Parte de esas acciones será optimizar los procedimientos y servicios administrativos, simplificando y digitalizando los trámites con barreras burocráticas y mejorar la eficiencia de la gestión pública, con una mejora en la ejecución y calidad del gasto.

Se plantearán, asimismo, reformas legales e institucionales para garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia y sancionar su incumplimiento, además de dictarse pautas claras para evitar los conflictos de interés, velar por el uso adecuado de los recursos públicos y cautelar la prohibición de recibir regalos.

Establece también la implementación efectiva del control interno en las entidades del Poder Ejecutivo, la difusión de la información contenida en el Registro Nacional de Sanciones de la destitución y despido de exservidores públicos, y consolida la información sobre los procesos administrativos disciplinarios.

Reconocimiento

Del mismo modo, se reconocerá a las entidades públicas con el mayor nivel de cumplimiento de las normas en materia de ética y prevención de la corrupción, se brindará acompañamiento técnico a procesos de contratación, se certificará a los encargados de las compras públicas y se establecerá una alianza con el sector privado y la sociedad civil para reducir los riesgos de corrupción.

Otras acciones de la estrategia serán implementar un instrumento de monitoreo de las normas de prevención de la corrupción; así como estandarizar los mecanismos para la recepción y el trámite de denuncias, y elaborar estadísticas sobre corrupción y su procesamiento judicial.

Por último, la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo plantea fortalecer el sistema de defensa judicial del Estado y la política de recuperación de activos y cobros de las reparaciones civiles a favor del Estado.

De acuerdo con el Decreto Supremo 046-2013-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción será la encargada de supervisar el cumplimiento de la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo.

La norma lleva la firma del Presidente de la República, Ollanta Humala; así como del titular del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y de la titular de Justicia, Eda Rivas.