A todas ellas se les levantará sus secretos bancarios, tributarios, bursátiles y telefónicos y serán convocados a exponer sus testimonios, en uso de las prerrogativas jurisdiccionales de que está investido ese grupo investigador, que preside el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN).

La decisión de investigar a esas personas se tomó después de haberse evaluado la situación de cada una de ellas, de acuerdo a los informes iniciales que obran en poder del grupo técnico que asesora a la comisión, y serán notificadas de su situación con los argumentos que lo justifiquen, explicó Zeballos Salinas.

El congresista aclaró, no obstante, que la situación de investigado no implica ninguna culpabilidad de la persona, sino simplemente la de aclarar su situación real, partiendo de la presunción de inocencia.

Igualmente, advirtió que la lista de personas a ser indagadas puede ser ampliada conforme avancen las investigaciones, y también podría ocurrir que las personas que sean citadas como testigos pudiesen, eventualmente, pasar a la condición de investigada.

La lista está encabezada por el propio Rodolfo Orellana Rengifo, y en ella aparecen sus hermanos Raúl y Ludith Orellana Rengifo, así como Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela; Hernán Villacrez Torres, Óscar Cánepa Ruiz, José Díaz Maldonado, Luis Palomino Morales, Vicente Díaz Arce, Carlos López Noriega, Xin Jian Qu, Manuel Pérez Maldonado, Luis Alva Gamarra, Elizabeth Palomino Córdova y Elbert Meneses Torres, y un largo etcétera.

A la lista inicial de 74 personas naturales, presentada por el titular del grupo investigador, se sumaron otras siete personas propuestas por Víctor García Belaunde (AP-FA) para que también sean investigadas por sus presuntos vínculos con el empresario Orellana, hoy en condición de prófugo de la justicia.

Entre esas personas, se encuentran Jorge Bravo Manco, presunto testaferro de Orellana; Hugo Díaz Lozano, Juan Zúñiga, Carlos Camacho; y el alcalde de Lurín, Jorge Marticorena Cuba, entre otros.

También se había propuesto incluir al legislador Pedro Spadaro (FP), pero se ha pedido un informe a la asesoría técnico-legal del Congreso para determinar si la comisión tiene potestad para investigar a uno de sus colegas; y al congresista andino Hildebrando Tapia Samaniego, que se encuentra en la misma situación. 

Reiteran denuncia

En la sesión ordinaria realizada el lunes 22, se presentaron el presidente del Frente de Defensa de la Comunidad de Telecomunicaciones de la Compañía Peruana de Teléfonos, Enrique Arias Asian, acompañado de media docena de directivos de esa institución, quienes denunciaron el despojo de sus propiedades por parte de la llamada ‘organización Orellana’.

Se trata de su local institucional ubicado en la Av. Arequipa 1733, cuyo desalojo ha sido posteriormente declarado ilegal; y del centro de esparcimiento CERVATEL, ubicado en la localidad de Santa Clara, en el distrito de Ate-Vitarte, cuyo valor comercial estaba estimado en 30 millones de soles, pero fue revendido por los testaferros de Orellana a cambio de solo 500 mil soles.

La comisión parlamentaria está encargada de investigar el proceso de transferencia de terrenos de propiedad del Estado, entre ellos el del hospital ‘Hermilio Valdizán’ y de la Fundación por los Niños del Perú. 

También los nexos de Rodolfo Orellana con altos funcionarios del Estado, con cuya presunta colaboración o anuencia habría logrado apropiarse de bienes estatales, públicos o privados; y ejecutar presuntas apropiaciones ilícitas y relacionadas al crimen organizado. Tiene un plazo de 180 días para emitir un informe final con el resultado de sus investigaciones.(jvs)