jueves, 3 de enero de 2013
Nuevo titular del Poder Judicial impulsará lucha contra la corrupción
Enrique Mendoza anuncia plan de acciones inmediatas para primeros 100 días de gestión
Lima, ene. 02 (ANDINA). El flamante presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, se comprometió hoy a impulsar la descarga procesal, luchar contra la corrupción y ejecutar un plan de acciones inmediatas para los primeros 100 días de gestión, a fin de superar las deficiencias del sistema judicial.
Detalló que en el marco del Plan Nacional de Descarga Procesal, el reto de su gestión es lograr que el número de expedientes resueltos al año sea superior a la cifra de expedientes ingresados al sistema judicial, y aseguró que habrá continuidad en esa línea de trabajo.
Al asumir el cargo en ceremonia oficial, Mendoza Ramírez dijo también que, con fortaleza y de manera articulada, se asumirá la lucha contra la corrupción interna en el Poder Judicial, así como en lo referido a la condena de delitos contra la administración pública.
En ese sentido, adelantó que se fortalecerán alianzas con los colegios de abogados, a efectos que se ejerza control sobre los miembros de la orden que incurran en hechos de corrupción.
Además, se harán campañas nacionales contra este flagelo, con participación de la prensa y la sociedad civil, recalcó.
Acciones inmediatas
Expresó también que, en su calidad de exjefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) impulsará de forma decidida este organismo, mediante los medios y recursos necesarios, a fin de que pueda cumplir de manera óptima y eficiente su labor contralora.
Con relación al plan de acciones inmediatas, anunció que se implementarán los indicadores de producción y medición del desempeño de los jueces y se enfrentará la situación crítica de los procesos de los juzgados contencioso-administrativos, que están sobrecargados.
“Estudiaremos medidas incluso legislativas que puedan facilitar y agilizar sus diligencias y plazos y, en 60 días, se implementarán tres nuevas salas superiores especializadas en lo contencioso-administrativo y 10 juzgados de igual especialidad en materia Aduanero-Tributaria”, apuntó.
Asimismo, el presidente del PJ dio a conocer que se iniciará de inmediato la revisión y el sinceramiento de los plazos procesales, debido a que su relación con la sobrecarga judicial es evidente; y además se validará un plan de desarrollo institucional de mediano y largo plazo.
Otra medida que merece la atención del Poder Judicial, agregó Mendoza, es el proyecto de ley que le otorga a la Sala Plena de la Corte Suprema la potestad de presentar demandas de inconstitucional.
Sueldos, infraestructura y personal
Sobre la posibilidad de mejorar las remuneraciones en el Poder Judicial, expresó que es fundamental continuar el diálogo “firme y franco” con el Poder Ejecutivo para que esto se cumpla, pues traerá consecuencias positivas para el sistema de justicia.
Entre otras líneas de trabajo para su gestión, resaltó que se enfrentará la situación crítica de la infraestructura física del Poder Judicial, debido a que en la actualidad se cuenta con 1,325 locales, de los cuales el 75 por ciento son de propiedad de terceros o alquilados.
De igual forma, se fomentará la sistematización de la jurisprudencia y la expedición de una ley del servidor judicial, además de estudiarse un plan de mejoras para el personal en materia de salud y acceso a créditos de vivienda.
También en el bienio de su gestión se creará un programa de lenguaje claro aplicable en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia para comunicar de manera entendible, uniforme y motivada la información del Poder Judicial sin caer en “trampas lingüísticas” para el ciudadano.
Eficiencia en el servicio
Luego de señalar que su propuesta de gestión es por la eficiencia del servicio judicial, consideró que las reformas y mejoras de ese sistema deben se permanentes, sobre todo en lo que se refiere a la modernización de ese poder del Estado, la cual debe ser continuada a futuro.
Mendoza mencionó también que se ejercerá con especial énfasis la capacidad del Poder Judicial para proponer iniciativas legislativas que no solo se concentren en endurecer las penas y en que estas se cumplan, sino que garanticen una reinserción social efectiva y no solo verbal.
“La delincuencia y el sicariato ya no son síntomas que revelan un problema; son ya el problema mismo (…) Cuando escuchamos que la población clama justicia, en realidad lo que pide es más rigurosidad a los jueces”, manifestó el flamante titular del TC.
Independencia de la labor judicial
Acompañado del jefe del Estado, Ollanta Humala; y del titular del Congreso, Víctor Isla; Mendoza garantizó, además, la total independencia y defensa de la labor judicial en la institución como poder autónomo en el que sus jueces sean independientes y sometidos a ley.
En ese sentido, dijo que el Poder Judicial estará muy atento para rechazar con firmeza y autoridad todo aquello que pueda empañar la autonomía e imparcialidad de la labor de esa institución, pues refirió que ello produce un grave daño a la estabilidad del sistema democrático del país.
“Nuestro Poder Judicial ha sido puesto a prueba y no tiene otra opción que ser una institución moderna y estar a la altura del crecimiento y la bonanza económica. Nuestra medición tangible debe ser lograr la confianza ciudadana que solo se legitima con el trabajo bien hecho”, anotó.
Recordó que el Poder Judicial brinda un servicio tripartito a la ciudadanía, pues sanciona a quienes transgreden las normas de convivencia, resuelve los conflictos entre particulares y defiende los derechos fundamentales frente al aparato estatal, mediante el dictado de sentencias.
