en el 2011 en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en una primera fase; y en una segunda fase en Pasco, Huanuco y Junín”, informó.Agregó que recién en el 2012 es que se está planteando, en dos fases, implementar integralmente el CPP en una primera fase en los distritos de Ucayali y Loreto y, como última aplicación, se tiene previsto para los distritos judiciales de Callao, Lima Norte y Lima.“Hay que dejar en claro que se quiere adelantar la aplicación del CPP, pero solo para delitos cometidos por funcionarios públicos en los distritos judiciales que correspondan a su implementación y al de las fases venideras. También esperamos que el Ejecutivo brinde todas las garantías y apoyo (presupuesto necesario) para sacar adelante esta importante propuesta como la que se acaba de implementar en Chile, la misma que en un inicio tuvo serias críticas, pero que ahora funciona correctamente”, sentenció Sousa.El predictamen tuvo un amplio debate de la representación donde participaron los congresistas Aldo Estrada Choque (UPP), Raúl Castro Stagnaro (UN), Karina Beteta Rubín (UPP), Víctor Mayorga (GPN), Humberto Falla Lamadrid (PAP) y Mercedes Cabanillas (PAP), entre otros.La aprobación de la propuesta legislativa, que modifica también la Ley Orgánica del Ministerio Público, fue aprobada en doble votación con la asistencia de 104 representantes. En la primera 74 legisladores votaron a favor, 28 lo hicieron en contra y 3 parlamentarios de abstuvieron. En segunda votación, a favor 72, en contra 34 y ninguna abstención.