Según la investigación, denominada “Microcorrupción en la Policía Nacional del Perú. El caso de las coimas de tránsito en Lima Metropolitana”, cerca del 90% de investigaciones o procesos penales en trámite involucran a conductores de tránsito, quienes en similar porcentaje se ven involucrados en este ilícito por montos de 2 a 20 soles.

Más del 60% de casos involucran a conductores de transporte público (combis, taxis, colectivos, etc.).

Por el contrario, señala el documento, las denuncias contra efectivos policiales son escasas y sí las hay, generalmente prosperan por tratarse de actos descubiertos excepcionalmente en flagrancia, sea a través de operativos o filmaciones en video.

Esta desproporción entre particulares y policías procesados se traslada también a quienes ya cuentan con sentencia definitiva, donde el 96% de condenas corresponde a conductores infractores.

No obstante, estos últimos en ningún caso han merecido penas de prisión efectiva y los montos que les son impuestos por reparación civil no superan los S/. 500 en el 80% de casos, lo que genera dudas sobre los efectos disuasivos de la sanción penal aplicada en estos casos.

Aun cuando las últimas encuestas sobre percepción ciudadana ubican al Poder Judicial como la institución más desprestigiada del país, en cuanto a corrupción se refiere, el último estudio del Observatorio Anticorrupción de la Procuraduría Especializada reveló que los casos sobre la materia son pocos en ese poder del Estado.

De los 18,000 casos de corrupción a cargo de la Procuraduría, a nivel nacional, solo el 2.4% (542) corresponden al Poder Judicial. El estudio se refiere a todos aquellos casos en los que jueces, personal judicial e incluso particulares incurren en actos de corrupción en perjuicio de esta institución.

Según las cifras que arroja la investigación, son los particulares los mayoritariamente denunciados, siendo los procesos seguidos contra jueces tan sólo el 18.1% (82 casos) de este grupo de casos.

Son las diversas modalidades de cohecho (coimas) los tipos de delito más recurrentes entre jueces y auxiliares jurisdiccionales en general, señala la investigación de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.