“Ahora la justicia ya no es un patíbulo y tiene un rostro humanizado (…) Emplearé mi experiencia y todas mis facultades para cumplir con esta tarea. Daré continuidad a los esfuerzos de quienes me precedieron en este honor”, aseveró desde la sede del Palacio de Justicia.
Al asumir el cargo en ceremonia oficial, Mendoza Ramírez dijo también que, con fortaleza y de manera articulada, se asumirá la lucha contra la corrupción interna en el Poder Judicial, así como en lo referido a la condena de delitos contra la administración pública.
En ese sentido, adelantó que se fortalecerán alianzas con los colegios de abogados, a efectos que se ejerza control sobre los miembros de la orden que incurran en hechos de corrupción.
Además, se harán campañas nacionales contra este flagelo, con participación de la prensa y la sociedad civil, recalcó.
Acciones inmediatas
Expresó también que, en su calidad de exjefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) impulsará de forma decidida este organismo, mediante los medios y recursos necesarios, a fin de que pueda cumplir de manera óptima y eficiente su labor contralora.
Con relación al plan de acciones inmediatas, anunció que se implementarán los indicadores de producción y medición del desempeño de los jueces y se enfrentará la situación crítica de los procesos de los juzgados contencioso-administrativos, que están sobrecargados.
“Estudiaremos medidas incluso legislativas que puedan facilitar y agilizar sus diligencias y plazos y, en 60 días, se implementarán tres nuevas salas superiores especializadas en lo contencioso-administrativo y 10 juzgados de igual especialidad en materia Aduanero-Tributaria”, apuntó.
Asimismo, el presidente del PJ dio a conocer que se iniciará de inmediato la revisión y el sinceramiento de los plazos procesales, debido a que su relación con la sobrecarga judicial es evidente; y además se validará un plan de desarrollo institucional de mediano y largo plazo.
Otra medida que merece la atención del Poder Judicial, agregó Mendoza, es el proyecto de ley que le otorga a la Sala Plena de la Corte Suprema la potestad de presentar demandas de inconstitucional.
Sueldos, infraestructura y personal
Sobre la posibilidad de mejorar las remuneraciones en el Poder Judicial, expresó que es fundamental continuar el diálogo “firme y franco” con el Poder Ejecutivo para que esto se cumpla, pues traerá consecuencias positivas para el sistema de justicia.
Entre otras líneas de trabajo para su gestión, resaltó que se enfrentará la situación crítica de la infraestructura física del Poder Judicial, debido a que en la actualidad se cuenta con 1,325 locales, de los cuales el 75 por ciento son de propiedad de terceros o alquilados.
De igual forma, se fomentará la sistematización de la jurisprudencia y la expedición de una ley del servidor judicial, además de estudiarse un plan de mejoras para el personal en materia de salud y acceso a créditos de vivienda.
También en el bienio de su gestión se creará un programa de lenguaje claro aplicable en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia para comunicar de manera entendible, uniforme y motivada la información del Poder Judicial sin caer en “trampas lingüísticas” para el ciudadano.
Eficiencia en el servicio
Luego de señalar que su propuesta de gestión es por la eficiencia del servicio judicial, consideró que las reformas y mejoras de ese sistema deben se permanentes, sobre todo en lo que se refiere a la modernización de ese poder del Estado, la cual debe ser continuada a futuro.
Mendoza mencionó también que se ejercerá con especial énfasis la capacidad del Poder Judicial para proponer iniciativas legislativas que no solo se concentren en endurecer las penas y en que estas se cumplan, sino que garanticen una reinserción social efectiva y no solo verbal.
“La delincuencia y el sicariato ya no son síntomas que revelan un problema; son ya el problema mismo (…) Cuando escuchamos que la población clama justicia, en realidad lo que pide es más rigurosidad a los jueces”, manifestó el flamante titular del TC.
Independencia de la labor judicial
Acompañado del jefe del Estado, Ollanta Humala; y del titular del Congreso, Víctor Isla; Mendoza garantizó, además, la total independencia y defensa de la labor judicial en la institución como poder autónomo en el que sus jueces sean independientes y sometidos a ley.
En ese sentido, dijo que el Poder Judicial estará muy atento para rechazar con firmeza y autoridad todo aquello que pueda empañar la autonomía e imparcialidad de la labor de esa institución, pues refirió que ello produce un grave daño a la estabilidad del sistema democrático del país.
“Nuestro Poder Judicial ha sido puesto a prueba y no tiene otra opción que ser una institución moderna y estar a la altura del crecimiento y la bonanza económica. Nuestra medición tangible debe ser lograr la confianza ciudadana que solo se legitima con el trabajo bien hecho”, anotó.
Recordó que el Poder Judicial brinda un servicio tripartito a la ciudadanía, pues sanciona a quienes transgreden las normas de convivencia, resuelve los conflictos entre particulares y defiende los derechos fundamentales frente al aparato estatal, mediante el dictado de sentencias.
“Ahora la justicia ya no es un patíbulo y tiene un rostro humanizado (…) Emplearé mi experiencia y todas mis facultades para cumplir con esta tarea. Daré continuidad a los esfuerzos de quienes me precedieron en este honor”, aseveró desde la sede del Palacio de Justicia.
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